Movimiento 15 de Agosto.

Nuestro país enfrenta el resultado del despojo de los fondos pensionarios de los trabajadores que el Estado transfirió en 1997 a los capitalistas banqueros, en su mayoría extranjeros y, que en 23 años, les ha permitido acumular 4 billones 200mil millones de pesos.

A partir de 2021 empezarán a retirarse algunos trabajadores que ingresaron al IMSS bajo la nueva Ley que entró en vigor en julio de 1997 y que puso como uno de los requisitos haber cotizado al Instituto 1250 semanas.

 

(…)

Compañer@s, Maestr@s debemos ocupar el lugar que históricamente nos corresponde, sobre todo, cuando hay que enfrentar la pandemia. Nuestr@s estudiantes, así como nuestras comunidades lo necesitan. En esta etapa de confinamiento, debemos generar propuestas y proponer actividades que representen un sostén en la situación en la que se encuentran, dar mayor importancia al aprendizaje crítico y a la reflexión colectiva que les permita comprender y enfrentar el momento actual (y futuro) en que viven, recuperando el papel que tienen las familias y las comunidades como educadoras, formadoras e inculcadoras de principios, hábitos, y valores, siempre tomando en cuenta que la casa no es la escuela y ésta no puede trasladarse a domicilio, ya que no cuenta con las características ni las condiciones para tal propósito y l@s familiares tienen responsabilidades que no les permite tiempo para la atención que los estudiantes requieren.

 

 

Sin amparo gubernamental y con los tribunales de justicia paralizados, trabajadoras mexicanas de los sectores laborales más precarios del país enfrentan despidos, abusos, explotación y hasta muerte por exposición al COVID-19.

Trabajadoras de limpieza, obreras de maquilas, jornaleras, personal médico y promotoras de internet, distribuidoras a doomicilio, son algunas de quienes enfrentan las peores condiciones de vida y de trabajo durante la pandemia por COVID-19, sin que el gobierno federal y su Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y los Tribunales de Justicia, protejan sus derechos.

Las trabajadoras afectadas no pueden hacer justiciables sus derechos laborales porque los Tribunales y Juntas especializadas permanecen cerradas, señalaron las abogadas Edith Ramírez, que preside la Secretaría de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y Angélica González Vega, integrante de la “Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres”.

Ambas coincidieron en que durante la pandemia se ha registrado una violación sistemática a los Derechos Humanos laborales mediante despidos injustificados, suspensión temporal del trabajo sin el salario y prestaciones y bajas ante el seguro social. Sin embargo, las mujeres insertas en trabajos informales, autoempleadas, las empleadas en condiciones mínimas de seguridad social o prestaciones, o trabajadoras de las maquilas, son las más afectadas.

Ellas criticaron que no existe una política en materia laboral y de programas sociales a favor de las mujeres durante la contingencia, lo que se traduce en un escenario “devastador” para las mujeres, pues la ausencia del empleo y protección a estos derechos sociales podría aumentar la violencia contra ellas y la presión de las jefas de familia para llevar el sustento a su hogar.

Frente a este escenario, las declaratorias de la STyP son insuficientes, pues los exhortos a los patrones para no disminuir el salario o despidos no funcionan si no se garantiza una adecuada supervisión y una sanción fuerte. Se requiere una política nacional con perspectiva de género en la que se atienda la situación laboral de las mujeres en sectores más precarios, y juntas especiales para revisar sus demandas laborales, dijeron.

La STyPS sólo ha habilitado un mecanismo digital de recolección de denuncias, lo que impide que las mujeres accedan de inmediato a la restitución de sus derechos laborales violados.

En otra entrevista, dos promotoras de internet de Totalplay, dijeron que fueron obligadas por sus jefes inmediatos a continuar trabajando bajo la amenaza de que se iban “a morir de hambre y no de coronavirus”. Ambas son jefas de familia, se les amenazó con no pagarles si no asistían a trabajar, pero no tienen medidas de protección. Quienes trabajan bajo outsourcing viven esa precareidad.

Otro caso es el sector de la maquila. Según el Inegi, emplea más del 50 por ciento en las líneas de producción a mujeres. En el norte del país, al menos 15 trabajadoras de maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del COVID-19, con base en reportes de prensa.

Abogadas y obrreras explican denuncian que maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, aglomeran a miles de personas en cada turno durante la pandemia.

En el caso de embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena y, en otros casos, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos.

Las trabajadoras del hogar, quienes reciben pagos al día que van de 30 hasta 200 pesos y muchas sin Seguridad Social, pidieron a la STyPS, el IMSS y la Secretaría de Bienestar un programa especial para atender las necesidades de alimentación y salud para ellas y sus familias durante la pandemia, pero nunca pasó.

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas también alertó que durante la pandemia la población jornalera es más vulnerable pues trabajan por día o temporada; migran a otras ciudades y campos; viven marginación y pobreza; no tienen seguridad social ni acceso a atención médica; y no están recibiendo información de sus empleadores para tomar medidas de precaución. Exigieron al gobierno federal un protocolo que los incluya en procesos migratorios; y brigadas informativas y preventivas de salud a domicilios y campos agrícolas, pero a la fecha, no existe.

En el caso de personal de salud, conformado 70 por ciento por mujeres, dos médicas (de las muchas personas de ese sector que han manifestado su descontento) denunciaron la falta de equipo especializado que les proteja de contagios, la falta de capacitación adecuada al personal y la ausencia de inspecciones a sus condiciones de trabajo.

El IMSS reportó que hasta el 10 de abril había 329 médicos y enfermeras contagiados de Covid-19, entre quienes ya se registran muertes, a ello se suman las agresiones contra el personal de salud .Cada día se presentan nuevos casos de ese tipo y las carencias de personal, equipo especializado y material de protección siguen siendo insuficientes o francamente precarios. Los líderes y delegados sindicales por lo general se esconden o protegen a sus recomendados.

Pese a esta realidad, toda la información publicada por la STyPS carece de perspectiva de género (y de resolutivos reales para enfrentar la irresponsabilidad de los patrones). La dependencia federal dijo que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleo en el país por el COVID-19. Cimacnoticias solicitó a comunicación social datos desagregados que permitan saber cuántas mujeres integran esa base de datos, pero no ha habido respuesta.

 

Edición propia con base en nota de Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimac Noticias.

 

Con esta coyuntura infecciosa imaginaria para las empresas prioritarias de este país, el ansia de ganancias está dando nuevas caras, se está viendo que la mercadotecnia de la burla no tiene límites, todo es posible para posicionar imagen y limpiar la sucia cara empresarial mexicana, darte a conocer como empresa o marca socialmente responsable y necesaria en los momentos más inoportunos y a costa de lo que sea y de quien sea.

 

No tienen ni tantita...Unos ofreciendo que ahora si el servicio que ofertan, lo harán con gran esmero, como si te hicieran un favor y los costos que te cobran no valieran. Otros en un comercial donde te informan su valor de continuar trabajando, todo por ti y que les puedes ir a comprar y así no mermar sus ganancias, claro sin expresar si sus trabajadores están siendo obligados a costa de su seguridad, ni si tienen un trabajo estable, con prestaciones, seguridad social, no, nada de eso.

 

Soy trabajadora en lo que antes se llamaba Instituto de la Senectud, hoy en día denominado INAPAM. Al comienzo del actual sexenio, me encontraba laborando prácticamente sin derechos laborales. No tenía vacaciones, no tenía contrato de trabajo (ni colectivo ni individual), me pagaban cuando querían, después de la fecha quincenal, lo que me obligaba a tener que conseguir dinero extra para poder satisfacer las necesidades más urgentes de mi familia, es decir el alimento diario para sobrevivir y para el transporte que usaba todas las mañanas y tardes para ir y venir del trabajo.

No tenía derecho a la seguridad social, incluyendo a la salud, si me enfermaba tenía que ir a trabajar enferma pues, además de la presión por conservar el trabajo, estaba a discreción de mi jefe inmediato la posibilidad de despido o la reducción de mi salario quincenal. No cotizaba ni tenía derecho a ninguna ventaja que tuvieran mis demás compañeros al servicio del Estado, en fin me explotaban a su gusto.

Con la llegada de la nueva administración algunas cosas mejoraron. Me aseguraron, junto con mi familia, al ISTTE lo que permitió la atención y cuidados mínimos en el renglón de la salud, y, lo más importante, me otorgaron mi nombramiento e inicio de mi proceso de basificaciòn. Además se regularizaron los días de pago (antes quedaban a la buena voluntad de la empresa privada que me contrató y prestaba servicio para la limpieza del edificio donde laboraba).

Nunca he estado sindicalizada. El sindicato del INAPAM no ayuda a los trabajadores solo beneficia a unos cuantos y a las autoridades. No compartimos los mismos intereses. Los trabajadores tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, a pesar de que existen algunos casos donde la autoridad ha beneficiado a unos cuantos empleados, cada uno de nosotros tenemos que aprender a negociar con las autoridades administrativas y sindicales, pues todos nos ven con el símbolo del dinero en nuestras frentes y nada más buscan beneficiarse ellos mismos. Con la crisis de salud de nuestro país, circularon muchas informaciones contradictorias en la radio y la televisión, que provocaron más dudas que aclaraciones de hechos, la más de ellas a favor o en contra de lo que hacía e hizo el Presidente López Obrador, sembrando dudas y cuestionamientos a lo que hacían las autoridades.

En lo que se refiere a nuestro caso, se reunió a todos los trabajadores administrativos y de servicios y se explicó lo que se había decidido hacer para detener los probables contagios, en particular porque trabajamos con adultos mayores, así como la necesidad de parar un mes las actividades laborales con goce de salarios para evitar la extensión de la epidemia. La medida fue bien aceptada y aprobada por todos los sectores del INAPAM. Sin embargo, las autoridades no fijaron ninguna fecha para el regreso a las actividades normales. No sabemos cuándo tendremos que regresar al trabajo y comenzamos a vivir una cierta zozobra en cuando a qué ocurrirá en el futuro, si regresaremos al trabajo o si es el primer paso para decirnos que nuestros servicios no son necesarios y quedemos en el desempleo, a pesar de que muchos de nosotros ya pasamos o estamos cerca de cumplir los cincuenta años de edad y sería muy difícil poder conseguir otro trabajo.

Por las condiciones que laboramos, poco me relacionó con otros trabajadores de mi ramo o de las oficinas donde desempeño mis tareas, cada quien ve para su santo, poca solidaridad existe entre nosotros, predominando las actividades e intereses individuales.

 

 

Un año más de conmemorar nuestra digna rabia, que, a pesar de las restricciones, el virus, su economía y lo que se les ocurra, no nos quedaremos callados, este momento que desnuda ya el desarrollo que tanto nos pregonaron, el progreso que tanto ensalzaron los políticos de este país.

La pandemia tuvo que demostrar y enseñar toda la verdadera y cruel problemática que viven hoy los trabajadores de cualquier índole, y de cualquier parte del mundo y que cabalmente partidos, ciertos sindicatos y ciertos empresarios fingieron demencia todo este tiempo como los administradores que han pasado por este inocente país, tanto los revolucionarios de las culpas como los de la docena trágica que tanto siguen pregonando sus avances y los otros...

No les bastó que en todos estos años hemos sido engañados, burlados, nos han “ofertado” (ofrecido en venta) con su cumulo de “estados de derecho”, como activo para empeñar, vender y comercializar nuestro territorio dejándonos en una precariedad social que nadie de estos espléndidos políticos asume como su responsabilidad y, en esta situación, aún se burlan algunos de las restricciones.

Hoy todos se jactan de dar recetas para paliar la crisis, criticar recomendar, todos los sectores que según mueven este país, como si sus antiguas aportaciones hubieran funcionado para darles un buen vivir a todos los ciudadanos, otra vez olvidando que solo han servido para enriquecerse más a costa de nuestra pasividad y falta de conciencia.

Los trabajadores exigimos un cambio radical al retornar a su “normalidad”, esa “normalidad” que tanto daño ha hecho, esa “normalidad” que se ha encargado de esconder el severo y continuo desmantelamiento de los pocos derechos laborales que aun salvamos y que solo han servido para esconder las porquerías del desarrollo neoliberal que han ocultado en todos estos años.

La “normalidad” debe de tener otra faceta, sus políticas que tanto pregonan tiene que dar a todos los trabajadores un nuevo comienzo d á n d o l e s u verdadero valor como ser humano.

Los trabajadores debemos comprender que el progreso que tanto nos restriegan, solo les sirve a ellos allá arriba y se tiene que detonar un actuar para voltear a ver otras opciones en colectividad, cooperando entre nosotros, o seguiremos hundidos en la esclavitud moderna.

Hoy no podremos salir a las calles a exigir nuestra justa demanda, pero podemos plantear desde otras trincheras que su “normalidad” no es la misma para todos y no debe continuar el gobierno sin escuchar a los trabajadores de este país.

 

LOC (Trabajador automotriz)

 

Boletín Jubilad@s en lucha, abril de 2020

 

La pandemia COVID-19 pone al descubierto el colapso de los sistemas de salud, desde antes de la contingencia en México, también en otros países, a causa de las políticas neoliberales impuestas por el sistema capitalista que ve a la salud como una mercancía, un negocio rentable.

Durante más de 30 años de desmantelamiento de los servicios médicos, los trabajadores de la salud hemos realizado muchas movilizaciones y denuncias a todos los niveles, sin embargo nos hemos enfrentado a la indiferencia de las autoridades en turno, en complicidad con las dirigencias sindicales corruptas, sin una respuesta favorable, en cambio hemos sido reprimidos con despidos, con la pérdida de derechos sindicales para quienes levantan la voz. La lucha ha sido y es por la defensa de derechos laborales legítimos, pero también por la Seguridad Social y el fortalecimiento integral del sistema de salud.

Se han realizado grandes movilizaciones e impulsado formas de organización por centro de trabajo, categoría y coordinaciones para defender las conquistas laborales, no solo de los trabajadores de la salud, sino de toda la clase trabajadora, a la que el Estado y el capital financiero despojaron de una pensión digna, al modificar el sistema pensionario con la creación de las AFORE en 1997. Envalentonada la patronal y el gobierno federal y con la complicidad del charrismo, dieron más golpes a los sectores de trabajadores que contaban con un sistema de jubilaciones en su contrato colectivo de trabajo, tales como os trabajadores del Seguro Social en 2004, los trabajadores del Estado en 2007 cuando se modificó la ley del ISSSTE, a los telefonistas, a los de CFE, etc.

En el caso de los trabajadores del Seguro Social, en la vía de los hechos no se cumple el contrato colectivo de trabajo en cuanto a: la contratación de personal (más de 80 mil plazas faltantes), no hay capacitación, no se dota al personal con material y equipo; la mayoría de los trabajadores ante las carencias compran su material para trabajar (baumanómetros, tijeras, termómetros, equipo para cirugías, hilo para suturas, computadora etc.). Imponiéndose esta realidad como una costumbre.

Tampoco mejoran las condiciones de trabajo del personal que está sometido a jornadas muy intensas y con mucho estrés, que va mermando su salud, agregando que las comisiones mixtas de seguridad e higuiene en el trabajo no han funcionado en años, y como consecuencia está en alto riesgo la vida y salud de los trabajadores. Además de los bajos salarios que no alcanzan para vivir, obligando a los trabajadores a trabajar más c o n g u a r d i a s ampliándose la jornada a 16 horas continuas, otros tienen otro empleo u algún pequeño negocio. Por lo tanto, hay un gran deterioro y precarización en los mismos trabajadores que ahora la pandemia los pone en la primera línea de combate y la enfrentan en desventaja en todos los sentidos.

Los sistemas de salud, están colapsados por este proceso continuo de desmantelamiento al no dar el presupuesto suficiente para que puedan funcionar brindando un servicio de salud, realmente de calidad y oportuno. Las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etc. no han sido prevenidas oportunamente, porque no se lo permiten las condiciones laborales de la población son de una explotación extrema de la fuerza de trabajo, mucho menos con el salario miserable que se les paga, mientras las instituciones no cuentan con los recursos suficientes ni programan un seguimiento a estas enfermedades para por lo menos a frenarlas, mucho menos para su prevención.

Estamos frente a una pandemia que ha colapsado los servicios de salud en otros países, que estaban mejor equipados que el nuestro, ¿qué va pasar en México? Esta es la gran preocupación que tienen en los trabajadores del Sector Salud y es por eso que han salido a las calles a manifestar y a decir a la población: “me comprometo a trabajar por el bien de tu salud en momentos muy difíciles, pero no tengo material; no hay cubre bocas, material que me permita no contagiarme, porque yo también tengo familia, y además no tengo la capacitación adecuada”. Y los directivos, la mayoría de escritorio no dan salida a toda esta inquietud y preocupación solo dicen que están por llegar los insumos. Es criminal que expongan a los trabajadores en estas condiciones de desabasto cuando los pacientes ya están llegado a los hospitales portadores del coronavirus y, ante la falta de pruebas, solo registran como “Neumonía” Atípica, eso es lo que están denunciando los trabajadores movilizados.

Las y los jubilados en lucha nos solidarizamos con su movimiento, el cual es totalmente legítimo y que también es el nuestro. La lucha no termina aquí: la pandemia puede pasar con su caudal de muertes y daños, pero después de la crisis no puede mantenerse un sistema de salud dominado por el capitalismo salvaje, el pueblo trabajador tiene que tomar la salud en sus manos.