Exigimos al gobierno federal y al gobierno de Baja California, la inmediata liberación de la compañera SILVIA RESÉNDIZ FLORES, madre de nuestro compañero LEÓN FIERRO de Mexicali Resiste, quien se encuentra privada de su libertad desde la 14:00 horas y había sido incomunicada.

 

A la detención de la compañera SILVIA RESÉNDIZ FLORES, se suma el que también se encuentran retenidos los propios hijos de LEÓN FIERRO, a quienes no se les ha brindado agua, ni alimentos.

 

Esto ocurrió en la zona de la Garita Vieja en Mexicali, lugar al que han convocado a movilizarse a las y los integrantes de Mexicali Resiste, acción que respaldamos y sobre la cual exigimos al gobierno federal y estatal que se abstengan de reprimir. Este hecho se suma a la serie de agravios que el Estado mexicano sigue propinando a las personas, organizaciones y colectivos que defienden el agua y en particular a Mexicali Resiste que mantiene una firme y legitima lucha por el vital líquido ante la instalación de una planta de la empresa Constellation Brands en Mexicali.

 

El 1 de julio al cierre de esta edición se logró la libertad de la compañera SILVIA RESENDIZ FLORES y de los hijos de nuestro compañero LEÓN FIERRO, Defender el agua es un derecho Texto tomado del/Colectivo Aequus. y actualizado por medios libres.

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Jubiladas(os) en Lucha, julio 2019

 

El pasado 9 junio, 55 médicos y un número indeterminado de enfermeras y trabajadores administrativos del programa IMSS-BIENESTAR en el estado de Veracruz, fueron despedidos luego de 17 años ininterrumpidos de laborar para ese programa y de haberles prometido la basificación. Denunciaron al diario el Universal, y pidieron omitir su nombre.

El 3 de junio se les informó que la modalidad de Unidades Médicas Urbanas (UMU) desaparece sin posibilidades de reubicación o de contratación, lo que implica el cierre de 16 módulos de atención UMU que se encuentran en los municipios veracruzanos de Orizaba, Rio Blanco, Ciudad Mendoza, Ixtacxoquitlán y Córdoba, y lamentaron dejar a la población sin servicio médico.

El personal despedido se manifestó en Palacio Nacional el pasado 10 de junio y entregaron oficio a la presidencia con estas peticiones: “Lic. Andrés Manuel López Obrador, solicitamos por favor nos ayude a regularizar nuestra situación laboral, somos médicos y enfermeras de Unidades Médicas Urbanas IMSS-BIENESTAR, por contrato sin goce de prestaciones ni seguridad social” Comentan los médicos: cómo es posible que dejen a la población sin atención médica y a nuestras familias sin sustento. Las autoridades solo nos dicen que ya no hay recursos para operar estas clínicas y ya.

En total son 300 clínicas las que cerraron a partir del 16 de junio en 18 estados, en algunos lugares no dieron explicaciones. Médicos y enfermeras del Edo. Mex., Hidalgo, Michoacán y Campeche, denunciaron que se les deben dos o más meses de salario y que, para pagarles, les condicionaron hacer inventario de los insumos de cada clínica. Otra enfermera denuncia: “No tenemos seguridad social, estamos contratados por honorarios, no generamos antigüedad y muchas veces se retrasaron los pagos, pero eso no importó y ahora nos corren sin liquidación, no hay oportunidad de reubicarnos y lo peor es que la gente que venía para control de diabetes e hipertensión, o para dar seguimiento a su embarazo se quedó sin servicios”. Testimonio de Tania Rincón, enfermera que trabajo en UMU Ocotal 2 de la alcaldía Magdalena Contreras.

Por el contrario, el pasado 25 de mayo se festejaron 40 años del programa IMSS-BIENESTAR, el director del IMSS, Zoe Robledo habló de “las bondades del programa”:

“Es un programa del Seguro Social que nació en 1979, a través de un convenio con la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (COPLAMAR), IMSS-COPLAMAR fue su nombre inicial, posteriormente IMSS-OPORTUNIDADES, IMSS PROSPERA y ahora IMSS- BIENESTAR, el 20 de mayo cumplió 40 años. En la actualidad atiende 30 millones de población, con 26 mil trabajadores; médicos, enfermeras, paramédicos y administrativos en 19 estados del país.

Cuenta con 4 mil, 086 unidades médicas, de éstas, 80 son hospitales rurales de segundo nivel, 3mil 618 Unidades Médicas rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas, 143 Unidades Médicas Móviles, 46 Centros de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas de salud. También, cuenta con 70 albergues comunitarios y organiza brigadas médicas de tercer nivel de atención. Información IMSS.”

Sin embargo, en entrevista a Zoe Robledo, el pasado 18 de junio, tras las denuncias del despido de más de 300 trabajadores en todo el país por el cierre de las UMU, comentó: “No hay afectación para la población hay suficiente infraestructura de atención a la Salud, además se cuenta con el Seguro Popular” y en cuanto a los trabajadores que fueron despedidos, dice que estaban contratados por honorarios y estaba por vencer su contrato. Esta declaración comprueba que los funcionarios del nuevo gobierno no tienen ni la menor idea de lo avanzado que está el desmantelamiento de la Seguridad Social y de la Salud y de la política de Cero Crecimiento que se aplica desde los 90 y que abandona a la continuidad del modelo neoliberal que pretendían desmantelar para privatizar como fue el caso de las grandes privatizaciones de servicios de la época de Daniel Karam Toumeh.

La política de austeridad en el sector salud, abona para continuar con la desaparición de infraestructura al cerrar este programa: ¿y lo construido cómo queda? ¿Acaso no saben de la saturación de clínicas y hospitales? ¿Acaso han entrado al servicio de urgencias donde los pacientes están en el piso porque no hay camas ni sillas? ¿Acaso saben que las citas con los especialistas están con un diferimiento de hasta 6 meses como es el caso de Ortopedia, etc.?

A corto y mediano plazo no se ve solución. Por eso trabajadores y derechohabientes debemos estar alerta para que no desaparezcan programas, servicios y mucho menos permitir el despido de trabajadores. ¡Lo que no hagamos los trabajadores nadie lo hará!

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Era predecible desde el día en que se aprobó la nueva reforma educativa que abroga varios aspectos de la que con sentido punitivo en contra de los trabajadores de la educación impuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, que las exigencias no satisfechas para el magisterio democrático y defendidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se enviarían a tratarse en la formulación de las leyes secundarias que reglamenten la reforma constitucional.

 

El gobierno y su alianza inédita con todos los partidos reformó la Ley sin sacar del 3o. constitucional los aspectos laborales de admisión, promoción y reconocimiento. Tampoco se resolvió sobre la continuación del inútil Instituto que maquilla al INEE.

 

Prometió el presidente reinstalar a los cesados por causa de la reforma punitiva el 12 de junio y la basificación de los profesores de educación básica, pero falta definir cómo. Nada se dice acerca del problema de la desaparición de las asignaturas de tecnologías en secundarias generales y técnicas. Además de no atender la necesidad y exigencia de incluir la Educación Especial.

 

Pero el lunes 27 de mayo, la Comisión Única de Negoción de la CNTE al entrevistarse con el presidente gritó en coro festivo y triunfal rodeando a un sonriente Andrés Manuel el victorioso ¡Ya cayo! ¡La reforma ya cayó!

 

 

¿Pero es cierto que “cayó”?

 

Al respecto, en las bases magisteriales hay debate y dudas sobre lo planteado por el gobierno a la Comisión que acudió a Palacio Nacional. Además de estar alerta para resolver urgencias como la reinstalación de cesados, el pago de salarios y otras como la libertad inmediata de los presos del movimiento magisterial y popular.

 

Al respecto presentamos el comentario escrito por el Dr. en Pedagogía Critica Lev Moujahid Velázquez Barriga: La lucha magisterial tras la reunión y acuerdos de la CNTE con AMLO.

 

• Yo creo que la reunión de ayer (lunes 27 de mayo 2019) tiene mensajes encontrados y complicados para el magisterio, porque unas consignas dicen que la reforma ya se abrogó, la reforma ya cayó. ¡Esto no es cierto!

 

• La reforma de la 4T es una matriz impuesta por la OCDE y organismos internacionales, es una continuidad y profundiza la reforma de Peña Nieto, que golpea los salarios y derechos de los maestros; refuerza evaluaciones estandarizadas como mecanismos de privatización para sujetar el modelo educativo a sistemas de medición en los que no tengan creatividad, en que no se tengan libertad.

 

• La propuesta pedagógica de la nueva reforma es para fortalecer habilidades empresariales flexibles, no conocimientos, para adaptar a las nuevas generaciones a la flexibilidad de explotación laboral para moverlos a distintos trabajos.

 

¿Cómo asegurar que la Comisión Única, no la haga únicamente de coro?

 

No obstante, lo logrado es resultado de la resistencia y la movilización de las bases magisteriales y de algunas comunidades. Desmovilizarse traería un retraso de la lucha nacional del magisterio. Ojalá se construya desde abajo y en la lucha un modelo y una práctica educativa y sindical antisistémicas.

 

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El día 23 de mayo, en Chilapa, Guerrero, fueron “levantados” Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, ambos integrantes de la Policía Comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el primero de ellos comandante, promotores del CIPOG–EZ y miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron encontrados sin vida y descuartizados el día de ayer 24 de mayo.

 

Este crimen se sumó al reciente asesinato de los compañeros Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, extendiendo la política de terror que los grupos narco paramilitares, en acuerdo con el mal gobierno en contra de los miembros del CIPOG-EZ y todos los territorios indígenas de México. El perpetrador reconocido de estos crímenes por las comunidades y por algunos retenidos por la policía comunitaria (que eran halcones y pistoleros) fue el Grupo Paz y Justicia, ligado al grupo de los Ardillos, quien cuenta con la complicidad del Ejército Federal y el gobierno estatal.

 

La acción con esta expresión de terror contra miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), contra las poblaciones de la región y contra el CIPOG-EZ se acumulan decenas de casos de personas ejecutadas, desaparecidas y secuestradas, además de la continua extorsión que grupos como los llamados Ardillos, o los Rojos realizan en esa región guerrerense de la Montaña.

 

Estos hechos son parte de un extenso plan contra los pueblos originarios, comunidades barrios y organizaciones sociales que han decidido darse la seguridad y la impartición de justicia frente a las amenazas y actos criminales no sólo de delincuentes, narcos y funcionarios, sino de la variada forma de aparecer de las empresas con sus megaproyectos mineros, de presas para hidroeléctricas, de fraccionamientos turísticos, de pistas y aeropuertos, y un largo etcétera, que en Guerrero incluye el narco negocio capitalista de la siembra, transformación y trasiego de mariguana, amapola y otras drogas de amplia demanda, principalmente en los Estados Unidos.

 

Las poblaciones que no se someten a esos negocios, las personas que quieren vivir en tranquilidad, pero también las que han sido forzadas a emplearse o usar sus tierras para algunos de esos negocios ajenos, son acosadas, extorsionadas y si no las someten se les combate con el caudal de armas que los paramilitares y las fuerzas del gobierno han adquirido para proteger a empresas y criminales.

 

Porque se ha mostrado desde hace 25 años que las comunidades pueden organizarse para darse la defensa inmediata y la justicia interna de sus comunidades, es necesaria y legitima la existencia de las policías, guardias y rondas comunitarias creadas por asambleas para servir voluntariamente como una forma más de autogobierno, de solución propia de sus problemas, como también lo hacen en la salud, la educación, la producción colectiva, la comunicación e incluso en los cambios profundos que requiere superar las formas patriarcales y violentas de vida.

Ante esos esfuerzos ejemplares, la Crac- PC y la Crac -Fundadores, a pesar de sus diferencias y formas de liderazgo, son fuerzas que el poder quiere eliminar. Lo ha intentado por medios violentos, pero también busca negarles la legalidad desde la cual se constituyen como parte de los derechos a la autonomía de los pueblos originarios, en el caso de Guerrero y con la complicidad de los partidos, anulando la Ley 701. A la vez, así como los paramilitares han antecedido los negocios capitalistas que saquean los territorios, ahora se anuncia la instalación de unidades y coordinaciones de la Guardia Nacional para dar el paso a la militarización que los pueblos guerrerenses han repudiado y combatido ante las masacres, violaciones, desapariciones que han sufrido en su historia.

 

Los grupos comunitarios que realizan su autodefensa al servicio de sus pueblos y no de líderes o empresarios necesitan de la solidaridad en la acción para erradicar el paramilitarismo y sus mandos narco-militares, empresariales y gubernamentales.

 

No es un choque armado y desventajoso, es la organización de una conciencia para la defensa integral y común de los territorios y la vida.

 

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