A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
AL PUEBLO DE MICHOACÁN.
AL ESTADO MEXICANO.


Comunidades p"urhépecha, a 30 de diciembre del 2020.
Keri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán +CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, manifestamos conjuntamente lo siguiente:.
La comunidad p'urhépecha de Sevina es una comunidad originaria asentada en la región desde tiempos prehispánicos, donde los antiguos p'urhépecha fundaron un poderoso Señorio. Durante la colonia, por dos siglos fue el centro político y religioso de una gran parte de la Meseta. En tiempos recientes, es una comunidad que ha logrado su libre autodeterminación, autonomía y autogobierno.
Hoy en 11 meses de autonomía han logrado conformar su plan de desarrollo comunitario, recuperar su defensa comunal Juchári K uajpiricha (Nuestros Defensores), realizar anualmente cinco veces más obra pública que cualquier ayuntamiento, institucionalizar un fondo de ayuda comunal y luchar por la expulsión de los partidos políticos. Desde aquí felicitamos fraternalmente al Concejo de Gobierno Comunal y ala Comunidad originaria de Sevina que ha emprendido esta enorme tarea. Su caminar es un ejemplo de resistencia, dignidad y lucha.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Nahuatzen continúa intentando contrarrestar el trabajo de autonomía de la comunidad y pretende nuevamente imponer Jefes de Tenencia a modo, violando los derechos colectivos de la comunidad y transgrediendo los resolutivos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quienes han reconocido el derecho a la autonomía de la comunidad.
Al Ayuntamiento de Nahuatzen le exigimos de manera categórica y enérgica que respete la autonomía de Sevina y deje de intentar de imponer Jefes de Tenencia a través del engaño, la manipulación y la corrupción, entiendan de una vez por todas que la comunidad de Sevina ha dicho basta y continuará con paso firme en su proceso de autogobierno.

¡Viva Juchári Uinápekua!.

TERUNHASKUA K” OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS K“ERI KUNKORHEKUA IRETECHERI

Segunda declaración de resistencia de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-FCIG.
Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020,
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indigena CNI.
Al concejo Indígena de Gobierno CIG.
A los pueblos de Guerrero, México y el mundo.
En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro territorio quedaba cerrado para evitar una serie de masacres, ante el terror que siembra el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” y ante la ausencia del Estado mexicano, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después de un año del cerco narco-paramilitar que no ha sofocado hasta el límite, decidimos romperlo el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan “Los Ardillos” como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos.

 

Existen distintos tipos de violencia, cada una con sus objetivos, características, funcionamiento y actores involucrados. Para definir qué es la violencia sociopolítica es necesario referirnos a dos sistemas jurídicos diferenciados. Por una parte, se halla aquél que regula las relaciones sociales entre la particulares, establece sus derechos y señala las sanciones y procedimientos a seguir cuando se transgreden las leyes, es decir, cuando se comete algún delito. Por otra parte, encontramos el sistema internacional de los derechos humanos, los cuales son inherentes a la persona misma, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad o a la dignidad, entre otros. Este sistema regula las relaciones entre Estados, así como la que tiene un Estado con su propia población. El Estado habrá de garantizar el ejercicio de los derechos humanos bajo cualquier circunstancia.

Es así que, mientras que los derechos y leyes del primer sistema son violados por particulares, los del segundo son violados sólo por el Estado (por acción, omisión o aquiescencia), quien se convierte entonces en juez y parte. Esta paradoja dificulta el cabal respeto de los derechos humanos, que fueron creados precisamente para limitar el poder del Estado y su monopolio de la fuerza, ejercida sobre todo a través de sus corporaciones policiales, militares y penitenciarias.

La violencia sociopolítica incluye a aquella que ejerce directamente el Estado al sobrepasar el uso legítimo de la fuerza –es decir, la violencia de Estado– pero también a aquella ejercida por actores no estatales (grupos armados paramilitares, crimen organizado, cuerpos de seguridad privados contratados por empresas, guardias blancas, escuadrones de la muerte, etc.) que sirven a grupos de poder a nivel estructural y económico, cuyo objetivo es el control de la población para proteger o imponer intereses políticos, económicos o ideológicos. En ambos casos, es importante no perder de vista la responsabilidad que tiene el Estado, pues está obligado a garantizar la seguridad de la población. Estos actores pueden accionar de manera conjunta o separada, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿cuál de ellos está cobrando actualmente mayor poder?, ¿se trata de una estrategia de delegación de la violencia del Estado hacia otros actores?, ¿a qué objetivos responden las nuevas configuraciones del poder?, ¿qué consecuencias a futuro traerá esto?

(Fragmento de: Claves hacia el acompañamiento psicoocial, Cuadernillo 1)

Por Alianza Biodiversidad

 

La pandemia y la respuesta del poder

Desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria no sólo no mantuvieron cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas. Aprovechando la fragilidad provocada por la pandemia, el capitalismo busca reacomodarse o evolucionar pero manteniendo sus mismos viejos hábitos que le sirven para seguirse perpetuando: obtener ganancias, privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión.

Este documento, colectivo, es una miradita de lo que recorre las venas abiertas de América Latina. Y lo anotado no agota lo que está ocurriendo.

Los ajustes en las políticas públicas, reformas constitucionales, leyes y normativas son promovidos a ultranza.

Crece el saqueo territorial. Las actividades agroindustriales, la minería, la extracción petrolera y de todas las fuentes de energía y agua fueron exceptuadas de la cuarentena por considerarse “actividades esenciales”. Esto acelera el saqueo al agilizar concesiones y licencias y manifestaciones de impacto ambiental.

Aumenta la represión. Cuerpos policiacos, guardias nacionales y ejército salen a las calles, llegan a comunidades y aulas. La violencia contra las mujeres se intensifica hasta límites nunca vistos, crecen los asesinatos contra quienes defienden derechos humanos, territorios y el ambiente, o están contra megaproyectos y crimen organizado.

Las fronteras del asedio son los sitios donde las comunidades rurales sufren los embates y el acorralamiento de corredores industriales, megaproyectos, extractivismo o plantaciones, vulnerando sus filtros sanitarios por el cinturón de servicios, corrupción y giros negros. Las comunidades terminan profundamente dañadas por la pandemia.

También se promueve la agricultura industrial. Obedeciendo los TLC, los gobiernos marginan la producción independiente y campesina, y alegan normas de higiene inalcanzables y absurdas.

Cunden las tecnologías digitales, informáticas, satelitales e inalámbricas, automatizando procesos productivos y comunicativos. La imposición tecnológica obliga a la reconversión digital para el rastreo de rutas de contagio y acceder a la “protección” de los servicios de salud, del seguro de desempleo, de los créditos para micro-negocios, o para no perder las tierras.

El desmantelamiento de servicios públicos resulta en colapsos de las redes hospitalarias y en los sistemas de atención a la salud. Se imponen restricciones al comercio local, a mercaditos, tienditas o puestos callejeros privilegiando los supermercados “sanitizados”. La falta de equipos de protección a trabajadores esenciales, la ausencia de seguridad para la población, evidencian el adelgazamiento de los presupuestos destinados al bienestar general.

Crece el menosprecio por los esfuerzos independientes. Pese al surgimiento en campo y ciudad de redes de mutualidad y organización comunitaria, abasto y cuidados, que son independientes y están salvando vidas sin exigir nada a cambio, las autoridades e instituciones no hacen esfuerzos por entablar comunicación o coordinar colaboraciones que enfrenten los desastres a la salud y a las economías familiares, locales y nacionales. Lejos de reconocer la gestión autónoma, autoridades, instituciones, líderes de opinión, medios masivos, insisten en enfatizar actitudes de irresponsabilidad y negligencia de “la sociedad”.

*Fragmento de la introducción al Taller por la Defensa de los Territorios DEAS-INAH, en el marco de la Presentación del Informe de Alianza Biodiversidad sobre la respuesta sistémica durante la pandemia en América Latina: Ganancias, privilegios, control y represión. Se efectuó el 20 de noviembre de 2020.

 

Por Carlos Del Frade(APe) 01 Octubre 2020

La Argentina era del país donde las únicas y los únicos privilegiados eran las niñas y los niños. El permanente reciclaje de la traición del sueño colectivo inconcluso de la revolución de mayo de sentar en el trono de la vida cotidiana a la noble igualdad, producirá a fines de 2020, el año de la pandemia, que ocho millones trecientos mil pibes y pibas sean pobres.

La innoble desigualdad, hija directa de la concentración de riquezas en pocas manos, responsabilidad de políticas cobardes que no quieren “descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos funcionan como el agua estancada pudriendo” los demás sectores sociales, como diría Mariano Moreno, el primer desaparecido a la historia, genera postales de chicas y chicos violentados e inmolados ante el indiferente y perverso dios dinero.

La muerte de Quino, justamente en el día en que se conocieron los nuevos datos de la apabullante pobreza e indigencia del primer semestre del año del covid, parece ser la metáfora adecuada para revelar y presentar el presente de las niñas y los niños en lo que queda de la Argentina.

 

18 noviembre, 2020. En una reunión informativa llevada a cabo en la explanada principal del municipio San Miguel Chimalapa Oaxaca convocada por el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, mAanifestaron que es mentira que se haya cancelado el proyecto minero “Santa Martha” ubicado sobre tierras comunales de San Miguel Chimalapas y el ejido de Santo Domingo Zanatepec. Lamentaron que todo haya sido una mentira, porque SEMARNAT no ha hecho público el resolutivo en su Gaceta Ecológica, y recalcaron que la oposición a este proyecto y a otros más sí es vigente, y no permitirán que la minería se apiade de su territorio porque significa la violación a sus derechos humanos y territoriales.

En un comunicado explicaron que en la reunión también participaron autoridades municipales y ciudadanos zoques quienes escucharon de voz de las autoridades agrarias y municipales que la reunión sostenida la semana pasada con integrantes del gobierno federal, entre ellos la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores y el director del INPI, Adelfo Regino Montes.

Aclararon que después de lo difundido en redes sociales y en diversos medios de comunicación sobre la supuesta cancelación del proyecto minero, desearían fuera real, pero se continúa la lucha por la tierra y el territorio. Precisaron que la reunión sostenida el día 11 de noviembre de 2020 en las oficinas de la SEMARNAT en la Ciudad de México con las autoridades antes mencionadas, no tuvo un carácter resolutivo.

 

Ya muchos sectores de la población incluyendo académicos, investigadores, organizaciones sociales, organizaciones magisteriales y principalmente profesores han alzado la voz, para denunciar y expresar su rechazo a los modelos de la educación llamada en línea, virtual o híbrida, aplicados a la educación básica producto de la pandemia por el virus Sars-Cov 2 que sacó de la escuela a más de 150 millones de niños y niñas en América Latina y a más de 25 millones en México, donde este modelo es llamado “aprende en casa”. Los argumentos en contra de tal modelo han sido vastos y desde muchas aristas. Por mencionar algunos, se encuentran: