Por: Wyatt Reed 1 diciembre 2019

 

La brutal junta militar que le arrebató el poder al presidente boliviano democráticamente electo, Evo Morales, reprime violentamente la sublevación de la clase trabajadora y los indígenas, y el país cae bajo su control.

Soldados con uniforme militar merodean por las calles e imponen una serie de controles viales alrededor de la sede de gobierno. Cualquiera que ahora sea considerado contrario al statu quo se expone a ser arrestado por cargos de sedición o terrorismo. Periodistas disidentes y simpatizantes de Morales se han visto obligados a esconderse y salen de sus hogares solo cuando es necesario.

Es una dictadura fascista, no hay forma de ocultarlo”, dice Federico Koba, un periodista de izquierda que pidió no usar su nombre real por temor a ser arrestado. “Hay agentes paramilitares que recorren la ciudad tomando fotos e identificando quién es un líder, quién graba las protestas, quién registra la represión”.

Desde que el país fue tomado por las élites terratenientes de extrema derecha, todos los bolivianos de izquierda con un perfil público comenzaron a sentir la coacción.

Días después del golpe que envió a Morales al exilio, los residentes de la ciudad en su mayoría indígena y de clase trabajadora de El Alto, rodearon la planta de gas llamada Senkata, cortándole su principal fuente de gas a la cercana capital boliviana de La Paz. En respuesta, las fuerzas militares y policiales que habían conspirado con paramilitares fascistas para forzar a Morales a dejar el cargo, desataron una brutal ola de violencia contra los manifestantes en gran medida desarmados.

Los “terroristas”, como la junta militar y la prensa bolivianas han denominado a las patrullas auto organizadas y mayoritariamente desarmadas de jóvenes y madres indígenas, fueron decididamente menos violentos de lo que cabría esperar. En lugar de las armas y la dinamita que los bolivianos que apoyaron el golpe de estado insisten que tienen en su poder, solo vi teléfonos celulares y polleras, los vestidos tradicionales que usan muchas de las mujeres indígenas de Bolivia.

Pero eso sirvió de poco para evitar que fueran acribillados en el curso de varias horas. Si bien la cifra oficial de muertos por la masacre de Senkata de momento es nueve, una procesión interminable de familiares de las víctimas le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que el número real era ciertamente más alto: hasta veinticinco muertes.

Sus desgarradores testimonios pintaron una imagen de soldados desquiciados disparando al azar desde helicópteros y puestos de francotiradores. Las madres sollozaban mientras mostraban fotos de sus hijos. Muchos habían sido abatidos a tiros cuando iban o venían del trabajo; muchos simplemente habían desaparecido. Una semana después, sus familias suponen que fueron asesinados por soldados y ocultaron los cuerpos para reducir el número oficial de víctimas.

Pero la junta militar discrepa. El ministro del Interior Arturo Murillo ha insistido que “no se disparó un sólo tiro”.

Eso repitió el doctor en jefe del Centro de Trauma Hospital Corazón de Jesús. Me permitió entrar a la clínica solo después de que cinco enfermeras habían limpiado las pozas de sangre del suelo. El doctor insistió en que solo dos de las víctimas son confirmadas como víctimas de disparos, y que sus heridas eran consistentes con un arma calibre .22, “armas no militares”.

Cómo alguien sin entrenamiento como patólogo forense podría llegar a tal conclusión es desconcertante, pero hoy en Bolivia cualquier profesional médico que contradiga la narrativa oficial corre el riesgo de ser criminalizado. Después de que un video de un profesional médico llorando en Senkata y denunciando cómo la horrorosa violencia se volvió viral, éste fue arrestado pues el régimen boliviano lo acusó de ser un“doctor falso”.

 

Un laboratorio para la guerra informativa

Como explicó “Koba”, “están tratando de reprimir no solo a los manifestantes que marchan, sino a cualquiera que diga algo diferente de lo que el gobierno dice que está sucediendo. Reprimen al medio de comunicación que intente mostrar la represión y los asesinatos, las muertes, y mostrar la evidencia, las protestas y las marchas. Todo lo que está en contra del golpe está siendo reprimido y está siendo atacado”.

Muchos medios de comunicación pequeños y medianos han sido cerrados o se han visto obligados a no mostrar lo que sucede, y a otros se les ha pagado para mostrar lo que les dicen.”.

La policía lanzó gas lacrimógeno a la cara a una reportera de Al-Jazeera que desde la Plaza Murillo en La Paz intentaba envia su informe.Y Telesur, uno de los canales de noticias que da voz a los opositores del gobierno golpista, sufrió la expulsión de corresponsales del país por acusaciones de “sedición” antes que la estación fuera retirada del aire el 21 de noviembre.

El director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo, un aliado de Morales, fue encadenado a un árbol mientras los paramilitares sacaban al personal de su oficina.

Los medios de comunicación bolivianos ahora se enfrentan a una elección: o aceptas un soborno o tu vida se volverá extremadamente difícil. “Los medios tradicionales solo muestran lo que no pueden ocultar. Pero niegan la evidencia. Dicen que fueron montajes, que los cocaleros y las personas de El Alto se están matando.Todo está al revés”. “¡Dicen que somos los fascistas! Dicen que somos los violentos, que somos los terroristas. Dicen que nosotros somos los que llevamos a cabo el golpe hace mucho tiempo con este presunto fraude, este supuesto fraude”.

Los demagogos de extrema derecha han consolidado el control y, como dice Koba, “trataron de poner todo al revés para que el “fraude electoral” fuera un golpe de estado, y el golpe fuera un retorno a la democracia; las fuerzas paramilitares son fuerzas pacificadoras; los fascistas son los demócratas”.

En el 2008, “intentaron dar un golpe aquí, y no tuvieron éxito, pero aprendieron de sus errores. Éste ha sido un laboratorio para usar todas sus armas: la posverdad, los paramilitares, los movimientos civiles financiados por ONGs, y organizaciones fascistas extranjeras.Lo único que tenemos a nuestro favor, que la comunidad internacional ha visto la represión, todas las violaciones a los derechos humanos”.

(Extracto de artículo en The Gray Zone)