x Adrián Sotelo Valencia /La Haine

(Publicamos un extracto de este oportuno artículo cuando nadie para Donald Trump en sus insultos a mexicanos y cenroamericanos y afirma que “ha usado a México” para sus intereses racistas y anti-inmigrantes, agradeciendo a los presidentes de México, Guatemala y El Salvador su disposición a seguir la político de “tercer país seguro”, traspatio del imperialismo gringo).

Tras calificar de “exitosa” la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con autoridades de EEUU el 10 de septiembre al vencier el plazo de 90 días impuesto por Trump a México para frenar la migración, el presidente López Obrador dijo estar satisfecho de que ya no se volvió a insistir en el tema de la imposición de aranceles que motivó la puesta en marcha de una serie de medidas para “amortiguar” los flujos migratorios por parte del gobierno mexicano. Al respecto el magnate de la Casa Blanca con su tono arrogante y supremacista declaró: “Si impusiera sólo 5% de aranceles a México, eso pagaría el muro, pero no quiero hacerlo porque México ha sido fantástico” (18 de septiembre de 2019).

De ninguna manera se puede confiar en el régimen imperialista de Donald Trump y mucho menos en la turbulenta coyuntura electoral en que está comprometida la reelección del mandatario neoyorkino el año entrante. Por lo que su política anti-inmigrante, con el objeto de ganar adeptos, sigue su curso y se profundizará debido a que desde su campaña que lo llevó a la “presidencia imperial”, Trump erigió la lucha contra la inmigración ilegal y la construcción de un muro fronterizo como ejes de su campaña. En el mismo sentido se inscribe la reciente expulsión de dos diplomáticos cubanos de la ONU con el objeto de satisfacer intereses de la llamada “comunidad cubana en el exilio” de la Florida y ganar su adhesión electoral.

Una vez impuesto el status de “tercer país seguro” a Guatemala, y México convertido en una especie de “campo de refugiados” —como lo atestiguan los de haitianos (y africanos) retenidos en Tapachula— para los inmigrantes y deportados por EEUU con el slogan: “quédate en México” y bajo la custodia de la Guardia Nacional, el gobierno norteamericano ha anunciado nuevas medidas de su política (anti) migratoria.

Además de las derivadas de la condición de tercer país seguro, figuran la aprobada por la Suprema Corte de EEUU, aunque de manera temporal, que posibilita la solicitud de asilo sólo a aquellos que previamente la hayan tramitado ya sea en México o en Centroamérica. Las solicitudes de todos los que no cumplan con esta disposición automáticamente serán rechazadas. Esta realidad, de por sí perversa, se vuelve trágica para miles y miles de personas que se encuentren en esta situación y que tienen que esperar los largos turnos para ser atendidos por las autoridades migratorias estadunidenses.

Porque, como afirma el centro independiente: Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, véase: https://trac.syr.edu/whatsnew/ email.190918.html ) de la Universidad de Syracuse, las cortes de inmigración en EEUU tienen un enorme rezago de solicitudes que esperan decisión en las cortes de inmigración: en el mes de agosto sobrepasó el millón de solicitudes, a las que se agregan 322,535 casos adicionales que están pendientes, pero que no se han colocado en la lista de casos activos, así la “cartera de pedidos” supera el millón 300 mil que corresponden a las cortes de inmigración de los estados de Alabama, Carolina del Sur, Arkansas y Vermont.

El gobierno de Trump anunció, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés), una “nueva norma” que establece: “...aquellos inmigrantes legales que se puedan convertir en una ‘carga pública’ — (¿?) — no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente” (la famosa greencard), como tampoco la “ciudadanía estadounidense”.

Esta regulación se basa en la tesis de que “los extranjeros que quieran residir en EEUU deberán de ser capaces de mantenerse por sí mismos sin los subsidios que otorga el Estado (como los food stamps, las ayudas para el pago del alquiler de habitación o bien el seguro del medicare). Cualquier persona, incluso con status de permanencia legal en ese país, pero que reciba “ayuda pública”, será objeto de deportación sin importar si tiene familia o hijos menores. Esta medida afecta principalmente a quienes viven por debajo del umbral de la pobreza y que cada vez más abultan las precarizadas ciudades norteamericanas que las estadísticas oficiales se afanan en ocultar.

Es de esperar que se expidan nuevas normas o leyes para frenar la inmigración y la permanencia legal o ilegal interna, así como un incremento de las presiones de Washington contra los países expulsores de fuerza de trabajo. Es el caso del reciente acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y EEUU en temas de seguridad y migración que, entre otros asuntos, permitiría “devolver a El Salvador a quienes soliciten asilo en EEUU.” Aunque el gobierno salvadoreño negó que se tratara de un acuerdo que convierte al país en “tercer país seguro”, en los hechos asume estas funciones en la lógica de los intereses geo- políticos y estratégicos de EEUU en la región.

De esta forma, el imperio del norte va imponiendo su Jaula de Hierro en la férrea lógica de la “Doctrina Monroe” que concibe a América Latina y el Caribe como su “patio trasero”.