Los migrantes, en búsqueda de una vida digna en Estados Unidos, son presa de la furiosa política anti inmigratoria de Trump, que le genera ganancias millonarias, a costa del arresto y envío a los centros de detención para migrantes.

El Servicio de inmigración y control (ICE por sus siglas en inglés) se encarga del arresto de los migrantes que son enviados a los centros de detención, administrados por las compañías privadas, GEO Group y Corevic. Estas empresas han sido favorecidas con más de 200 centros de detención que les han representado 300 mil millones de dólares durante este gobierno. Cada migrante detenido, representa entre 140 y 180 dólares. El dinero que reciben estas empresas es un negocio redondo.

Dentro de estos centros, les detenides, quienes son hombres, mujeres y niñes, son maltratados porque para comer, se ven obligados a trabajar en la limpieza de áreas comunes, en la preparación de alimentos, lavandería y pinta de paredes entre otras actividades. Las labores de 6 a 8 horas al día, le ahorran a las compañías el gasto de personal en estas áreas. El pago por la jornada es sólo de UN DÓLAR, dinero que les detenides emplean en comida chatarra, que el mismo centro les vende a un precio exorbitante.

Otra de las condiciones infrahumanas que se padecen en esos centros es la comida, que los migrantes consideran basura, porque está echada a perder, trae gusanos, uñas, piedras, plásticos.

Estas condiciones merman el ya de por sí deteriorado estado de salud de las personas confinadas, y la necesidad de atención médica es otra pesadilla, porque las citas médicas son limitadas a un horario de lunes a viernes, y solo si se ha concertado con 24 horas de anticipación. Una vez autorizada, la espera de atención médica se hace en salas frías y con largas horas de espera. Para recibir como único tratamiento, un Tylenol.El maltrato médico, llegó al punto de realizar histerectomías a mujeres en un centro de detención en Georgia. Durante la pandemia, se denunció en Tacoma, se sometió a las personas a sanitización con un pesticida que les provocó sangrado de nariz, irritación de la piel, ojos y dolor de cabeza.

Todas estas denuncias las han recogido la activista Maru Mora, fundadora de La Resistencia, en Washington y Rey Wences, y de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones en Illinois. Estas organizaciones vienen trabajando desde hace 15 y 10 años respectivamente, por los derechos de los inmigrantes, realizando huelgas de hambre, denunciando estas condiciones y exigiendo la desaparición de estos centros de barbarie que trabajan en la impunidad.

Nueva Jersey y California impidieron la renovación de contratos para GEO Group y Corevic, sin embargo, ICE, interpuso demandas judiciales, que le permitieron extender contratos por 15 años más. La resistencia por la desaparición de estos centros y a favor de los derechos de los migrantes continúa.

Extracto de la nota de Estefanía Escobar en El Reforma el 25 de octubre de 2020.