El abuso de tiempos y espacios en medio ha llegado al colmo, no porque canten mal las protestas rancheras en contra de la “mafia en el poder”. Sino por la inconsecuencia de declarar que el mal mayor es el de la corrupción y referirla sólo a los funcionarios de los anteriores gobiernos y a grupos asentados en el robo a las empresas estatales, notoriamente en el huachicol contra PEMEX y los beneficios derramados para políticos, periodistas y grupos de choque prístas (Antorchistas) o panistas.

Son escasos los grandes empresarios locales y las transnacionales afectadas con el barrido de escaleras predicado por el presidente. Los funcionarios que resbalan de la rueda de la fortuna, son mencionados o encarcelados, pero se les trata con privilegios, prefiriendo el pacto para hacer del periodicazo con sus denuncias, el instrumento de breve castigo temporal y el alcance de publicidad electorera.

Lozoya no es el único privilegiado, todos aprovechan los “errores” en el gabinete y en la Fiscalía que propician el (in)debido proceso, para que esos corruptos pasen una temporada de tensión y vuelvan a gozar de sus cómodas condiciones, sin rebaja a sus fortunas y vuelvan a su buena vida de libres y sinvergüenzas.

No hay duda que estos golpes mediáticos obligan a recambios en los grupos gobernantes y en las alturas del funcionariado público en el mundo. Como dicen analistas, la lucha contra la corrupción trae un “recambio en las élites del poder”. Sin embargo en México, en los dos años del gobierno de la 4T, no se ha parido nada notable, como lo fue en el siglo pasado el desplazamiento de dinosaurios priistas que se decían “nacionalistas revolucionarios”, por los “renovadores” tecnócratas que se hicieron priistas o panistas sólo para obtener un cargo político funcional al neoliberalismo.

En el caso de Morena y la 4T el recambio se dio a la inversa, se creó un pacto, ni siquiera una coalición dentro de Morena, necesario para repartir diputaciones, senadurías y gubernaturas. No así para cargos en el gabinete o en la administración de empresas públicas. Decenas de viejos miembros del PRI y del PAN, y poco a poco del PRD, del partido Verde alimentan las filas del gobierno federal actual y de su partido. La corrupción no cambió las elites sino sólo a una parte de sus tradicionales protagonistas. Más allá de lo conocido de conflictos al interior del gobierno y del partido en el gobierno y sus rémoras, se entra al tercer año de mandato de López Obrador con un mercadeo de puestos y cargos, pero, como lo dictan las reglas del sistema, buscando atraer al gobierno a los personeros del poder económico y político y entre ellos, incluso a las burocracias más firmes como son los militares y paramilitares encargados de mil fechorías contra el pueblo antes y durante este gobierno.

En síntesis la lucha contra la corrupción que no ataca ni al sistema de producción, pero ni siquiera al sistema de partidos y factores de la dominación, es un tibio atole con el dedo para las necesidades de un pueblo que exige poner fin a la impunidad, a la injusticia y a la simulación.