Alfredo Velarde

“Podrán cambiar el capataz,

los mayordomos y caporales,

pero el finquero sigue siendo el mismo”

EZLN en el tiempo de la 4T)

Si coincidimos con quienes desde el más crítico y consciente movimiento social alternativo plantean, que nuestro tiempo de capitalismo salvaje se caracteriza –entre otros rasgos- por la era del despojo y su acumulación por desposesión que perpetra con impunidad, en menoscabo de los bienes comunes y de la gente que agreden las depredadoras prácticas ecocidas que el sistema impone, a través de sus megaproyectos en infraestructura o con sus lesivas actividades extractivas; también se debe coincidir en que los efectos de tales actividades que el capital y su Estado justifican torciendo un “desarrollo económico” que no lo es; resulta preciso reconocer que dichas prácticas se sustentan en un violento robo contra los intereses colectivos expresado en sus más nocivos efectos padecidos, tanto por la sociedad explotada y oprimida, como por los pueblos y las comunidades indígenas desfavorecidas en resistencia. Por tanto, no es accidental, que ellas luchen en defensa de la vida a través de su ejemplar organización autónoma.

De tan perniciosa condición, se vuelve imperativo bregar a contrapelo de esos hechos para revertirla con unidad y apoyo mutuo, tendiendo los esfuerzos de la compartida solidaridad de los de abajo, para avanzar en la organización popular autónoma y el esclarecimiento de lo común. A la vez que se reflexione por qué la defensa de dicho valor asociativo entre la gente, puede devenir en posibilidad objetiva que inspire la urgente transformación social radical que disloque, lo mismo al agresivo capital que con sus megaproyectos en infraestructura y su minería extractiva obtiene obscenas ganancias contra la naturaleza y la gente de a pie, que a la centralidad del Estado y sus perniciosos gobiernos y que, cuando no consigue privatizarlo todo, acude al mismo afán por la vía de “lo público”, cuando esa tarea simuladora troca lo privado por lo estatal que lo mediatiza todo.

En especial, es necesaria la soberana tutela autogestionaria que coloca en las manos colectivas de los comunes, la administración socializada de los bienes para el abasto material, prescindiendo tanto del empresariado capitalista como de su partidocracia, esa que siempre es parte de los problemas de la gente y no de sus soluciones. Urge poner manos a obra en esa tarea revolucionaria, puesto que nadie hará a favor de los comunes, lo que los comunes no hagan a favor de sí mismos, en la compleja, aunque generosa ruta con dirección hacia la emancipación social generalizada y de alcances postcapitalistas.

Entender lo anterior, supone saber que, en las primeras décadas del siglo XXI, América Latina fue objeto del despojo señalado, resultante del aumento de la demanda global de bienes primarios, conduciendo (por malas razones) al auge de las commodities y generando graves efectos socio ambientales. El caso mexicano resulta ejemplar, ya que en él se detonó un contraproducente auge de las explotaciones mineras, locales y foráneas, derivando en el virtual control de casi la mitad de su territorio sometido a su sistemática destrucción.

Y mientras todo eso ocurre, el Estado mexicano, independientemente del partido o la ideología de quienes ocuparon y hoy ocupan el poder, durante los últimos veinte años ha persistido en la misma falsa apuesta del extractivismo, en la minería o en la industria petrolera, como presunto “soporte” de un nulo crecimiento económico al elevado costo de la devastación ambiental y los conflictos sociales expresados a través de la lucha de pueblos y comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Pueblos a los que desde el poder, se les ha criminalizado en forma simultánea a la persecución, el hostigamiento y los asesinatos a mansalva de valiosos activistas ambientales, como en el notable ejemplo del indígena nahua de Amilcingo, Samir Flores. Su lucha ejemplar, por eso, hoy se replica con energía contra la Termoeléctrica y el Oleoducto de Huexca y más allá, como en los casos del Tren Maya y el Corredor Transístmico o el Aeropuerto de Santa Lucía, megaproyectos enemigos de la vida digna desde lo común.