La Red Latinoamericana por el "Derecho a la protección social"[1], en este actual contexto, ve con preocupación el impacto que tiene la pandemia del COVID-19 en el mundo pero de manera particular en países de grandes desigualdades como es América Latina y el Caribe  cuyas poblaciones  no gozan de ninguna o son precarios los sistemas de  protección social  por lo que no lograrán alcanzar a  cubrir las necesidades básicas de sus vida, generando un estado de alta vulnerabilidad.

En América Latina y el Caribe, más de la mitad de la fuerza laboral está empleada en el sector informal y la expansión del COVID-19 en el mundo está paralizando la economía. La OIT, ha hecho público recientemente un informe en el que alerta de que entre 5,3 y 24,7 millones de puestos de trabajo formales están en riesgo por el COVID-19, y el mayor impacto se verá en los 2.000 millones de trabajadores informales[2] que existen a nivel mundial. De estos el 40% corresponden a América Latina y 117 millones son mujeres que han dejado de percibir su sustento diario en algunos casos y en otros simplemente no pueden permitirse quedarse en casa para evitar contagiarse y no generar ingresos, pues de ellas dependen en su mayoría la seguridad alimentaria de niños y cuidado de ancianos.

Ante el COVID-19 reconocemos que los gobiernos están implementando acciones basadas en estrategias de emergencia según lo que estaban preparados, intentando minimizar el impacto de esta pandemia. Sin embargo, queda en evidencia la poca o nula inclusión de los movimientos sociales de los sectores más vulnerabilizados en la reflexión y aplicación de estas medidas de emergencia en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Teniendo en cuenta el estado de emergencia como Red nos unimos al llamado mundial para hacer efectivo acciones políticas de impacto económico y social como la creación de un fondo mundial por la protección social, también  "demandamos "una anulación de la deuda a ser pagado el 2020 y 2021 de forma inmediata y permanente, sin diferimiento, a fin de liberar recursos que contribuyan a contar con liquidez para expandir los servicios de salud y protección social" que esta medida abarque a todos los acreedores externos, incluyendo organismos multilaterales y los acreedores privados. También proponemos que la Política tributaria sea progresiva es decir que paguen más las grandes empresas multinacionales para aportar a la protección social a los sistemas de salud. Y considerar el congelamiento de los costó de la canasta básica de manera que sea accesible ante la carencia de recursos económicos.

Teniendo en cuenta la salud: demandamos peticiones de inclusión a beneficio de los sectores más vulnerabilizados por la pandemia, es decir que todos los países tengan una atención sanitaria de salud universal y solidaria para todos y todas en todos los centros de salud para las personas que tengan COVID-19 sin discriminación. Y esto significa la prioridad para aquellos que en un momento han sido excluidos del sistema de PS  o los (as) que no pueden quedarse en la casa para no contagiarse, los(as) trabajadores(as) del campo, trabajadoras del hogar, mujeres jefas de hogar, personas LGBT, con discapacidades, las personas no documentadas, los inmigrantes, lo(a)s trabajadores(a)s por cuenta propia.

En cuanto a la protección de los puestos de trabajo con un enfoque de derecho: entendemos con más fuerza que en estos momentos hay que proteger al sector de los trabajadores (as) de las violaciones de derechos y/o duplicación de la carga de trabajo. También realizar estrategias con las empresas que los emplean y en el caso de cierre de estas generar políticas públicas que guíen la transición de los empleados a nuevas formas de empleo sin la reducción de derechos a partir del código del trabajo que los rige. Así mismo implementar mecanismos de monitoreo sobre las tendencias de las tomas de decisiones empresariales que permita analizar las prioridades a favor o en contra de los trabajadores/as, También creemos que la Negociación Colectiva con enfoque de género es la principal herramienta para garantizar el diálogo, en este sentido, es fundamental garantizar la actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.

Desde la perspectiva de Género: demandamos una estrategia efectiva de Inclusión de las mujeres en las decisiones políticas sobre aplicación ya sea de medidas de emergencia como en las futuras políticas públicas que se deberán enfrentar para salir de la situación actual. Exigimos estrategias específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres, considerando programas de transferencias monetarias, para mitigar el impacto del brote y sus medidas de contención, incluido el apoyo para que se recuperen y puedan desarrollar resiliencia para futuras crisis. Como Red creemos que es el momento ideal de realizar políticas públicas de emergencia ante el COVID donde se presten atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidados y de tareas domésticas entre las mujeres y los hombres. Esta es una gran oportunidad para erradicar los estereotipos y los roles de género tan arraigados en la mayoría de las casas de prácticamente todo el mundo. También otro elemento no menos importante implementar estrategias, medios y mecanismos de reacción ante situaciones de acoso en los lugares de trabajo que mantienen los puestos de trabajo y la violencia intrafamiliar dentro de los hogares.

Es importante mencionar que en estos momentos también se pone en riesgo la salud mayormente de las mujeres; ya que están en actividades sanitarias y de servicios sociales, lo que representan el 75% del empleo femenino. Pero también son mayoría las cajeras en los supermercados, las limpiadoras, las cuidadoras de la infancia y de las personas mayores. En estas tareas no vale el teletrabajo. Se requiere de su presencia física, no virtual, las queremos a nuestro lado, que nos hablen, nos atiendan y nos sirvan. Asumen la carga física y emocional y se arriesgan a infectarse.

Al respecto a la seguridad alimentaria: nos preocupa que los gobiernos no estén tomando medidas para asegurar que los alimentos y subsidios realmente lleguen a toda la  población, pues entendemos que el monitoreo como las informaciones no están actualizadas en todos los países para lograr una cobertura efectiva. Así mismo pensarse una política que garantice la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia sobre todo en el casco urbano que dependen en su mayoría del ingreso por trabajo, y no hay una cultura de practica de ECOSOL o pequeña agricultura, esto considerando que la pandemia ha generado clausura de miles de puestos de trabajo dejando a las familias descubiertas.

Finalmente exigimos la ratificación y aplicación urgente de los convenios 102 , 156, 189 y 190 de la OIT!

Como red vamos a seguir exponiendo las demandas que surgen de las organizaciones parte, generando alianzas para fortalecer las acciones políticas y el monitoreo de las mismas a favor de los derechos humanos como lo es la Protección Social Universal e inclusiva.

 

[1] RLPS esta conformada por diversas organizaciones nacionales y regionales de América Latina que incluye a sectores sindicales, colectivo de mujeres, movimiento de jóvenes trabajadores, organizaciones de economía social y solidaria.

[2]https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627202/lang--es/index.htm

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