El nuevo gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, declara que en Puebla “el acceso al agua es un derecho humano fundamental”, pero los pueblos de nueve municipios de ese estado no le creen. No sólo por ser continuador y un elemento al servicio de los planes de despojo y privatización de su jefe el ex “gober Moreno bala”, sino porque las empresas, los funcionarios y los medios vendidos hacen todo por vencer la resistencia popular a dejar que saqueen los pozos de las comunidades para convertirlos en la fuente de suministro a los proyectos de fraccionamientos, plazas comerciales, zonas industriales en Puebla.

Decir que el agua es “un derecho humano”, encubre una trampa: como “derecho humano”, se puede “atender” con promesas el suministro de ese líquido a las comunidades que sean despojadas de sus pozos, pero a la vez, provocar enfrentamientos con otros demandantes de agua en las ciudades o nuevos fraccionamientos para que “defiendan su derecho humano” contra los pueblos que lo tienen como parte del bien comunitario.

La administración estatal ha realizado cambios al Artículo Cuarto, Fracción Sexta, de la Constitución local –con el apoyo del Poder Legislativo- para arrebatar el control de la administración del agua a los ayuntamientos. Aunque primero se difundieron las declaraciones de oposición de los presidentes municipales de 9 ayuntamientos y luego de más de 20, no se sabía ni recordaba entre la opinión pública, la lucha de décadas en defensa del agua, la tierra y la vida por las comunidades de esos municipios e incluso de muchas más poblaciones en las que aún no logran sumar a sus autoridades a esta protesta. Marchas, bloqueos, cabildos abiertos, asambleas comunitarias, presión y vigilancia a las autoridades, han sido apenas algunas de las acciones emprendidas, combinadas con acciones jurídicas de controversia con las reformas a la Ley del agua. El surgimiento de organizaciones no partidistas como Puebla en Lucha, la Asamblea Social del Agua (ASA) y Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA) da una base comunitaria legítima a esta resstencia.

No obstante, el problema es mayor pues no basta con mantener el control municipal de la administración del agua, se necesita, según experiencias mexicanas e internacionales, vigilar a las autoridades locales, estatales y nacionales para que no hagan negocio con las empresas privadas que ambicionan el agua y ofrecen millonadas para que se las concesionen o vendan.

Por eso es la organización comunitaria, el plan de lucha decidido en asambleas, la vigilancia a los asesores legales y sus fórmulas de negociación y un análisis de cómo resguardar pozos comunitarios profundos, riachuelos y ojos de agua para impedir el saqueo del agua, a raíz de la aprobación de la reforma al Artículo 12 Constitucional que busca privatizar el servicio, respetando al agua como un bien común que no debe someterse al mercado o al abuso del poder.

La protesta será el termómetro social para que el gobierno del estado decida si quiere seguir adelante con la reforma que privatiza el agua, pues existe el riesgo de rebelión por parte de varios pueblos.

La finalidad es realizar jornadas informativas donde se explique a la ciudadanía de los alcances de la reforma al Artículo 12 Constitucional, que despoja a los municipios de la administración del servicio del agua para entregarla al gobierno estatal.

Finalmente, continuarán con la realización de las jornadas informativas para impulsar la realización de un Foro de Pueblos Originarios el 19 de marzo en Coronango, con carácter resolutivo como consulta ciudadana, con el objetivo de interponer controversias ciudadanas contra el decreto privatizador.

Antes, el martes 7 de marzo, a las 11 horas se verá la articulación lograda de las asambleas y bases populares, ciudadanas que marchan del Gallito en el paseo Bravo hacia el Congreso del Estado de Puebla a rechazar toda reforma que lastime a sus territorios y a sus formas de vivir en comunidad.