Publicado por Fermín Alejandro García
 
Los procesos penales que se siguen contra Miguel Guerra y Gilberto Maldonado, líderes de la disidencia magisterial, junto con otros profesores, sorprendentemente están llenos de anomalías, siendo la principal que quienes los acusan de haber bloqueado la autopista MéxicoPuebla –es decir de cometer el delito de obstrucción de una vía de comunicación– son una serie de testigos fantasmas, ya que sus identidades no aparecen en la acusación.
Por si fuera poco, la acusación contra los mentores se basa en tres reportes oficiales que tienen una larga lista de inconsistencias y omisiones que no pueden crear una sola versión coherente del supuesto bloqueo a la autopista cometido en el año 2013 –para protestar por la reforma educativa– y que en el caso de Miguel Guerra ya le costó pisar la cárcel.
Tal situación desnuda que atrás del proceso penal contra los maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano no hay una intención de aplicar la ley por la comisión de un delito, sino una clara y abierta persecución política del gobierno de Rafael Moreno Valle contra la disidencia del sindicato oficial de trabajadores de la educación.
El próximo año habrá de renovarse la titularidad del Ejecutivo y Moreno Valle seguramente volverá a echar mano del magisterio como la base de su operación electoral, por lo que busca, desde ahora, generar un ambiente de miedo entre los profesores para dejar el mensaje claro de que los mentores que se resistan y busquen crear movimiento de lucha contra los abusos oficiales serán blanco de la represión.
Y es que en el magisterio poblano ya no hay el ánimo que en 2010 llevó a miles de maestros a movilizarse, por convicción, a favor de Moreno Valle para derrotar al PRI. Ahora parece que se han invertido las cosas: los profesores no quieren que siga gobernando el morenovallismo.
Fue una manifestación, no un bloqueo
La acusación contra los disidentes del magisterio es que en 2013 bloquearon de modo ilegal el paso en la autopista México–Puebla. Algunas de las anomalías, o mejor dicho torpezas, que se encuentran en el proceso penal contra los maestros democráticos son las siguientes:
  1. La demanda contra Guerra, Maldonado y otros profesores fue presentada por un funcionario que funge como apoderado de Caminos y Puentes Federales (Capufe), un organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El problema con esta persona es que ante la autoridad ministerial se acreditó con un nombramiento que un alto directivo de Capufe le otorgó en el año 2012. ¿Qué tiene de irregular esto? Lo siguiente:
Que el supuesto bloqueo que cometieron los profesores ocurrió en 2013 y que cuando esto pasó, el directivo de Capufe que otorgó el nombramiento al apoderado de dicho organismo federal ya no trabajaba en dicha instancia oficial.
Por tanto, el nombramiento con que se acreditó es extemporáneo y existe una jurisprudencia que obliga a los representantes de organismos descentralizados del gobierno federal a acreditarse ante autoridades judiciales con nombramientos actualizados.
  1. Hay tres reportes oficiales que sustentan la historia del bloqueo de la carretera. El primero fue de la Policía Federal, levantado a las 9 de la mañana del día de los hechos. El segundo es de las 15:30 horas por una agente del Ministerio Público. Y el tercero, a las 17:20 horas, por dos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que estuvieron en la caseta de cobro de San Martín Texmelucan. Los tres reportes tienen las siguientes incongruencias:
  2. En el reporte de la Policía Federal dice que tomó conocimiento de la movilización magisterial es en el Puente de la María y el caso es que en las fotos que presentó se ve el estadio Cuauhtémoc. El Ministerio Público dice que su informe lo levantó en el kilómetro 117 de la autopista, que debería corresponder a la zona de Volkswagen, pero en las placas sigue apareciendo el estadio Cuauhtémoc.
  3. La agente del Ministerio Público que presentó el reporte de las 3:30 de la tarde dice que un testigo le informó que estaban presentes en la protesta Miguel Guerra, Gilberto Maldonado y los demás maestros acusados. Con el pequeño detalle de que no se acredita el nombre ni se dice quién es el informante. Es decir, es un fantasma.
  4. Lo misma pasa con los enviados de la Secretaría General de Gobierno,quienes dicen que ahí en la caseta de la autopista estaban los maestros Guerra y Maldonado, pero no registran los nombres de los declarantes. Y presentan como prueba fotos en los que solamente se ve el profesor Guerra.
  5. Ese día los profesores estuvieron dos horas en la caseta de San Martín Texmelucan y el administrador de la misma es quien rinde testimonio de lo mismo, pero con el pequeño detalle de que esta persona no se acreditó oficialmente. Por si fuera poco, levantó un acta con tres testigos, de los cuales únicamente uno se identificó y los otros dos no. Es decir, aparecen otros tres testigos fantasmas desde el punto de vista jurídico.
  6. Un dato muy relevante es el siguiente: la Policía Federal reportó que los maestros se manifestaban. La Ministerio Público habló de una manifestación. Los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno hablan de una protesta. Es decir, nadie detalla que exista un bloqueo de la autopista México–Puebla.
Entre manifestarse en una autopista y bloquear una carretera hay una diferencia radical, ya que en el primer caso es una protesta que no implica cometer el delito de obstrucción de una vía de comunicación.
Si se actuara conforme a derecho y sin criterios políticos, la demanda contra los maestros no tenía que proceder.