El Estado de Guerrero vive un clima de hostigamiento y criminalización de la lucha social, el asesinato de activistas sociales y defensores de derechos humanos, la permanente militarización en territorios que resisten y el encarcelamiento a quienes se organizan es un patrón sistemático que el Estado mexicano implementa como una forma de control y el saqueo de los recursos naturales.

En este contexto, el obispo José Raúl Vera López encabezó una misión de observación a los derechos humanos al estado de Guerrero los días 9 y 10 de febrero. El obispo visitó lugares donde existen casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos.

La visita comenzó en Iguala, lo recibieron familiares y miembros de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), donde el pasado 30 de mayo ocho activistas sociales fueron desaparecidos después de concluir una marcha contra el presidente municipal, José Luis Abarca, tres de ellos fueron asesinados, entre quienes se encontraba el dirigente de la UCEZ, Arturo Hernández Cardona, reconocido luchador social.

 

También estuvo la sección 17 de Taxco del sindicato de Mineros, que desde hace más de seis años mantienen una huelga contra el Grupo México, por violaciones a sus derechos laborales.

En Chilpancingo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), puso énfasis en la falta de acciones para los afectados de la tormentas tropicales Ingrid y Manuel, que afectaron el estado en septiembre pasado.

La misión llegó a Ayutla de los Libres, un lugar simbólico por la masacre cometida en el El Charco por militares en contra de diez indígenas Na savi y un estudiante de la UNAM, por las violaciones de elementos del ejército a Ines Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas Me’phaa, el asesinato de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas. Allí fue recibido el obispo por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, por el Comité de sobrevivientes, viudas y familiares de la masacre de El Charco, así como por la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria.

Al entrar a la cabecera municipal, el obispo fue recibido por miles de indígenas Na savi, Me’ phaa y mestizos con collares de cempazúchil y copal, quienes marcharon hasta la plaza central de Ayutla donde le entregaron los Bastones de Mando del pueblo Na savi y Me’ phaa en una ceremonia marcada el sincretismo, como un reconocimiento a su compromiso con las causas de los pueblos en lucha, le dijeron, «te pedimos que camines junto con nosotros en la búsqueda y lucha para defender nuestros derechos».

A nombre del Comité de sobrevivientes de la masacre de El Charco, habló Eustolia Castro Ramírez, manifestó que «en ésta búsqueda de justicia el obispo Raúl Vera y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad son los únicos que están acompañando ante instancias internacionales para que se haga justicia sobre este crimen».

El coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso y sobreviviente de la Masacre de El Charco, Alfonso Oliva Morales, pidió la intervención del obispo ante instancias gubernamentales para la liberación de los nueve policías comunitarios presos: Bernardino García Francisco, Coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso y también sobreviviente de la masacre de El Charco, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco (Consejeros de la Casa de Justicia), Ángel García García, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino y Cano Morales Antonia (Policías). Quienes fueron detenidos en un operativo realizado por la marina y el ejército contra la Casa de Justicia de El Paraíso el pasado 21 de agosto. También se manifestaron contra la militarización y la presencia de fuerzas federales dentro de su territorio comunitario, solicitaron la devolución de sus armas que fueron decomisadas por las fuerzas federales. En Acapulco, familiares de la activistas asesinada, Rocío Mesino y la viuda del político guerrerense Armando Chavarría le pidieron al obispo que exiga el esclarecimiento de los asesinatos contra activistas sociales.

Desplazados de La Laguna (Comunidad enclavada en la sierra de la Costa Grande), azotada por la violencia del ejército y paramilitares, expresaron que la violencia ha provocado la huida de cientos de campesinos por temor a ser asesinados, sin que la autoridad haga algo por frenar los crímenes contra mujeres y niños, como el caso de Juventina Villa Mojica y su hijo de 17 años de edad Rey Santana Villa.

De esta manera, el obispo y demás miembros de la Misión Civil de observación de violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero constataron en voz de las víctimas, familiares y compañeros, las graves violaciones a los derechos humanos que día a día viven en este estado sureño.