Pocas veces se ha testimoniado una ofensiva tan agresiva de reformas neoliberales (hacendaria, educativa, energética) como la recientemente desempeñada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pese a la complacencia y los autoelogios del régimen sobre los presuntos beneficios que traerán dichas reformas, hemos de desenmascarar los objetivos del ataque sistémico a la clase obrera y a las clases populares en general. Mediante una guerra de baja intensidad sin fin -que combina la represión a movimientos sociales y el terror del narco- y un pacto coyuntural entre los principales partidos políticos, el Estado aplicó una terapia del choque «sui generis» para que se aprobara el paquete de reformas de manera «eficiente».

La reinstauración del PRI completó la política de alternancia pactada entre los partidos electorales. PAN PRI, PRI PAN, con el PRD en la banca. En este contexto, México provee un clima de inversiones «aceptable» para el capital financiero y las empresas multinacionales. No es de sorprenderse el anuncio (en Davos, Suiza) de Nestlé, Cisco y Pepsi que invertirán más de 7 mil millones de dólares en México en los próximos años (La Jornada, 24 enero 2014).

Claro está que las reformas pro neoliberales se complementan. Con la virtual privatización de los recursos energéticos y su consecuente más drástica reducción de ingresos fiscales, el régimen busca captar «otros flujos estables» de dinero a través de los bolsillos de los trabajadores y el sector informal, para llenar el vacío de las arcas públicas.Los constantes gasolinazos y aumento en los precios del sector primario (gas natural, luz eléctrica y muchos alimentos básicos) son algunos ejemplos en este sentido.

Lo que la oligarquía consigue por medio del paquete de reformas es una mayor proletarización de la población económicamente activa, convirtiendo en masa asalariada a quienes en este sector eran trabajadores «independientes» como los profesionistas y otros trabajadores a cuenta propia (que hasta MARZO 2014 ahora ha representado una capa protectora entre la clase trabajadora y la gerencial). Adicionalmente, el gobierno busca formalizar a los trabajadores del sector precario o informal, no tanto para otorgar un mínimo de prestaciones sociales (que está por verse), sino para extender el número de causantes de impuestos. En el ámbito social, el régimen busca debilitar al sindicalismo democrático aún más y aislar a los movimientos campesinos mientras supuestamente negocia con estos.

Las reformas notoriamente favorecen al gran capital extranjero y nacional, lo cual resume la no muy creativa estrategia del régimen para impulsar la economía, estancada desde hace varios años.

A principios de febrero, Moody’s elevó la calificación de México a A3 (de BAA1), clave para las empresas multinacionales de que «las puertas están abiertas». A través de más inversión extranjera directa y reformas fiscales principalmente regresivas, el régimen pretende profundizar las estructuras neoliberales de la economía y sumergir a la economía en los circuitos financieros internacionales. Algunos ya caracterizan el régimen como una plutocracia que avanza con un neoliberalismo autoritario. Queda por verse si una fuerza política masiva y organizada pueda cambiar el rumbo de cosas e inclinar la balanza a favor del pueblo.