CECOP ⁄ OPINIÓN

6 febrero, 2018 por Tlachinollan.

Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de La Concepción, Guerrero, fueron ejecutados extrajudicialmente el 7 de enero después de la llegada de elementos de diversas instituciones de seguridad del Estado entre ellas: policía ministerial, estatal, federal, gendarmería y el ejército. Eran alrededor de las 11:00 de la mañana cuando los más de 200 elementos arribaron a la comunidad en un operativo masivo, en donde además de elementos en tierra, había un aproximado de 35 vehículos y un helicóptero del gobierno del Estado sobrevolando La Concepción.

 

El nuevo gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, declara que en Puebla “el acceso al agua es un derecho humano fundamental”, pero los pueblos de nueve municipios de ese estado no le creen. No sólo por ser continuador y un elemento al servicio de los planes de despojo y privatización de su jefe el ex “gober Moreno bala”, sino porque las empresas, los funcionarios y los medios vendidos hacen todo por vencer la resistencia popular a dejar que saqueen los pozos de las comunidades para convertirlos en la fuente de suministro a los proyectos de fraccionamientos, plazas comerciales, zonas industriales en Puebla.

 

Decir que el agua es “un derecho humano”, encubre una trampa: como “derecho humano”, se puede “atender” con promesas el suministro de ese líquido a las comunidades que sean despojadas de sus pozos, pero a la vez, provocar enfrentamientos con otros demandantes de agua en las ciudades o nuevos fraccionamientos para que “defiendan su derecho humano” contra los pueblos que lo tienen como parte del bien comunitario.

La administración estatal ha realizado cambios al Artículo Cuarto, Fracción Sexta, de la Constitución local –con el apoyo del Poder Legislativo- para arrebatar el control de la administración del agua a los ayuntamientos. Aunque primero se difundieron las declaraciones de oposición de los presidentes municipales de 9 ayuntamientos y luego de más de 20, no se sabía ni recordaba entre la opinión pública, la lucha de décadas en defensa del agua, la tierra y la vida por las comunidades de esos municipios e incluso de muchas más poblaciones en las que aún no logran sumar a sus autoridades a esta protesta. Marchas, bloqueos, cabildos abiertos, asambleas comunitarias, presión y vigilancia a las autoridades, han sido apenas algunas de las acciones emprendidas, combinadas con acciones jurídicas de controversia con las reformas a la Ley del agua. El surgimiento de organizaciones no partidistas como Puebla en Lucha, la Asamblea Social del Agua (ASA) y Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA) da una base comunitaria legítima a esta resstencia.

No obstante, el problema es mayor pues no basta con mantener el control municipal de la administración del agua, se necesita, según experiencias mexicanas e internacionales, vigilar a las autoridades locales, estatales y nacionales para que no hagan negocio con las empresas privadas que ambicionan el agua y ofrecen millonadas para que se las concesionen o vendan.

Por eso es la organización comunitaria, el plan de lucha decidido en asambleas, la vigilancia a los asesores legales y sus fórmulas de negociación y un análisis de cómo resguardar pozos comunitarios profundos, riachuelos y ojos de agua para impedir el saqueo del agua, a raíz de la aprobación de la reforma al Artículo 12 Constitucional que busca privatizar el servicio, respetando al agua como un bien común que no debe someterse al mercado o al abuso del poder.

La protesta será el termómetro social para que el gobierno del estado decida si quiere seguir adelante con la reforma que privatiza el agua, pues existe el riesgo de rebelión por parte de varios pueblos.

La finalidad es realizar jornadas informativas donde se explique a la ciudadanía de los alcances de la reforma al Artículo 12 Constitucional, que despoja a los municipios de la administración del servicio del agua para entregarla al gobierno estatal.

Finalmente, continuarán con la realización de las jornadas informativas para impulsar la realización de un Foro de Pueblos Originarios el 19 de marzo en Coronango, con carácter resolutivo como consulta ciudadana, con el objetivo de interponer controversias ciudadanas contra el decreto privatizador.

Antes, el martes 7 de marzo, a las 11 horas se verá la articulación lograda de las asambleas y bases populares, ciudadanas que marchan del Gallito en el paseo Bravo hacia el Congreso del Estado de Puebla a rechazar toda reforma que lastime a sus territorios y a sus formas de vivir en comunidad.

  • GOBIERNO DE MORELOS VIOLA MEDIDAS CAUTELARES DE CNDH A FAVOR DE OPOSITORES
  • DESPUES DE 4 HORAS DE ENFRENTAMIENTO EXISTE UN NUMERO INDETERMINADO DE HERIDOS, DETENIDOS Y DESAPARECIDOS
  • POLICIA OCUPA  GAS LACRIMÓGENO, PIEDRAS, ARMAS DE FUEGO Y HELICOPTEROS PARA REPRIMIR E INTIMIDAR A MANIFESTANTES E INCURSIONA VIOLENTAMENTE EN DOMICILIOS PARTICULARES SIN ORDENES DE CATEO.
  • LA VIOLENCIA PUEDE ACRECENTARSE EN PROXIMOS DÍAS.
 
Desde el medio día del 30 de agosto de 2016, se desató un enfrentamiento violento entre vecinos de la comunidad de San Pedro Apatlaco, Municipio de Ayala, Morelos y elementos del Mando Único de Morelos. La molestia de los vecinos inconformes se deriva de las acciones irresponsables de la Comisión Federal de Electricidad de instalar una cerca metálica para resguardar los trabajos del acueducto que pretende llevar 50 millones de litros de agua diarios a la central termoeléctrica 264 CC Centro ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos, sin previo aviso y sin consentimiento del Ayudante Municipal, ni de los vecinos de Apatlaco. Desde hace dos semanas la CFE impidió el libre tránsito a una cancha pública y el camino que usualmente ocupan los colonos para llevar a sus hijos a la escuela o trasladarse a sus trabajos.
Con el uso de gases lacrimógenos, piedras, helicópteros volando a poca altura y elementos del Mando Único armados con rifles, los policías al mando del Comandante Francisco Javier Viruete replegaron a los manifestantes, deteniendo arbitrariamente y con lujo de violencia a por lo menos 5 pobladores: Manuel, de 54 años; Siriano, de 48; Juana, de 45; Luis, de 22; y Víctor, 19, acusados de lesiones y resistencia a particulares, según datos del mismo gobierno. Aunque existen testimonios de vecinos que vieron llevarse a más personas por parte del Mando Único, por lo que les preocupa resulten desaparecidos en un estado descontrolado por la violencia institucional y el crimen organizado.
Además se realizaron incursiones de la fuerza pública en por lo menos 3 domicilios particulares, sin órdenes de cateo y con el uso excesivo de la fuerza, pateando las puertas de los hogares para forzar la entrada, empujando y violentando a personas de la tercera edad y niños que se encontraban dentro de los domicilios.  Del mismo modo, los vecinos aseguran que hubo presencia de elementos del ejército mexicano en por lo menos dos vehículos.
A raíz del reinicio de los trabajos del acueducto en Apatlaco por parte de la CFE el pasado 12 de agosto, a petición del FPDTA la CNDH emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de los ejidatarios y vecinos que se oponen a la construcción del acueducto en Ayala, Morelos.
El sentido de las medidas cautelares, dentro del expediente CNDH/6/2012/9556/Q, es con el objeto de que se  salvaguarden los derechos de las personas que se manifiestan en oposición al proyecto, indicando a la autoridad que cualquier acción que llegara a realizar sea observando los derechos humanos y los protocolos de actuación establecidos según los más altos estándares de respeto a los ddhh. A pesar de que el gobierno de Graco Ramírez aceptó las medidas cautelares e instruyó la semana pasada a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de abstenerse de realizar actividades que trasgredan los derechos humanos de los manifestantes, en esta ocasión, vuelve a reprimir a pobladores con uso desmedido de la fuerza pública y los encarcela.
Estos hechos ocurren en un contexto de protesta y descontento creciente por la conclusión del acueducto, toda vez que, desde el pasado 28 de agosto, más de 500 ejidatarios de Ayala, Morelos, instalaron un plantón cruzando el Río Cuautla, al otro lado donde se suscitaron los hechos del 30 de agosto, con el objeto de impedir el avance ilegal de la obra, ya que manifiestan, se cuenta con 3 suspensiones definitivas obtenidas mediante amparos agrarios que ordenan la detención de los trabajos desde el año 2014.
Los hechos ocurridos el día de ayer con los vecinos de San Pedro Apatlaco, además de ser con todo reprobables, son una alerta del recrudecimiento de la violencia y represión que se vive a quienes se opongan al Proyecto Integral Morelos (PIM), en este caso al acueducto. Por lo que alertamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre una mayor escalada de violencia suscitada en el estado de Morelos a causa del Proyecto Integral Morelos y de la política de represión, criminalización y campaña de miedo que ha impulsado el Gobierno Estatal de Graco Ramírez a partir de la exigencia social de su destitución y la cancelación del PIM.
EXIGIMOS:
1.       RETIRO INMEDIATO DE LA FUERZA PÚBLICA DE SAN PEDRO APATLACO, MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS.
2.       SEAN RESPETADOS Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES SE MANIFIESTAN CONTRA LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO EN  APATLACO, PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS.
3.       SE RESPETEN LAS SUSPENSIONES DEFINITIVAS DERIVADAS DE LOS AMPAROS INTERPUESTOS POR LOS EJIDOS DE ANENECUILCO Y SAN JUAN AHEHUEYO, MORELOS.
4.       CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS (PIM) Y SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DEL PROYECTO, CO-RESPONSABLES DE LA REPRESION: CFE, ABENGOA, ELECNOR, ENAGAS Y BONATTI SPA.
5.       SEAN INVESTIGADOS LOS HECHOS REPRESIVOS SUSCITADOS EN SAN PEDRO APATLACO EL DIA 30 DE AGOSTO Y SE CASTIGUE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE INCURRIERON EN FALTAS Y EXCESO DE USO DE LA FUERZA PÚBLICA.
6.       LIBERACION INMEDIATA DE LOS DETENIDOS Y REPARACIÓN DEL DAÑO DE LAS PERSONAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS EL DIA 30 DE AGOSTO POR PARTE DE LAS FUERZAS PÚBLICAS.
 
ANTECEDENTES
El Proyecto Integral Morelos es impulsado por la CFE desde el año 2011 y consta de la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado y un acueducto, concesionados la construcción y puesta en marcha de la primera termoeléctrica y el acueducto a la empresa española Abengoa, que hoy se encuentra demandada a nivel mundial y en proceso de restructuración financiera por el mal manejo del capital y proyectos de infraestructura que impulsa a lo largo del mundo sin consentimiento social de las poblaciones afectadas. Del mismo modo el PIM incluye la construcción y operación del Gasoducto Morelos, el cual atraviesa por 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, las cuales se encuentran dentro de la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, este proyecto se encuentra concesionado por 25 años a las empresas españolas Elecnor y Enagas; la oposición al Gasoducto derivó en el encarcelamiento de por lo menos diez personas originarias de Puebla y Morelos y judicialización de otras 13, suscitándose un ataque violento con armas de fuego por elementos del Mando Único de Morelos el 13 de febrero de 2014  en el pueblo náhuatl de Amilcingo. Tanto la termoeléctrica, como el gasoducto y el acueducto se han instalado con el uso de la fuerza pública, estatal, federal y con presencia del ejército mexicano, violentando los derechos de los pueblos indígenas de los tres estados, sin existir una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, así como una garantía a su seguridad por encontrarse en zona de riesgo volcánico.
La construcción del acueducto ha sido frenada por lo menos en 6 ocasiones desde enero de 2013, donde los vecinos de San Pedro Apatlaco comenzaron a oponerse a la afectación de sus calles, creciendo el descontento primero con los vecinos de Cuautla, donde fue reprimido en la Col. Algodonal el compañero Jaime Domínguez Pérez, siendo víctima de tortura el 19 de septiembre del 2013. Posteriormente el descontento se concretó en los más de 22 ejidos que son usuarios del Río Cuautla quienes continuaron frenando las obras desde el año 2015, por afectar el uso del agua del acueducto su dotación de agua para riego. Hoy son criminalizados por ello 6 defensores comunitarios de Ayala acusados por la CFE ante la PGR de obstrucción de obra pública, en el proceso penal se encuentran señalados: Verónica Canales, Armando Cervantes, Domingo Leal y Jorge Zapata, entre otros.
 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Agrupación por una Organización Comunitaria Integral, ACOCIL, A.C.
 
 
Se solicita enviar llamamiento a:
 
Zeid Ra'ad Al Hussein
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palacio Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra, Suiza
Fax: (41 22) 917 90 11
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
 
Jan Jarab,
Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas 165, col. Polanco, 
Del. Miguel Hidalgo, CP 11560, DF
Tel: (52-55) 5061-6350 
Fax: (52-55) 5061-6358
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos.
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Enrique Peña Nieto
Presidencia de la República
Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tratamiento: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
 
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, cp 6600, México, D.F., México
Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)
Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .mx';document.getElementById('cloakb305d752f8fdbee17740344e2ff358d1').innerHTML += ''+addy_textb305d752f8fdbee17740344e2ff358d1+'<\/a>';
Tratamiento: Sr. Secretario
 
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, Col. San jerónimo Lidice,
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Lic. Graco Ramirez Garrido Abreu
Gobernador del Estado de Morelos
Casa Morelos Primer Piso, Plaza de Armas, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000
Tel. 777 329 23 30 – 40
Correo: 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter: @GobiernoMorelos

Lic. Jorge Arturo Olivares Brito
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos
Calle Hermenegildo Galeana # 39, Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Mor. Telefonos: (01-777) 322-16-00 al 02 Ext. 2010
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Favor de enviar copia a:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Óscar Olivera/10.Feb.17 Autonomía comunitaria

El agua NO es un Derecho Humano, sino un bien común, que pertenece a la naturaleza

y que ella de manera generosa nos entregó a todos los seres vivos, a reconocer que el

agua no es un recurso, un elemento vital, sino es un ser vivo y que antes que cuidar el

agua, debemos dejarnos cuidar de ella.

 

 

El agua de la lluvia que cae del cielo y que riega la gestión comunitaria de la vida

 

 

Óscar Olivera

 

 

Son las 8:00 de la mañana, la campanita de la Escuela 21 de septiembre suena sin descanso; seiscientos niños y niñas gritan alegres y a empujones se abren campo para llegar a sus aulas.

 

Es un día como cualquier otro en una zona periurbana de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde hace 17 años se libró una dura batalla contra de la privatización del agua, pero ¡qué cosa! estos niños y niñas luego de esa rebelión popular de la que fueron parte sus padres y abuelos, y que concluyó de manera victoriosa, no tienen agua en su escuela.

 

Sivingani, es el nombre del barrio que se encuentra a 40 minutos del centro de la ciudad y a una hora de la empresa pública de agua, agua que nunca llegó ni no llegará a esa zona.

 

La escuela lleva por nombre 21 de Septiembre, fecha en la que aquí, en el sur, se celebra el día de la Primavera, de la juventud y del estudiante.

Cada dos semanas, luego de penosos y burocráticos trámites en la alcaldía y sub alcaldía de la zona, se transportan 10.000 litros de agua de dudosa procedencia, para las necesidades básicas de los estudiantes y maestras y maestros de este centro educativo del ciclo primario.

María, la tesorera de la Junta Escolar de padres y madres de familia, migrante campesina del valle cochabambino, nos cuenta que hace 10 años que vive en la zona, se vino a la ciudad porque su marido encontró trabajo y en su comunidad el agua empezó a escasear y ya no podían vivir de la agricultura. Ella sueña con volver a su tierra, a 70 kilómetros de donde vive ahora.

 

Como ella, como su familia, como la mayoría de gente que vive en este barrio –donde el índice de mortalidad infantil es cuatro veces superior al promedio de la región– un 90% de las familias son migrantes de las zonas altiplánicas, que por la falta de agua en sus campos tuvieron que migrar. Algunos estudios (por confirmar) establecen que en los últimos 10 años, coincidiendo con el gobierno de Evo Morales, el 60% de la población del campo a migrado a las ciudades, producto de la sequía y la falta de incentivo a la producción agropecuaria en las pequeñas comunidades y familias campesinas, es decir el llamado “cambio climático” y la base del modelo económico extractivista, plagado de mega-obras, puentes, trenes, campos deportivos, aviones, armas, gases y balines, museos para fomentar el culto propio. Muchas de estas obras constituyen un insulto a la realidad de la gente y una ostentación, son una estafa y un derroche de nuestros recursos. Todo esto ha cambiado a las ciudades y el campo.

 

Un puñado de personas llegamos al lugar, producto del intercambio de información con funcionarios de la empresa pública de agua de Cochabamba. Este puñado de mujeres y varones buscamos realizar la enorme tarea de re-constituir la COMUNIDAD, re-poner los valores de la reciprocidad, la solidaridad, la confianza mutua, expresados en el AYNI Y LA MINK’A como legados ancestrales de nuestras abuelas y abuelas hoy casi desaparecidos, el Ayni más que una palabra quechua es una conducta, “desde nuestra visión andina el ayni significa el vínculo de solidaridad y reciprocidad fundamentada en la convivencia social, bajo el criterio “hoy por ti, mañana por mí”; donde las comunidades originarias practicaban la cooperación en el cultivo de sus tierras, la construcción de sus casas y en las actividades festivas. Mientras que la Mink´a, se consideraba como un trabajo comunal gratuito y por turno, en que las familias expresaban su solidaridad, para reemplazar a incapacitados, huérfanos y ancianos” (1).

 

Producto de la “bonanza económica” en Bolivia, donde a la gente se le impuso una política pública de que ahora “todo debe ser solucionado por el Estado”, es decir “desde arriba”, esta conducta estatal no sólo ha hecho desaparecer esta conducta en las familias y comunidades, sino que ha destruido el tejido social, su autonomía y fortaleza y hemos delegado la construcción de nuestro presente y nuestro futuro en manos de patrones, caudillos y partidos.

 

La idea surgió de la experiencia de “cosechar” el agua de la lluvia, que se viene gestando desde tiempos inmemoriales y que la “modernidad” de tubos, grifos y cloro, nos hizo olvidar y ahora queremos recuperar.

 

Entendiendo que el tejido social, la Comunidad se reconstruye con la palabra y el trabajo, emprendimos la tarea conjunta, con papás, mamás, maestros y directores de la Unidad Educativa, de construir un sistema de cosecha de agua de lluvia, aprovechando los techos de la escuela y el campo deportivo, tomando en cuenta, el promedio de precipitación pluvial, topografía de la zona, espacio disponible y el potente ánimo de la gente del lugar, en particular las mujeres.

 

Fueron días de información, de reflexión, de discusión, de desconfianzas y preguntas, de esfuerzos físicos colectivos, de jornadas sin agua ni alimentos, pero ante todo con un enorme aporte de horas de jornadas de trabajo comunitario-voluntario de decenas de mamás, papás, hermanos y hermanas, en medio del bullicio de los recreos con las y los pequeños, que también aportaron no sólo a través de sus interrogantes sobre lo qué estábamos haciendo, sino con las travesuras, propias que terminaron destrozaron decenas de placas de las cisternas, añadiendo horas adicionales de trabajo.

 

Fue importante el apoyo de la empresa pública de agua, de hecho el primero, otorgado después de 17 años a esta gente que con palos, piedras y mucha indignación fueron a defender el agua que no tenían de las garras de las transnacionales y políticos, fueron a defender la gestión pública y el agua como bien común.

 

Un mes de trabajo, un mes de espera por la lluvia y nuestras gigantescas cisternas, cada una de 52.000 litros de capacidad, fueron emergiendo de las entrañas de la Pachamama, para saciar la sed, para cuidar la salud, para alegrar a las seiscientas niñas y niños de la escuelita que, durante toda la gestión escolar de 200 días, tendrán “agua del cielo”, sin pedir a nadie, sin dar el voto a cambio de agua, tomando en cuenta, además, todo un sistema de reciclaje del agua, que hará posible esto.

 

Los beneficios de este proceso de cosecha de agua de lluvia, son inmensos, en cuanto a costos, participación, organización, información, concientización y movilización de la gente en torno a la comprensión de lo que pasa en el mundo, en las esferas de políticos y autoridades, la necesidad de restituir nuestra visión ancestral sobre el agua, es decir cambiar nuestra percepción de “VIVIR del agua a CONVIVIR con el agua”, a establecer que el agua NO es un Derecho Humano, sino un bien común, que pertenece a la naturaleza y que ella de manera generosa nos entregó a todos los seres vivos, a re-conocer que el agua no es un recurso, un elemento vital, sino es un ser vivo y que antes que cuidar el agua, debemos dejarnos cuidar de ella.

 

Nosotras y nosotros vamos comprendiendo, en el trabajo concreto y cotidiano, que el camino a la verdadera emancipación de nuestros pueblos, pasa por cosas simples, cotidianas y sencillas. Por ejemplo, el establecer colectivamente un horizonte común, con todo lo aprendido y recorrido; con nuestras victorias y derrotas; con nuestras esperanzas y luchas traicionadas por los que ahora están arriba; con nuestros sueños que se volvieron tristezas, es decir con nuestro aprendizaje durante el caminar de la palabra y la acción contra el olvido, para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, para alegre, comunitaria-voluntaria y creativamente, tomar en nuestras manos las decisiones, y restituir, en estos pequeños espacios, las formas de autogestión y autogobierno, donde nosotras y nosotros, en diálogo con nuestro entorno construyamos, cotidianamente, sencillamente, dignamente, alegremente, un mundo diferente.

 

BOLETÍN DE PRENSA
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 31 de marzo de 2016
6 y 7 de abril: Acompáñanos a recibir la Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en su paso por Chiapas. Estarán presentes familiares de Bertha Cáceres y del COPINH

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, es una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. El 28 de marzo partió de Honduras y llegará el 18 de abril a Nueva York en Estados Unidos.

En su paso por México, entrará por la frontera Guatemala – México en La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc el día 6 de abril y pasará por San Cristóbal de Las Casas el día 7 por la mañana. En esta etapa de la Caravana, se escucharán las palabras y luchas en la región de la frontera sur de México, invadida por una creciente militarización que agrava año con año la situación de derechos humanos contra los pueblos en defensa y cuidado de la tierra y territorio, así como para las personas migrantes de Centroamérica y Chiapas.
La Caravana propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.
En este contexto les convocamos a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a los periodistas y medios de comunicación, a sumarse en los siguientes momentos:
6 de abril: La Mesilla, Huehuetenango – Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas: A partir de las 2:00 PM, ceremonia pública por parte de Monseñor Álvaro Ramazzinni, y acto público a las 3:00PM durante el paso por la línea fronteriza hacia México.
7 de abril: Plaza de la Paz, San Cristóbal de las Casas: 8:00 AM, conversatorio público entre movimientos y organizaciones en materia de migración y defensa de la tierra y territorio; e intercambio con medios de comunicación de 10:00 a 11:00AM. Contaremos (por confirmar) con la presencia del Coro de las Abejas de Acteal .
Organizaciones convocantes: Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Junax Ko’tantik Mesa transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Otros Mundos Chiapas y La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes.

Municipio de Venustiano Carranza,  Chiapas, México.
 
11 de octubre  2016
 "LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA"
 
A los pueblos de Chiapas, México y del Mundo.
A la Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos humanos.
A las organizaciones Campesinas, Indígenas, Sociales e Independientes y Magisteriales.
A los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.
A la prensa nacional e internacional.
A los medios de prensa.
Al pueblo en general.

ASOCIACION UNION DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA AFECTADOS POR EL  PROYECTO MINERO LAS BAMBAS “UCCAMBA”

 

HUELGA DE HAMBRE EN LIMA DESDE EL MARTES 29 MARZO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR PROYECTO MINERO LAS BAMBAS
¡LAS BAMBAS NO VA: PARALIZACION INMEDIATA!


47 Comunidades Campesinas y otras comunidades vecinas de la Provincia de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, denunciamos al  Gobierno de Ollanta Humala  por el incumplimiento del  funcionamiento de la Mesa de Dialogo sobre el Proyecto Minero Las Bambas  así como por la discriminación contra las 47 Comunidades Campesinas y otras comunidades vecinas afectadas por dicho proyecto, los que no tenemos representatividad en el referido diálogo pese a ser los dueños de las tierras.
La empresa minera australiana-china MMG LIMITED, cuyos accionistas son las empresas de la República Popular China Guoxin International Investment Co. Ltd.  y  la empresa Citic Metal Co. Ltd., que desarrolla el proyecto Minas Las Bambas viene avasallando los territorios comunales sin respetar nuestra propiedad  ni lo que dispone  el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la propia Constitución Peruana cuyos arts. 88º y 89º, entre otros,  obligan a la preservación de la propiedad, el territorio y la identidad comunal.
Se está desalojando de sus tierras a centenares de Comuneros de algunas de nuestras Comunidades Campesinas valiéndose de ilegales permutas  y con la actividad minera se está dando inicio a la destrucción de los eco sistemas en las cabeceras de cuenca, contaminando nuestros recursos hídricos y destruyendo la actividad agro ganadera y la propia vida comunal, lo que se hace en complicidad  del  Estado Peruano, que en vez de hacer respetar dicho Convenio 169, la Constitución y  la Ley de Comunidades Campesinas, favorece a esta empresa explotadora habiendo inclusive aceptado la modificación unilateral y arbitraria del Estudio de Impacto Ambiental instalando una Planta de procesamiento Minero en la zona cuando inicialmente estaba proyectada en el Cusco, perdonado multas desde OEFA (R.D. 079-2015-OEFA/DFSAI) con la Ley 30230  y desconociendo sus propios compromisos de inversiones, lo que motivo las luchas que el año 2015 costaron la vida de varios comuneros y la persecución y encarcelamiento como la tortura de hermanos comuneros y que tiende a agravarse en estas próximas horas ante el plazo de 72 horas que se le ha dado al gobierno.

Frente a ello y ante los abusos de la empresa como del Estado, nuestras Comunidades solicitamos la paralización de dicho Proyecto y nos vemos obligados a realizar una HUELGA DE HAMBRE para que se solucione la problemática de nuestros pueblos.

Lima, 29 de Marzo del 2016