Sin que haya grados en las luchas de los pueblos, de las clases, las mujeres, las generaciones, las culturas, de las posiciones ante el ambiente, en los hechos el reconocimiento de sus facetas, nos sirve para ver cómo las enfrenta en las sociedades capitalistas el poder, particularmente el Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

Nuestro análisis se sitúa en el México actual con un gobierno que llegó con una votación muy amplia a su favor, enlaza en esos votos el hartazgo social y las expectativas populares ante la falta de respuesta a la solución de necesidades y problemas básicos como el empleo, los ingresos, la seguridad, y la exclusión que el neoliberalismo ha realizado en la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la paz ante violencias contra la población. Esos aspectos son necesidades y problemas.

Pero en el voto por Andrés Manuel López Obrador, no se manifestó todo el hartazgo y todo el descontento social. El nuevo poder ejecutivo y las mayorías que su partido y sus aliados obtuvieron en las cámaras legislativas se dan en medio de miles de conflictos en todo el territorio nacional ocasionados por acciones y amenazas desde el poder empresarial y sus gobiernos. El despojo de los recursos naturales y comunes, la represión, la depredación del ambiente, los feminicidios, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, los cientos de miles de asesinatos, y las decenas de miles de desplazados, los presos políticos, las reformas educativa, a la seguridad social, la energética, la negación de la democracia mínima en sindicatos, en elecciones, en asambleas de productores rurales, y la presencia de las fuerzas paramilitares narco políticas cumpliendo junto a la militarización su papel como parte de un Terror de Estado, son los hechos que desataron y mantienen los conflictos.

El pueblo ha respondido con peticiones, denuncias, demandas legales, mil trámites, alertas, marchas, mítines, huelgas de hambre, huelgas, paros y la defensa legítima. Se mezclan ante los conflictos, las formas que entregan al poder la solución de los mismos, con las luchas basadas en decisiones autónomas de las comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones conscientes de que debemos ir contra las raíces que los ocasionan.

Aún en la lucha organizada, no siempre se logra pasar de la lucha emergente a crear un movimiento organizado, consciente y planificado que una las vías jurídica, técnica y de acción directa para crear una defensa ante la cada vez más violenta guerrerista e invasora ofensiva del capitalismo.

El engaño con programas sociales, la manipulación de la información y de las consultas a los afectados por empresas y gobiernos, la división de las organizaciones de lucha por infiltración o por cooptación de dirigentes, pero también por la dependencia a asesores, caudillos y mandones, todo este equipaje de instrumentos y procedimientos del poder empresarial y de los gobiernos, sigue limitando la lucha popular organizada al control o al menos a administrar los conflictos (por ejemplo, la prolongación de conflictos para que se desgasten en el silencio, se desalienten y se rindan).

A nueve meses del gobierno de López Obrador las expectativas porque “él” solucione las necesidades y problemas, si bien continúan abiertas por la propaganda ante millones de personas, en la práctica han tenido respuestas con programas que ni acaban de aplicarse y ni mucho menos van a la raíz de las mismas.

La austeridad (recorte del gasto social y de inversión productiva básica) pegó en el empleo de muchos empleados sin contrato o base, así como en el abasto de medicamentos, de alimentos, fertilizantes, etcétera. Las becas y las ayudas a vejez se tardan en llegar, además se presentan discriminaciones y nuevas amenazas a los mismos: dejar fuera a estudiantes, científicos e intelectuales, y, lo peor, se amplían las ganancias de las afores y los grupos financieros, buscando aumentar el ahorro obligatorio, especulando en la bolsa o se pagan los megaproyectos con el ahorro para el retiro, y se deja sin retiro asegurado y digno a las nuevas generaciones de trabajadores.

Otros programas “sociales” como el de sembrando vida, conducido principalmente por militares (que solo el presidente llama “pueblo uniformado”), se dedican a crear un cordón contrainsurgente en las zonas sur y sureste del país contra comunidades en lucha, se ofrecen para encubrir el muro fronterizo desde el Istmo de Tehuantepec contra migrantes centroamericanos ordenado por Estados Unidos con la sumisión de los gobiernos mexicano, guatemalteco, hondureño y de El Salvador.

En el Sur-Sureste, cargado de conflictos y luchas comunitarias contra el poder y sus megaproyectos, los programas sociales, también sirven para manipular asambleas y consultas, para intentar dividir y para seguir aislando y señalando a luchadores sociales para que policías, paramilitares y soldados los ejecuten, los desaparezcan o caigan presos de un gobierno que se declara “no represor”. Y del Centro y Norte del país sucede lo mismo, y la guardia nacional militarizada junto con las fuerzas represivas estatales disuaden o atentan contra los movimientos y contra migrantes, pero dejan que aparezcan como actos de paramilitares los asesinatos de luchadores sociales contrarios a los megaproyectos del régimen como asesinaron a Samir Flores en Amilcingo, Morelos y a decenas de policías y guardias comunitarios en Guerrero y en Michoacán. El terror contra el pueblo permanece en el bajío y las costas este y oeste de México, y la militarización cubre fronteras como un apéndice de la migra estadunidense, mientras la guerra entre narcos, o el dominio de regiones por los mismos despeja territorios donde el capital sigue sus negocios: gasoductos, maquilas, puertos y narco.

Así tenemos a un gobierno que llegó para pacificar o “serenar” al tigre popular: con programas sociales y austeridad que fomentan el individualismo entre quienes piden atención a sus necesidades y problemas, convirtiéndolos en personas dependientes de sus limosnas, o en votantes cautivos para próximos periodos. Sin embargo es un gobierno que sabe que los conflictos deben ser controlados, administrados o anulados con la fuerza de la ley, la cooptación o el desgaste y desánimo de quienes y ve que seno tiene modo inmediato de detenerlos.

Es un gobierno que sabe que perderá su maquillaje de “amor y paz” si no hace que se detengan, con la fuerza de la ley, del ninguneo, el cerco físico o mediático, los procesos de organización y conciencia en las luchas anticapitalistas y anti patriarcales que crecen ante cada despojo, explotación, desaparición de derechos o agresión represiva a las resistencias y rebeldía de hombres y mujeres libres

Son las mujeres en cada organización y comunidad y algunos jóvenes rebeldes al consumismo y la enajenación quienes construyen junto con los pueblos originarios redes y movimientos que superan el desánimo y el miedo de 30 años de guerra contra los pueblos. Cuando el conflicto no revienta en el espacio público, callejero, de masas, político, entonces pierde su potencia rebelde, reventando hacia adentro y eso incrementa la violencia doméstica y el delito contra las personas, entre los sectores populares que perdieron la esperanza.

El poder de los capitalistas mandata al gobierno para que enfrente a estas luchas e impida su unidad. Por eso AMLO califica de “conservadores de izquierda y radicales” a quienes resisten desde bases sociales organizadas. Por eso en los medios obradoristas se clasifica falsamente a la “izquierda” en democrática y pacífica (los morenistas) y en extrema (fomentando la imagen de los zapatistas como sus único “adversario”, tratando de borrar del mapa de fuerzas a otros movimientos sociales en el país, principalmente en las ciudades).

La realidad es otra: la decisión de luchar crece, falta articulación, pero la lucha contra el capitalismo y sus guerras patriarcales, racistas y depredadoras no se detienen. El reto es cambiar la cultura de lucha y crear un pensamiento crítico propio.