El 21 de octubre de 2019 fue encontrado asesinado el compañero Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien estuvo desaparecido desde el 13 de octubre de este año. Con él son ya 5 compañeras y compañeros asesinados en Chihuahua bajo la administración del Gobernador Javier Corral, además de sumarse a la cada vez más larga lista de defensoras/es asesinados durante el gobierno de la 4T.
Las amplias jornadas nacionales e internacionales que se organizaron con ocasión del asesinato de Samir Flores en Amilcingo, Morelos luego de ser señalado por el régimen como uno de los “conservadores, radicales” que en realidad son defensor@s del territorio, mostró que en todos los casos prevalece la impunidad, la falta de justicia, el desconocimiento de los hechos, la incapacidad de continuar las investigaciones, y hasta de voluntad de reacción ante denuncias oportunas.
“La rabia crece”, dice en su comunicado sobre los asesinatos en Chihuahua la RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA* y agrega: “porque la tan añorada esperanza ni siquiera se ve cerca, menos aún vemos se perciban cambios significativos, sea por parte de gobiernos municipales, estatales o federales quienes, en su inoperancia e insensatez, se culpan unos a otros, para hacernos creer que con ello realmente se pueden resbalar, sin problema alguno, la responsabilidad de quienes actualmente nos gobiernan, los mismos gobernantes quienes en su momento decidieron cargar los desagravios del pasado y a cambio ofrecieron en campaña cambiar este país. Nada de ello ocurre.”  Las disculpas a viejos agravios: violaciones, torturas, masacres, desapariciones son apenas la cuarta simulación o quizás la centésima que nada dice de desplazados, desaparecidos y asesinados por grupos del paramilitarismo apegado al Estado. “Casualmente” siempre se trata de opositores a los megaproyectos de las empresas beneficiadas por el Estado y por el gobierno en turno.
Los pueblos originarios, las organizaciones campesinas, las colectivas de mujeres, los periodistas, la juventud en lucha, muchas maestras y maestros y varios estudiantes son luchadores sociales que reciben la represión contante en las zonas rurales y el golpeo selectivo en las ciudades.
En la Chihuahua mal gobernada por el panista Corral, al asesinato del compañero Cruz Soto, se suman los de Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara, así como también Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido.
Mientras en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y estado de México a los asesinatos se suma la desaparición reciente de Arnulfocerón y tres de sus compaeros en Tlapa y el desplazamiento de comunidades y familias que han resistido a la militarización, a los cacicazgos partidistas, al narco y al despojo que hacen las empresas mineras, eólicas, hidroeléctricas, agropecuarias y de infraestructura.
Entre las condiciones de la represión urbana se registran las sucesivas amenazas de muerte a luchadores sociales como Simitrio y sus familiares de la UPVA, 28 de octubre en Puebla, así como opositores de la construcción gasoductos o de los aeropuertos en las regiones de Texcoco y Santa Lucía, y a muchos maestros democráticos y estudiantes normalistas y de universidades.
La fuerza del Estado presume que siempre actúa con la le, pero la ley de la “pacificación” es la ley de Herodes diría la gente sencilla que se sabe espiada, amenazada y perseguida. Por ello se organiza para cuidarse en común y desconfía de los discursos de justicia y paz que encubren la impunidad.

*Ampliación al comunicado de denuncia de REMA del 22 de octubre de 2019.