La violencia social es institucional en el Salvador, como en otros países, no se pueden separar las acciones del Estado en las últimas décadas del pandillerismo que una y otra vez ataca a la población, ya sea en complicidad o en guerra con sectores del Estado y del poder económico. Las llamadas “maras”, creadas en los Estados Unidos para dividir a los jóvenes y aterrorizar a los inmigrantes, ahora son un conjunto de bandas que, sin estar articulado, mantiene la extorsión y los asesinatos en una alta escala (60 asesinatos en tan solo el tercer fin de semana de abril). A ello responde violentamente el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Luis Enrique Contreras del Diario de Hoy señala: “Nuestro país lamentablemente se ha convertido en el terreno fértil donde las maras y pandillas han proliferado muchísimo. Deficientes estrategias de seguridad pública, falta de voluntad política, corrupción, impunidad, una judicialización parsimoniosa que entrampa condenas e impide liberaciones, contribuyendo al hacinamiento carcelario, son de las muchas causas que han permitido una rápida evolución en la criminalidad del país.”

Tal artículo fue escrito días antes de la nueva oleada de violencia a la cual Bukele respondió con la “emergencia máxima” decretada en las cárceles, sellar “todas las celdas de pandilleros”. El gobierno explicó que esta medida no evita que “el sistema judicial los deje libres”, pero al menos impide “que lleven información de otras celdas”.

“De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro”, dijo Bukele.

El sellado consiste en que no entra la luz a celdas y se hacina a decenas de presos provenientes de las maras, colocando a bandas contrarias en la misma celda. Esto buscará provocar que se violenten entre pandilleros, pero se realiza adempas en pleno auge de la pandemia del Coronavirus.

Sin importar a Bukeles el escándalo mundial y el del propio pueblo salvadoreño, se concentró a los presos antes de distribuirlos en las celdas selladas, una parte llevaba mascarillas, pero la mayoría no y fueron sometidos a estar a la mínima distancia.

Los actos degradantes que atentan contra la vida de estos presos, se suman a otras decisiones ilegales del gobierno de El Salvador utilizando fuerza pública letal contra las personas comunes que no cumplen las órdenes de mantenerse en casa durante la cuarentena. También en los últimos días detuvo con fuerza a más de 60 personas en la calle, ante protestas de sus familias, de los barrios y de los organismos locales e internacionales de derechos humanos. 

Para colmo, anteriormente, Bukele también estuvo ante la alerta internacional por atentar contra la democracia en El Salvador en una situación que nada tuvo que ver con la pandemia de covid-19. El 9 de febrero, el presidente militarizó la Asamblea Legislativa, convocó al pueblo a una insurrección contra los legisladores para imponer sus proyectos y amenazó con disolver el congreso para que le aprobaran un préstamo. Aunque contó por varias semanas con el apoyo de Donald Trump, en particular por los controles férreos contra migrantes al norte y la aceptación de planes económicos favorables a las empresas yanquis, luego recibió del Congreso estadunidense dos llamados a detener sus medidas violentas, “anticonstitucionales y degradantes”.

Bukele ante el primero de sus arrebatos contra el Congreso dio marcha atrás porque “Dios le habló y le dijo que tuviera paciencia, según afirmo él mismo. En cambio, el problema de los desplazamientos forzados y de los 12 mil desaparecidos es invisibilizado por el Estado, al no contar con un registro especializado de las víctimas ni tener un fondo destinado al restablecimiento de sus derechos vulnerados

Está claro que recrudecer y violentar a la población, así sea una parte de ella delincuente, no resuelve, al contrario agudiza la problemática. Ya Comités Internacionales se han pronunciado por el mal manejo, pero se hace caso omiso de parte de la administración; defensores de derechos han dicho que “estoes duro porque traerá otras enfermedades físicas y mentales en esta población a quienes los instrumentos internacionales ya han dictado derechos aunque estén privados de libertad”. Además que no se puede tomar medidas que no competen al ejecutivo directamente. Los Jueces se basan en articulados contemplados en el Código Civil e instrumentos de Derechos Humanos Nacional e internacional, dijo una jueza de El Salvador. No hay reformas de ley por la Asamblea Legislativa, que den la potestad de hacerlo y de los instrumentos antes mencionados, somos suscriptores de tales derechos.

Las acciones del gobiernos como el de Bukele (otra especie de Bolsonaro en el continente) traen inestabilidad, miedo, inseguridad, incertidumbre, prima en su conducta las acciones sádicas, irracionales, creyendo que varios problemas deben tener salidas aunque atenten a la integridad física y moral de las personas.

Esto es aplaudido por algún segmento de la población, otros, otras en desaprobación. Existe el riesgo que lo poco ganado tras el fin de la guerra se pierda; sin embargo hay pronunciamientos de parte de diferentes organizaciones populares, Procuraduría de Derechos Humanos, otras instituciones que velan por tales derechos y se oponen al despotismo de Nayib Bukele.