Por Ana Lilia Félix Pichardo*

El desplazamiento forzado en la región de Los Altos en el estado de Chiapas debe observarse bajo elementos coyunturales e históricos propios de la región y de los municipios que han protagonizado los éxodos más masivos de personas. Nos remontamos a la ofensiva militar y los planes estatales para socavar la rebelión indígena zapatista de 1994. En ese año 30 mil efectivos del ejército mexicano fueron distribuidos en 4 municipios de la región como plan estatal de contención de los rebeldes. Comenzaba a ejecutarse el plan de campaña “Chiapas 1994”, sus estrategias no sólo incluían la confrontación directa con elementos de las fuerzas armadas del Estado, sino que el propósito también buscaba el adiestramiento y financiación de grupos civiles que pudieran colaborar con la división y exterminio del grupo insurgente:

“El plan de campaña prueba que mientras el gobierno mexicano simulaba entrar en un diálogo con los mayas zapatistas, los militares desplegaban la fracasada estrategia de aniquilamiento que Zedillo ordenó el 9 de febrero de 1995.” Gilberto López y Rivas

Los grupos paramilitares fueron surgiendo desde 1994, a la par que las bases militares aumentaban en territorio chiapaneco. La estrategia del plan “Chiapas…” también ha consistido en aplicar programas sociales exclusivos para las zonas de influencia zapatista como mecanismo de división y control, pero lo más efectivo ha sido la fuerte presencia de grupos armados, algunos de ellos adquirieron fama por sangrientas masacres como la de Acteal en 1997. El paramilitarismo fue en aumento como una estrategia del Estado mexicano para la región; en 1994 nacieron dos grupos paramilitares y para 1999 ya eran aproximadamente 30 grupos que operaban.

Los grupos paramilitares han sido armados, financiados y protegidos por los tres niveles de gobierno, sus representantes han sido de diferentes partidos políticos. En zonas como la de Los Altos, los presidentes municipales son parte de estos grupos y se confrontan entre ellos para controlar los recursos de las alcaldías, mantener la impunidad y control de tierras. Una línea del tiempo permite dilucidar la estrecha relación entre el paramilitarismo y los desplazamientos forzados.

•2 Grupos Paramilitares surgen en 1994

•1995 nace “Paz y Justicia” grupo paramilitar que opera en la zona norte.

•1997 masacre de Acteal (“máscara roja”)

•1998 209 puntos de control 70 mil efectivos del ejército mexicano.

•Al 2001 más de 30mildesplazados.

•1999 de 22 a 30 grupos paramilitares activos.

•1999 Ley de Amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas.

•1998 Masacre en Unión Progreso, zona Altos.

•Masacre en Viejo Velasco Suarez 2006.

• En la zona de Los Altos en 2006 12mil desplazados.

•Guerra de baja intensidad contra BAZ y simpatizantes.

•2014 CIOAC-H irrumpe en territorio zapatista y masacra a maestro zapatista Galeano.

•2018 más de dos mil desplazados en la zona Altos, afectados municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama.

Entre Chalchiuitán y Chenalhó existe un conflicto agrario desde 1935. Los gobiernos han beneficiado a uno u otro municipio en la delimitación de tierras, provocando enfrentamientos. Después de 1994, cuando grupos de civiles afines a partidos en el poder son financiados como brazo armado contrainsurgente en la región, este conflicto se agudiza a niveles de violencia muy graves. En 2018 escaló generando un éxodo masivo de familias de Chalchihitán y Aldama, quienes huyeron dejaron sus casas y pertenencias por miedo a ser asesinados por las noches por el grupo paramilitar de Chenalhó. El centro de derechos humanos Fray Bartomolé de Las Casas ha documentado la serie de desplazamientos a causa de la violencia paramilitar, así como las fuertes carencias y miedo que viven los desplazados en los campamentos. Los vínculos de los presidentes municipales con autoridades de más alto nivel, y la protección y financiamiento de los paramilitares desde cúpulas del poder estatal han impedido detener los desplazamientos. Se cree que el grupo paramilitar de Chenalhó, reactivado por la presidenta municipal del Partido Verde Ecologista, Rosa Pérez Pérez, es heredero del que ejecutó la masacre en Acteal y cuyos perpetradores fueron amnistiados o jamás procesados.

En días recientes de este 2020, el FrayBa reportó que desde Chenalhó se han emitido frecuentemnte disparos de grueso calibre en dirección a las comunidades aledañas pertenecientes al municipio de Aldama, donde hay también casas y campamentos de población desplazada: “Esta situación de violencia crea un ambiente de terror a la población de estas comunidades, así como en otras ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. La contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran, en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de desplazamiento forzado constante, quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques.” (FrayBa).*Fragmento extractado