Al paso de la pandemia de COVID-19 a la fase de “retorno a la normalidad”, los centros de trabajo de las ramas que el gobierno consideró “esenciales”, las y los trabajadores enfrentan riesgos a su salud, así como el autoritarismo y la irresponsabilidad de las empresas, que los gobiernos han reafirmado por omisión de vigilancia o por la disposición a privilegiar los intereses empresariales.
El gobierno de México adoptó una estrategia de contención de la pandemia con el acento puesto en evitar la saturación y colapso hospitalario. Durante las primeras fases sólo dejó abiertas las empresas vinculadas a alimentos, medicamentos, equipo y servicios de comunicación (principalmente digitales) para otras actividades urgentes. La primera repercusión sobre la población trabajadora, fue en el caso de los asalariados formales, la cuarentena, que llevó a “acuerdos ente empresas y directivas sindicales” a reducir el pago de salarios hasta en un 50 % en promedio. Con el despido añadido de eventuales, en el mejor de los casos bajo la promesa de recontratarlos. Durante esas fases no hubo trabajo des alud comunitario suficiente en los barrios de origen de la clase trabajadora, menos aún se ofreció un apoyo generalizado a los 6 de cada 10 trabajadores que están en el sector informal en México y cuyos quehaceres se dan en las calles.
A la vuelta a las actividades que el Estado, las empresas y las exigencias internacionales del capital para reanimar las cadenas productivas y comerciales, en la minería, la construcción, las industrias de las ramas automotriz, aeroespacial y de informática, llamaron a su personal a reincorporarse poniendo sólo algunas reglas para contener la pandemia.
Para los días finales de junio, ya se habían manifestado en las maquiladoras del norte y centro del país, y en las operaciones en minas y transporte una serie de efectos peligrosos para la salud y un desorden en la atención a los cuidados, inspecciones y equipamientos para evitar más contagios: falta de material, falta de información, carencia de medidas para distinguir entre los traslados de los hogares a las fábricas, culpando a los trabajadores de los contagios, sin considerar que muchos son riesgos laborales.
Esto llevó a protestas que tuvieron respuestas represivas como la sucedida contra lo trabajadores de maquilas en Tamaulipas (y la detención de su abogada Susana Prieto), además en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California, asimismo represalias en municipios industriales de Guanajuato, Jalisco y Puebla.

Cadenas son cadenas
A la vuelta al trabajo entre finales de junio y julio, se han presentado más casos de autoritarismo e irresponsabilidad industrial en las más grandes empresas que quieren intensificar el cumplimiento justo atiempo con la las cadenas de exportación o de insumos para ellas. El acuerdo del T-MEC con Estados Unidos que proclama una equidad en las condiciones salariales y de trabajo en ramas de punta como la automotriz, o en empresas mineras, metalúrgicas, y otras vinculadas al comercio o a entrega de productos, contrasta con la realidad.
Son recientes las denuncias de sucesos en Puebla, en Michoacán y en las zonas industriales de Veracruz, Tabasco, los estados de la frontera norte y en el centro occidente del país.
La aparición de 85 trabajadores mineros de la Mina Autlán en Teziutlán en la sierra norte poblana, desató una serie de denuncias de otras empresas que acumularon arbitrariedades y descuidos.
El caso de Volkswagen y Audi, empresas de la cadena mundial de automóvil es notable: varias veces habían presionado para la reapertura de sus plantas en Puebla, al abrirlas se conoce que en la Ciudad Audi y sus colindancias con los corredores industriales que van de Tlaxcala a Orizaba pasando por San José Chiapa han aumentado los contagios de trabajadores. Lo que afecta a varias poblaciones en las que se labora en aproximadamente 20 empresas, entre ellas Granjas Carroll, La Morena, Empacadora San Marcos, Servimsa e Iberdrola, además de la Industria Militar.
Aunque la representación de la CTM avisó del problema, la solución parece otra burla, pues solo se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios y representantes de la cúpula cetemista y de Audi. Esta misma empresa en medio de la grave situación ha decidido abrir el tercer turno de sus operaciones, sin respeto alguno a la advertencia. La población trabajadora y sus familias están notablemente descontentas con estos hechos.
En la minera de Teziutlán sucede lo mismo y los trabajadores contagiados son responsabilizados de haber adquirido el virus en sus casas, crece el porcentaje en ese municipio que tenía baja incidencia de casos por la pandemia, por lo que sucedeido en la Minera Autlán.
Entre tanto caso, se ha denunciado que veintiún trabajadores en una planta siderúrgica propiedad de ArcelorMittal en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, murieron a causa de COVID-19. Esto coincide en las muchas muertes por COVID en esa entidad que aparecen con registros en los cuales hay la sospecha de que tanto se niegan como se inflan los datos de contagios y muertes por COVID. Trascendió al respecto la pugna entre el gobernador Silvano Aureoles y el gobierno federal, pues atrás dé cada caso reportado hay un recurso federal destinado a cubrir los gastos. A la conducta criminal de las empresas, se liga la politiquería corrupta.
Sólo logrando que la clase trabajadora, sus familias y sus comunidades o barrios se defiendan contra el despotismo fabril y la corrupción de los funcionarios, se podrá detener esta pandemia de injusticia laboral que acompaña a la del virus.