El 1 de diciembre ante sus seguidores, Andrés Manuel López Obrador afirmó en su balance sobre el rumbo de la seguridad, que el país aún resiente las secuelas de “la irresponsable política de guerra contra el narcotráfico que emprendió el entonces Jefe del Ejecutivo Felipe Calderón en 2007, lo que desató una crisis de muertes, desaparecidos y violación a derechos humanos”.

Aunque dijo que ahora su gobierno “imprime un cambio de paradigma que promueve la justicia social”, reconoció “la necesidad de serenar al país como uno de sus principales retos”.

Pero las fuerzas para la “serenidad”:son militares de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, más grupos paramilitares que controlan amplios territorios del país, algunos en abierto hermanamiento con los políticos y las fuerzas armadas oficiales, pero que también las combaten al reordenar los negocios y mercados del crimen,

México ha registrado, en promedio, un multihomicidio de nueve o más personas cada mes en el primer año delsexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Crímenes recientes como el que afectó a la familia LeBarón, o los que en noviembre y comenzando diciembre acumularon 94 muertos en municipios de Guanajuato o los 15 en el estado de Coahuila, se suman a otros casos distintos que han sufrido decenas de personas en un lapso de un año.

Un resumen del periódico Reforma, que se confirma en otros medios, y ante el cual el gobierno guarda silencio, indica que de diciembre de 2018 a diciembre de este año, 300 personas fueron víctimas de este tipo de crímenes destacandoTamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Michoacán.

Sólo diciembre de 2018, y febrero y julio del resente no sumaron muertos al promedio.

En lo que va del sexenio se han registrado al menos 18 casos de multiejecuciones con nueve o más víctimas en el país.

Enero

10 de enero. 24 cuerpos hallados en un rancho en Miguel Alemán, Tamaulipas.

27 de enero: 10 muertos en un enfrentamiento en Chilapa, Guerrero.

Marzo

9 de marzo. 15 muertos en un centro nocturno en Salamanca, Guanajuato.

15 de marzo. 20 cuerpos hallados en un canal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Abril

19 de abril. 14 personas, entre ellos un niño, ejecutadas en Minatitlán, Veracruz.

(Folio 3298259)

27 de abril. 9 civiles muertos en un enfrentamiento en Saltillo, Coahuila.

Mayo

20 de mayo: 9 sicarios y un policía muertos en un enfrentamiento en Múzquiz, Coahuila.

22 de mayo: 10 muertos en un enfrentamiento en Uruapan, Michoacán.

Junio

7 de junio. 10 cuerpos encontrados en un canal de aguas negras de Tlajomulco, Jalisco.

22 de junio. 12 cadáveres localizados en Tlaquepaque, Jalisco.

Agosto

8 de agosto. 19 muertos en una pugna entre bandas del crimen en Uruapan, Michoacán.

28 de agosto. 28 muertos en un ataque al bar “Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz.

30 de agosto. 9 muertos y 11 heridos en un enfrentamiento en Tepalcatepec, Michoacán.

Septiembre

4 de septiembre. 10 cadáveres abandonados en una finca en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Octubre

14 de octubre. 13 policías estatales muertos y tres heridos en una emboscada en Aguililla, Michoacán. (Folio: 7898381)

15 de octubre. 14 civiles y un militar muertos en un enfrentamiento en Iguala, Guerrero.

23 de octubre. 9 muertos en un enfrentamiento en Zitlala, Guerrero.

Noviembre

9 asesinados de la familia Le Baron en los límites entre Sonora y Chihuahua y , días después, una docenas entre León e Irapuato que al 2 de diciembre suman 94.

Al mismo tiempo Diciembre abre con 15muertos y varios lesionados en enfrentamientos en Villa nión, Coahuila.

En resumen: Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de noviembre de 2019, la Cuarta Transformación acumuló 34 mil 657 asesinatos, un promedio de 95 al día, con datos registrados.

Si además entre estos asesinados, se cuenta a las decenas de luchadorxs sociales, defensorxs de derechos humanos, de mujeres, periodistas y jóvenes, como lo han reportado otros medios y el mismo INEGI, se vería que la matanza dominante es de jóvenes y de mujeres, y la represión suma desaparecidos y ejecutados por paramilitares y sicarios al servicio de los niveles del Estado o del negocio legal y criminal de empresas capitalistas.

Solo el pueblo organizado puee defender al pueblo ante un Estado que funciona como cárcel para las comunidades que defienden su territorio, o como Estado asesino y violador, ante los movimientos sociales que ya lo denuncian con mayor fuerza.

 

Ante las declaraciones del presidente López Obrador el domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

 

1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado”, en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:

-No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.

-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.

- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

- No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.

- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de víctimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune. Fue el Estado con Rosendo Radilla. Es el Estado con Ayotzinapa. Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado. // CCTI