Emma Martínez

26 marzo, 2016

26 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Fueron nueve impactos de bala los que penetraron en el cuerpo del dirigente magisterial y luchador social, Juan Carlos Jiménez Velasco, según un reporte confidencial del Ministerio Público, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su muerte se perpetró el jueves a las 11:30 de la mañana, cuando era víctima de persecución, según testigos.

A bordo de si vehículo, un Volkwagen Sedan, el maestro trató de llegar a la casa donde vivía de manera temporal, sin embargo, en la entrada de la colonia fue interceptado por un grupo de hombres con rostro cubierto, quienes se bajaron de una camioneta, se posicionaron frente a él y dispararon en varias ocasiones, según los testigos.
Jiménez Velasco había denunciado en semanas pasadas haber sido víctima de amenazas de muerte y persecución, las cuales también se habían extendido hacia su familia, sin embargo las autoridades hicieron caso omiso, puesto que no recibió ningún tipo de protección o seguimiento a los hechos que dio a conocer. Se ha dado conocer en un comunicado que dicho hostigamiento fue por parte del grupo ALMETRACH, liderado por Narcisco Ruíz Santiz, relacionado directamente con el presidente municipal, militante del PVEM, Marcos Cancino, según denunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El maestro Javier Francisco Vidal Díaz, representante de la Sección 7 del SNTE y la CNTE, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que el maestro Juan Carlos Jiménez Velasco, también pertenecía a la Confederación Independiente De Obreros Agrícola Asociación Civil (CIOA – AC) en la región de los altos, y junto a 50 familias fue expulsado en agosto del 2015 de la comunidad Santa Catarina.
"Los terrenos donde se encuentra la colonia, fueron expropiados por las familias, ahí habitaban aproximadamente 1500 personas, quienes se encontraban en un proceso de negociación con el gobierno del Estado y el gobierno federal, para la obtención de los títulos de propiedad; a mitad de las negociaciones, el año pasado, en esa colonia se hizo la recepción de la comitiva de la Caravana Sur de los padres de familia de los 43 estudiantes de Aytozinapa, ante esto, la respuesta lamentable fue que tiempo después, un grupo de personas armadas de corte paramilitar, ingresó a la comunidad y expulsó a las 50 familias, entre ellas la familia paterna del profesor Juan Carlos y a su esposa (embarazada).
Ante estos hechos, el maestro y su familia se refugiaron en una de las colonias marginales de San Cristóbal, en el área de la garita, sin embargo, se había logrado una mesa de negociación donde, en diversas ocasiones, dialogaron como asociación civil con el gobierno del Estado, para que pudieran regresar a su comunidad, Santa Catarina", asegura Vidal Díaz.
"El desenlace fue su muerte", afirma contundente el maestro. Quien comenta que, como organización sindical, se hicieron presentes y  como representantes de la Sección siete, para exigir la entrega del cuerpo de su compañero, ya que por ser fecha festiva era probable que se congelará el proceso hasta el próximo día hábil, sin embargo por la madrugada del viernes, el cuerpo fue entregado, y durante este viernes el maestro fue velado en casa de uno de sus los familiares.
"Se debe puntualizar que el maestro ya había dado conocer las amenazas y a esto se le suma, que este jueves su padre, el señor Mariano Jiménez, dio a conocer que otro de sus hijos, el miércoles pasado, un día antes de la muerte del maestro Juan Carlos, fue víctima de persecución. Este hecho obedece a una acción de orden político-paramilitar en contra de la lucha social del maestro que no solamente se manifestó y rechazó las reformas estructurales, también estuvo a favor de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y mantuvo una lucha frontal por el retorno de 50 familias, incluida la de él, a la colonia donde tenía su domicilio, sobre todo ante la posibilidad ya bastante cercana que se dieron los títulos de propiedad. Y que fue cortada por la acción de expulsión de la cual fueron objeto para que otro grupo (ALMETRACH) se posesionara en esas tierras.
Este asesinato nos demuestra nuevamente que estamos viviendo un estado de descomposición en los tres órdenes de gobierno -tanto federal, estatal y municipal- en San Cristóbal de las Casas puntualmente últimos días, activistas, maestros, ciudadanos de a pie, todos por igual hemos sido objeto de una hondonada hostigamiento, transgrediendo así las garantías fundamentales.
Así es como el Estado mexicano está actuando a través de sus instancias de gobierno en nuestra contra, en el caso San Cristóbal de las Casas, utilizando grupos de choque, paramilitares, para amedrentar y sobre todo para acallar las voces de inconformidad que existen, no solamente en nuestro municipio, si no en todo Chiapas y a nivel nacional", puntualiza Vidal Díaz.
Este viernes, grupos de maestros y organizaciones sociales se pronunciaron por la aplicación de la justicia y que se castigue al grupo de Narciso Ruiz, a cual acusan de ser un grupo paramilitar protegido del propio gobierno de Manuel Velasco Coello.
Jiménez Velasco, de 35 años de edad, era el principal representante de las familias desplazadas, que había estado denunciando que mantenían el temor de ser agredidos, en especial sentían desprotegidos a los 19 niños del nivel preescolar y primaria, quienes ante la violencia no acudían a clases e hizo un constante llamado a las organizaciones de derechos humanos para su intervención.
Por su parte el coordinador en los Altos de Chiapas del Consejo Central de Lucha de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adalberto Hernández Rabanales, responsabilizó del homicidio a la Almetrach y exigió al gobierno estatal el esclarecimiento del caso y castigo para los culpables.
Las 50 familias que luchan por los títulos de propiedad, aseguran que temen por su vida, puesto que el homicidio del maestro es una clara advertencia, "que si seguimos con la lucha podemos tener el mismo final, esa es la manera en que las mafias impunes y protegidas por el gobierno municipal y estatal se manejan, son capaces de matarnos a todos en conjunto y que los crímenes queden impunes, esa es la realidad en Chiapas", asegura un propietario que prefiere mantener su nombre en el anonimato.
Agrega que "Velasco Coello y todos los políticos del PVEM tienen secuestrado Chiapas, somos sus rehenes y nos están matando de apoco, a quienes no nos agachamos nos mandan a eliminar. Si la gente en las próximas elecciones siguen vendiendo sus votos, lo que nos espera es más muerte, más hambre, más tragedia, necesitamos sacar a la mafia del PVEM y de Velasco Coello del poder, con él, el estado está empapado de sangre inocente".

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Category: Derechos Humanos

Published: 30 March 2016

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Alta Verapaz: Temen posible desalojo violento en Valle del Polochic CERIGUA
21/01/2016

La Policía Nacional Civil (PNC) se estaría preparando para realizar un desalojo violento en tres comunidades Maya Q'eqchi, del Polochic, Alta Verapaz, señala un artículo de José Gabriel Cubur, comunicador social del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Cubur, quien escribe para el sitio web de la emisora voces de Iximulew, señala que de acuerdo con el oficio 18-2016 de la Comisaría 51, Subestación 51 de la Policía Nacional Civil (PNC), de Cobán, Alta Verapaz, el 12 de enero pasado se practicó un "análisis de riesgo" en las comunidades campesinas Qeqchi', Bella Flor, Paraná y Tinajas, ubicadas en el Valle del Polochic.
En su informe la PNC refiere que los habitantes de estas comunidades son "usurpadores e invasores" y que conforme a opiniones de "vecinos de Panzós, dichos invasores se encuentran preparados para defenderse con armas de fuego, machetes, palos y piedras y no temen enfrentarse porque han pertenecido a las filas del ejército y las guerrillas".
A decir de Cubur, esto criminaliza a la población y busca justificar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de un desalojo violento a gran escala, que podría ser fatal para niños, mujeres y ancianos que viven en el lugar.
El comunicador recuerda que las familias campesinas de esas comunidades ya fueron desalojadas violentamente en marzo de 2011, en un acto en el que perdieron sus casas, cosechas, utensilios de cocina y herramientas de trabajo; en esa ocasión fue asesinado Antonio Beb Ac y detenido Manuel Xuc; posteriormente fueron asesinados Oscar Reyes y Margarita Chub Che.
Las atrocidades sufridas por esas familias motivó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara medidas cautelares, las que hasta la fecha ha incumplido el gobierno.
Líderes de las comunidades donde la PNC practicó informaron haber regresado a las tierras de donde fueron desalojados, como medida de presión al gobierno, que no ha cumplido con la promesa de entregar tierra a las 800 familias desalojadas, que gozan de medidas cautelares; sólo 210 familias han tenido acceso a tierra por medio del Fondo de Tierras.
Las familias campesinas desalojadas en marzo de 2011 en el Valle del Polochic se han mantenido en diálogo con el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios, para abordar el tema, refiere Cubur.
En relación a esto, se conoció que a finales de 2015 la empresa Chabil Utzaj envió al Fondo de Tierras una carta de oferta para la venta de las tierras de la comunidad Paraná, lo que hace suponer que existe un espacio de negociación y diálogo entre personeros de Chabil Utzaj y líderes comunitarios; incluso ambas partes tienen programada una reunión en la sede del Fondo de Tierras.
Sin embargo, los líderes comunitarios dicen que no pueden confiarse de este espacio de diálogo porque recuerdan que un día antes de iniciar los desalojos violentos de 2011 estuvieron en una mesa de diálogo en la Secretaría de Asuntos Agrarios.
El comunicador destaca que, para no cometer los mismos errores de 2011, la PNC debe incluir en su investigación o "análisis de riesgo", que las familias campesinas a las que ellos llaman "invasoras" participan en espacios de negociación y diálogo para obtener de manera legal la tierra y que se corre el riesgo de romper con ese proceso legítimo.
A la PNC también se le olvidó incorporar en los antecedentes del análisis de riesgo, que las personas que han resultado asesinadas o heridas, son campesinas, integrantes de la población organizada, que reclama sus derechos y no miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Tampoco tienen registros de que miembros de las comunidades campesinas que gozan de medidas cautelares hayan actuado en contra de la PNC; el monitoreo de medios que se realizó para constatar este dato pone en duda lo afirmado por la PNC, cuando en su informe dice que durante los desalojos "ha habido destrozos en la sede policial".
Cubur concluye que el informe de la PNC constituye una clara criminalización de las comunidades del Valle del Polochic, desalojadas violentamente en marzo de 2011, con lo que se pretenden justificar desalojos violentos en el futuro.

Fuente: CERIGUA
cerigua.org/article/temen-posible-desalojo-violento-en-valle-del-poloc/

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Category: Derechos Humanos

Published: 26 January 2016

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 4 de marzo de 2016

A los medios de comunicación, organizaciones y movimientos:

La madrugada del jueves 3 de marzo nuestra compañera hondureña Berta Cáceres y el mexicano Gustavo Castro fueron atacados en el poblado de La Esperanza en Honduras, en donde lamentablemente murió la compañera Berta, y Gustavo Castro fue herido. Actualmente su estado de salud es bueno.  Dichos ataques son parte de toda una cadena de amenazas, hostigamiento y criminalización de los que la compañera Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) habían sido victimas. Esto ocurre por la notable lucha por la defensa de la tierra y los derechos del pueblo Lenca y que el gobierno Hondureño no atendió, a pesar incluso de las diversas medidas de seguridad con las que se contaban.

Hasta el momento el compañero Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos Chiapas A.C. Amigos de la tierra México y miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), continua retenido en la comunidad, en calidad de testigo protegido y declarando, por lo que continuamos en alerta por la integridad física y psicológica del compañero.

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Category: Derechos Humanos

Published: 05 March 2016

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Read more: Comunicado: Actualización sobre los ataques contra defensores Berta y Gustavo

Informe Chilpancingo

Informe sobre la Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, presentado AYER 02/Sept/2015, en Chilpancingo de los Bravo, Gro., por la organización civil Open Society Justice Initiative (la Iniciativa de Justicia de la Fundación para una Sociedad Abierta), que aborda de manera amplia en tema de los derechos humanos.

si la liga de arriba no funciona, copie esta liga y pege a su navegador.

http://elzenzontle.org/hemeroteca/justicia-fallida-estado-guerreroOPEN SOCIETY.pdf

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Category: Derechos Humanos

Published: 09 September 2015

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