Por Boris Ríos B., Javier Larraín

La lucha de los pueblos de Bolivia contra la oligarquía golpista y el comportamiento del gobierno del MAS, nos llevan a publicar este fragmento de Reflexiones sobre lo que reafirmó el poder de las y los bolivianos, protagonistas de la reciente victoria política sobre el fascismo. .

Rumbo a la victoria y desafíos por venir

El 25 de noviembre de 2019, representantes de la COB, del Pacto de Unidad [32] y del gobierno de facto se reunieron para firmar un acuerdo de 13 puntos con el fin de pacificar Bolivia. Este documento se ciñó a garantizar: 1) Que no hubiese más asesinatos ni persecuciones contras quienes encabezaron la resistencia popular al golpe de Estado; 2) La investigación para dar con los responsables de las masacres y el resarcimiento a los familiares de las víctimas; 3) La confirmación de la realización de elecciones en 90 días; y 4) La desmovilización de los sectores movilizados.

El régimen de Áñez se había impuesto y una dirigencia social nacional asumía un papel desmovilizador en una coyuntura confusa ya que fueron las bases de cocaleros del Trópico de Cochabamba las que habían asumido la decisión de exigir el respeto al voto y la populosa Zona Sur de Cochabamba impulsó una movilización con vecinos, sobre todo jóvenes, conformando un nuevo actor político donde sobresalió la “Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de Cochabamba”, que hizo el primer cabildo popular de Bolivia el 5 de diciembre de 2019. Entre tanto, sectores movilizados resistieron en las localidades de Montero y Yapacani, así como en barrios populosos de la capital del Departamento de Santa Cruz, en el Oriente.

La confrontación fue desigual, quienes enfrentaron a los golpistas lo hicieron desprovistos de organización, logística y financiamiento, mientras que los grupos parapoliciales y paramilitares contaban con un alto nivel de organización, capacidad logística y financiamiento,además del apoyo directo e indirecto de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Solo en esas condiciones se entiende que toda esa fuerza social que empezó a responder al golpe terminara aceptando a regañadientes el acuerdo firmado por dirigentes a quienes ya no les depositaban una confianza plena.

En la primera quincena de diciembre, la derecha inició una campaña por la destitución de los representantes de la Defensoría del Pueblo, como la representante nacional, Nadia Cruz; la representante en La Paz, Teresa Zubieta; y el representante en Cochabamba, Nelson Cox. Igualmente se concentraron en elegir los vocales de Tribunales Electorales Departamentales (TED) de cara a los comicios agendados. En Cochabamba la reacción popular urbana no se dejó esperar y pronto agrupaciones como la mentada Coordinadora Popular marcharon a acompañar a Cox haciendo presencia contra grupos paramilitares que habían tomado las puertas de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.

De estos hechos fue testigo la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a Bolivia a finales de noviembre 2019 y que, pese a la desconfianza fundada del MAS en la OEA, supo reunirse con víctimas, afectados y autoridades que denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos. Su informe condenó las muertes y habló de “masacres”, contribuyendo a bajar la intensidad de la represión contra el campo popular.

Ya en 2020, la conmemoración por el aniversario de la creación del Estado Plurinacional, el 22 de enero, congregó a cientos de miles de personas en Cochabamba, visibilizándose públicamente el rechazo a Áñez y su pandilla y el apoyo al MAS. Era un día lluvioso que vio el clamor y el enojo popular vigoroso y con ganas de revancha, mientras los asistentes se emocionaron al escuchar la voz de Evo Morales desde Argentina.

Las tensiones al interior del amplio espectro que representa al MAS terminaron de ceder ante la consigna de unidad contra el golpismo y la urgencia de designar al binomio presidencial, ya que el nuevo TSE había fijado el 3 de mayo como la fecha de elecciones, transgrediendo los 90 días acordados, designación que recayó en Luis Arce y David Choquecuanca, ambos exministros de Economía y Relaciones exteriores respectivamente.

La derecha movilizó sus fuerzas en la búsqueda de anular la sigla del MAS e impedir la inscripción de Arce y Choquehuanca como candidatos, debido a la presunción de culpabilidad en supuestos casos judiciales en su contra. Pero la movilización popular se hizo presente alertando su rechazo y poniéndose en apresto de tomar medidas radicales en caso de oficializarse la censura.

En los inicios de conflictividad, entre enero y marzo de 2020, la pandemia del coronavirus irrumpió en Bolivia, decretándose una cuarentena rígida en todo el territorio nacional el 22 de marzo, lo que condujo a la prórroga del régimen de Áñez y la postergación de las elecciones dos veces más, para finalmente definirse su realización el 6 de septiembre.

No cabe duda que la crisis sanitaria fue macabramente utilizada por la derecha para llevar adelante, con militares y policías en las calles, un proceso de disciplinamiento social y la represión sistemática de dirigentes sociales, sindicales y políticos, misma que, por las condiciones socioeconómicas del país, tuvo que estrellarse con una economía popular endeble que obligó a amplios sectores de la ciudadanía a exigir el levantar la cuarentena para poder salir a trabajar y proveer a sus familias de alimentos y otros insumos necesarios, como el pago de servicios y deudas. La respuesta del Gobierno fue brutal, con represión y persecución política, mientras la reacción popular se concentró en la protesta a nivel territorial, en espacios locales. Estos enfrentamientos engrosaron el número de detenidos y detenidas políticas, entre ellas Lucy Escobar, candidata suplente a la primera senaduría por Cochabamba.

La represión no acalló las protestas populares, por lo que en agosto, frente a la determinación del TSE de postergar nuevamente la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y la posibilidad real de que se proscribiera al MAS, el pueblo salió a las calles y a las carreteras, generándose un gran movilización nacional que pedía democracia. Vale detenerse en el hecho de que la movilización fue desde la base, ya que las estructuras del MAS no habían convocado a la protesta, y que formalmente la COB asumió ese rol, aunque no tenía la capacidad de articulación nacional ni control de la esta. En efecto, la movilización no tuvo dirección clara, ni supo gestar una demanda común, pero consiguió lo fundamental: definir una fecha inamovible para las elecciones generales, 18 de octubre, y que no se proscribiera al MAS y a sus candidatos.

Las elecciones dieron el triunfo del MAS con el 55.1% de la votación, una masiva participación y la presencia protagónica de veedores internacionales, que coincidieron en la transparencia del proceso electoral. La diferencia entre el MAS y el partido de Carlos Mesa fue tan contundente que no pudieron objetar los resultados.

La derecha ha intentado patalear contra esta victoria, pero el pueblo boliviano ha reconquistado la democracia y se encuentra en la tarea histórica de definir un nuevo rumbo para superar los errores que hicieron posible un golpe de Estado.

Fuente: Revista Temas, Bolivia, 12 /11/ 2020.