· Las personas defensoras indígenas que se oponen a megaproyectos son objeto de agresión, intimidación, amenazas y en algunos casos son asesinadas.

. Responden organizaciones de la sociedad civil, a las acusaciones efectuadas por el Presidente en su contra en la conferencia mañanera del viernes 28 de agosto.

· El disenso en una democracia es legítimo y deseable; la cooperación internacional para el desarrollo es legal y el mismo gobierno es beneficiaria de ella.

En respuesta a las acusaciones realizadas por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, y por Jesús Ramírez Cuervas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en contra de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones sociales que suscribimos el presente comunicado, deseamos agradecer las muestras de solidaridad y apoyo recibidas por parte de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional.

Asimismo, deseamos responder lo siguiente:

El disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo. Cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, sea de forma individual o colectiva. Estos derechos están consagrados en la Constitución federal y, además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.

Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos.

Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y su ejecución, como se ha documentado ampliamente1.

El Tren Maya es un megaproyecto2 que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como lo advierten comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal. No fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos3; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, varias comunidades indígenas, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.

Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal inició una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, con agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal. La Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya4.

Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, y también tiene como objetivo invisibilizar que las y los integrantes de las propias comunidades se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida.

Los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino en el marco ins t i tucional, par a oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.

Personas de diversos sectores sociales, particularmente defensoras indígenas y rurales, así como organizaciones de la sociedad civil, hemos enfrentado ataques, persecuciones, criminalizaciones, ejecuciones, agresiones, así como intentos de deslegitimación y estigmatización. El CEMDA ha documentado más de 500 agresiones desde enero de 2012 hasta diciembre de 20195.

En es te contexto, lamentamos que la administración gubernamental actual criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil6. Nuestro trabajo en décadas ha sido en favor de los derechos humanos, el bienestar de las personas y comunidades, y de todos los seres vivos con los cuales coexistimos en este planeta, muchas de estas acciones relegadas o abandonadas por el Estado.

La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales. Es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos. En este sentido, el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos. Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos. Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano.

Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una persona defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado.

Nuestro trabajo nos acredita: trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre otros.

Exigimos del Presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa. De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales.

Solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.

Atentamente,

Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil A.C.// Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. // Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.// Diálogo y Movimiento A.C.// Indignación A.C.// Fundación para el Debido Proceso Legal A.C.