Rubén Jaramillo

A un año de la toma de gobierno de López Obrador, la principal crisis que ha tenido que enfrentar esta administración sin duda ha sido la de inseguridad y violencia. En una racha de pocos meses se han suscitado eventos violentos por parte del crimen organizado, de entre los que destacan una emboscada a la policía estatal de Michoacán (1), la derrota de las fuerzas armadas al pretender capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán (2); el secuestro y asesinato de trabajadores junto con quema de vehículos en múltiples ciudades de Chihuahua (3); el asesinato de varios miembros de la familia Le Barón en Sonora (4); narco-bloqueos en Nuevo Laredo(5), un atentado múltiple en Villa Unión, Coahuila (6).

En el marco de todos estos acontecimientos, varios políticos en los Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump, han manifestado su intención de catalogar de manera oficial al narco mexicano como organizaciones terroristas, presionado por intervenir militarmente dentro de territorio mexicano (7), y en los medios de comunicación se ha dado voz a muchos sectores oportunistas de derecha que buscan generar confusión y ganar terreno político ante estos hechos. Consideramos que para poder hacer una crítica certera sobre la crisis de seguridad que vive el país en estas fechas, requerimos un análisis de la estrategia de seguridad de la 4T, partiendo de la relación que tiene el gobierno mexicano, la burguesía y el gobierno estadounidense con el narcotráfico.

*Antecedentes y saldos de la inseguridad en México*
Esta gran violencia tiene sus antecedentes con la llegada del llamado modelo neoliberal, y, en concreto, con la firma del TLCAN en los 90´s que agudizó las condiciones de precariedad en todo el país (8), engendrando una gran crisis económica que hasta la fecha no ha dejado de hacerse más profunda, y alimentando al crimen organizado en muchos aspectos, especialmente al narcotráfico. Posteriormente, la estrategia de militarización disfrazada de "guerra contra el narco" iniciada por Calderón, en los hechos es una guerra contra el pueblo trabajador que ha dejado desde 2006 hasta la fecha una cifra de más de 250 mil muertes (9) y más de 40 mil desaparecidos (10); dentro de estas cifras se encuentran más de 35 mil cuerpos sin identificar (11), y más de 3 mil fosas clandestinas (12).  Lo anterior ha provocado una enorme crisis de inseguridad con el desplazamiento forzado de cerca de 340 mil personas (13) y en general, ha generado un ambiente de terror en la población mexicana. Dentro de este fenómeno también ha surgido un terrible incremento en los feminicidios (14), siendo México este año el país con más asesinato de mujeres en el continente americano, con casi 3 mil feminicidios en 2019.
Como respuesta a lo anterior y a la indolencia del gobierno,  miles de personas se han dedicado a buscar a familiares desaparecidos y asesinados. Existen diversas experiencias como los comités de familiares de víctimas de la violencia, que han llevado a cabo diferentes luchas para obtener justicia y conocer el paradero de sus seres queridos. Desde 1993, que se empezaron a registrar los feminicidios en Ciudad Juárez es que comenzaron a existir este tipo de organizaciones, las cuales ahora se cuentan por cientos, encabezadas por madres y padres (tanto nacionales como migrantes) que buscan desesperadamente a sus hijos e hijas desaparecidas en fosas clandestinas por todo el país, siendo en la actualidad un caso emblemático el de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. Todas estas organizaciones han buscado la justicia por todos los medios que han tenido a su alcance, pero se han topado con la gran incompetencia e impunidad del Estado mexicano, sumado a una represión sistemática, ya que tanto las autoridades como el crimen organizado se han puesto de acuerdo para callar las voces de quienes han exigido justicia (como ejemplo, el asesinato de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre, en Ciudad Juárez) (16).

*Caracterización del narcotráfico y de sus vínculos con el Estado capitalista*
El narcotráfico no es más que una actividad empresarial, pero con la particularidad de que trabaja en el ámbito de la economía criminal, lo cual lo obliga en ocasiones a tener sus propias instituciones por fuera del resto de la burguesía, como su propio aparato militar, por ejemplo. Esto ha servido en el pasado para que, ante revoluciones en otros países, los gobiernos norteamericanos empleen al narcotráfico como una forma para preparar a grupos de contrainsurgencia. Esto ha tenido diferentes ejemplos en América Latina, como en el caso de Colombia, donde el narcotráfico sirvió para alejar a las bases campesinas de los grupos guerrilleros (17); pero en México el ejemplo más claro fue cuando el Cártel de Guadalajara (con el apoyo del entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett y bajo instrucciones de la CIA), entrenó a un grupo contrainsurgente con la misión de acabar con la revolución nicaragüense y con las insurrecciones en Irán (18). El narcotráfico en América Latina también sirvió a los intereses del gobierno estadounidense cuando la administración de Nixon comenzó a introducir drogas a los barrios pobres donde militaban miembros del Partido de las Panteras Negras, como una medida para poder desarticular la resistencia de la población afroamericana (19). De esta manera el mercado de las drogas se incrementó de manera exponencial en los Estados Unidos, siendo este país desde hace mucho su principal mercado.
Como grupos empresariales, los cárteles compiten entre sí buscando ampliar sus mercados y, tal como hacen los monopolios capitalistas, esto lo logran a través de alianzas y, también, de pugnas que escalan hasta conflictos armados. En cuanto a su base social, se encuentran los sectores más atrasados de la sociedad, como son el lumpen proletariado y el campesinado más conservador. Los sujetos armados al servicio del narco son comúnmente muy leales a su patrón, ya que, a diferencia de un militar común, ellos no deben su lealtad a una patria o una nación, sino a un señor, además que la jerarquía en un cartel está dada casi siempre de manera sanguínea, lo cual hace que dichas lealtades cambien conforme hay conflictos internos, dividiéndose de manera territorial, lo cual le da una forma caciquil a su dominio.
Esto, a su vez, se combina con negocios como trata de personas y secuestro, lo cual usan como forma de obtener fácilmente mano de obra para su producción, tanto agrícola como industrial, lo cual hace que, en el narcotráfico, se combinen de manera subordinada al modo de producción predominantemente capitalista,  relaciones de producción pre-capitalistas como la esclavitud de quienes son reclutados de manera forzada para trabajar en el narco. En esta industria paralela que es la trata de personas, el sector más vulnerable ha sido el de las mujeres, en especial las menores de edad, las cuales son utilizadas principalmente, para la explotación sexual. Dentro de estas redes criminales intervienen el crimen organizado y las mismas autoridades, como ha sido en los diferentes casos de "Las Muertas de Juárez", donde criminales y policía por igual han participado (20), lo cual ha sido impulsado en parte por el crecimiento de las empresas maquiladoras y las zonas francas en las fronteras (21).
Todas estas características hacen que los grupos del crimen organizado tengan una forma combinada especial en la manera en que operan, empero los cárteles son grupos empresariales que se determinan por formas de producción burguesas y dentro de su creciente barbarie se puede observar un reflejo de la descomposición y la gran crisis de sobreproducción que enfrenta el capital mundial ya que, ante la caída de ganancias en otros sectores económicos, el mercado de la droga comienza a saturarse, y para poder alimentar su sed de lucro, el crimen organizado induce su mercado de forma violenta, provocando que los cárteles compitan entre sí por el dominio territorial de la venta de sus mercancías. Esto lo logran extorsionando negocios pequeños a lo largo de muchas ciudades y pueblos, así como comprando o asesinando a políticos en territorios, donde el narco se ha convertido en el gran elector que pone de forma directa o indirecta a funcionarios en todos los niveles de gobierno.
Los diferentes grupos de narcotraficantes se encuentran por lo general representados en la Cámara de Diputados y Senadores (22), vinculados a uno u otro partido, dependiendo la región, y comúnmente se asocian por vía de la fuerza o de la corrupción con presidentes municipales y gobernadores (23), así como con mandos altos y medios en las fuerzas armadas (24). De la misma manera, los cárteles de la droga buscan la forma de asociarse con grandes empresarios multinacionales para poder blanquear su dinero en la economía formal y expandir su mercancía al mercado mundial; a la vez que muchos de estos empresarios buscan incorporarse a esta lucrativa industria; además, como por lo general tienen delirios de grandeza, financian de diferentes maneras lo que se conoce actualmente como "narco-cultura". El hecho de que a raíz de que inició la guerra contra el narco de Calderón incrementaran en los medios de comunicación los "narco-corridos" y las "narco-novelas" no es casualidad, pues todo esto es inducido de manera directa por el capital del narco, tanto en el mercado nacional, con Televisa y Tv Azteca (25), como en el mercado internacional, con Telemundo y Netflix.
De esta manera es que el crimen organizado ha adquirido un carácter transnacional. El grado de control político internacional por parte del narco mexicano es tan grande, que ahora es sabido que el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tenía vínculos con el cártel de Sinaloa -por lo cual ya fue procesado-(26), y que el Chapo Guzmán invirtió 1 millón de dólares en su campaña presidencial. Este poder político tan grande que ha adquirido el crimen organizado mexicano no se debe únicamente a sus propios medios, sino que, como ya mencionamos, la política de seguridad exterior por parte de Washington ha jugado un papel crucial, pues si bien el narcotráfico ya no juega (al mismo nivel de antes) el papel de coadyuvar a la contrainsurgencia en América Latina, sí es usado como parte de una lógica de intervención estadounidense mediante cuerpos de inteligencia, a través de tratados imperialistas como la ASPAN (27) y la Iniciativa Mérida (28), en el caso de México. Esta lógica de intervención, que discursivamente tiene como finalidad salvaguardar la seguridad nacional de EUA y México, en realidad tiene como objetivo que los negocios del gran capital se vean beneficiados, mientras que sea la población pobre la que sufre de las peores consecuencias de las actividades criminales.

*La estrategia de seguridad de la "Cuarta Transformación"*
El gran poderío mencionado anteriormente le ha permitido al narcotráfico gozar de gran impunidad, e incluso ha hecho que corporaciones de las fuerzas represivas del Estado se enfrenten entre sí para defender a su cartel asociado (29). Esto ha generado un desgaste muy fuerte dentro del Ejército, por lo que vemos el despliegue de la nueva Guardia Nacional (GN) creada por López Obrador como una columna más de las Fuerzas Armadas, tanto como válvula de escape ante este desgaste, como para que la nueva administración se proteja de un posible motín o levantamiento por parte de alguna corporación de seguridad, así como de los sectores reaccionarios o de la protestas populares que llegarán a agudizarse ante la aplicación de las medidas de ajuste. Esto ya lo vimos después de que en distintas ocasiones la Policía Federal (PF) se rebelara contra el gobierno de López Obrador para evitar ser parte de la GN (30). Esta nueva corporación militar tiene atribuciones extraordinarias y concentra facultades que por ley correspondían a otras instituciones de seguridad y justicia como la persecución del delito y la intervención de comunicaciones (31), tal y como lo intentaba Peña Nieto cuando quiso aprobar la Ley de Seguridad Interior a finales de 2017 (32).
Incluso Anabel Hernández ha advertido del peligro de poner como dice ella "en la licuadora" a la PF, la Marina y el Ejército para integrar esta GN (33). Sin embargo, más que ser una fuerza al servicio de la seguridad y de combate al crimen, hemos visto a la GN ser utilizada como muro fronterizo al servicio de Donald Trump, y su despliegue ha sido desproporcionado en los estados del sur (34), donde la presencia del crimen organizado es menor, pero existen futuros megaproyectos de alcance internacional, como el Corredor Interoceánico Transístmico y el Tren Maya, los cuales son parte del antiguo Plan Puebla Panamá, ahora llamado Proyecto Mesoamérica, que pretende dividir en distintas secciones la parte sur de México y Centroamérica, para facilitar el traslado de mercancías de este a oeste de los Estados Unidos, así como conectar de diferentes maneras las rutas de energía fósil e hidroeléctrica por la región mesoamericana. Estos proyectos tienen como objetivo incrementar el capital internacional y sobre todo incrementar el dominio de los Estados Unidos en la zona, ante la guerra comercial que tiene con China.
Dentro de la política de seguridad del gobierno de la 4T se encuentra también el uso de programas asistencialistas, con los cuales pretende que, con becas estudiantiles y laborales, así como universidades hechas al vapor, la juventud se aleje de la delincuencia. Pero sabemos que este tipo de programas no sirven para quitarle al crimen organizado su base social, la cual en ocasiones trabaja para el narcotráfico porque en sus comunidades son ellos quienes les brindan servicios que el Estado no les da. Pero no se trata de una reacción directamente reversible en la que dándole a la juventud "algo que hacer" o "manteniéndola ocupada" se aleje de la delincuencia, sino que es un problema mucho más complejo que requiere de una acción colectiva sumamente organizada e impulsada por los jóvenes cuyas exigencias al gobierno sea que garantice acceso a la educación pública  y empleos estables, bien remunerados, con prestaciones que permitan que un trabajador común tenga un ingreso y un nivel de vida aceptables, no como el engaño de "Jóvenes hacia el futuro" que convierte en mano de obra gratuita para las empresas a la juventud, despojándola de sus derechos laborales.
En ese aspecto, consideramos que, si bien parece que la táctica de combate al narcotráfico por parte de AMLO es diferente a la de Calderón y Peña, en los hechos profundiza la estrategia de militarización, al mantener (e, incluso, incrementar el número de efectivos y el financiamiento) a las Fuerzas Armadas en las calles, al servicio del gran capital, teniendo como eje la subordinación a la voluntad del imperialismo de Estados Unidos, y dejando en la impunidad a los sectores de la burguesía mientras reprime a los pueblos en resistencia. Prueba de esto es que la justicia estadounidense es la que lleva a cabo las investigaciones y acciones judiciales sobre los casos del "Chapo" Guzmán, el "Mayo" Zambada y Genaro García Luna, mientras que el gobierno mexicano solamente acata lo que Washington decida al respecto.

*Los procesos de autoorganización y resistencia popular*
Creemos que esta profundización en la política de militarización que está generando cada vez más violencia producirá, por un lado, una serie de contradicciones más agudas dentro de las fuerzas armadas y, por otro, una ola de resistencias y experiencias de grupos de autodefensas a nivel nacional.  
Es sabido que donde el narcotráfico u otros grupos paramilitares desplazan pueblos enteros, es porque hay recursos estratégicos para el capital, como es el caso de comunidades en los estados de Guerrero (35), Michoacán (36), Oaxaca y Chiapas (regiones ricas en materias primas y biodiversidad), donde han llegado mineras u otro tipo de megaproyectos a apoderarse del territorio. No es entonces casualidad que sea en estos estados donde se han desarrollado más las resistencias al despojo, así como experiencias de grupos de autodefensas y policías comunitarias. Aunque cada una de estas experiencias tiene características diferentes, más que nada por su origen de clase, pues en Michoacán, los principales grupos de autodefensas liderados por Mireles e Hipólito Mora eran grupos armados de pequeños latifundistas que veían sus negocios amenazados por el narcotráfico y la extorsión, mientras que las policías comunitarias en Guerrero han estado integradas principalmente por habitantes de pueblos originarios y comuneros, y en general, han sido producto de largos procesos de organización popular (37). Igualmente, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas en Chiapas, o los utogobiernos en Cherán y Ostula, Michoacán, han sido procesos de lucha ejemplares, en cuanto al nivel de organización, involucramiento, determinación y disciplina de las comunidades que lograron constituirse, en sus mejores momentos, en una fuerza popular suficiente para detener el avance del narcotráfico, de paramilitares y del ejército en sus regiones. Con ello, lograron reducir considerablemente la violencia, en general, y hacia las mujeres, en particular, al interior de sus pueblos.
Estas experiencias han tenido diferentes deformaciones, como producto del desgaste de enfrentarse al aparato de Estado, pues durante el sexenio de Peña Nieto se emprendió una persecución a este tipo de grupos para evitar que tuvieran más influencia (38). En particular el caso de las autodefensas de Michoacán, muchas quedaron desarticuladas o apropiadas por grupos criminales, mientras que en Guerrero aún existen diversas policías comunitarias, pero que se han visto fragmentadas y mermadas por el aparato estatal, la intromisión de partidos políticos del régimen y, ahora, la cooptación por el gobierno de la 4T de antiguos dirigentes (como los casos de Cemeí Verdía, Nestora Salgado y Manuel Mireles). Aun así, estas experiencias no son exclusivas de estas dos entidades, sino que prácticamente cada eregión de la República mexicana ha generado sus propias experiencias de autodefensa popular (39).
Por lo anterior, consideramos de suma importancia impulsar este tipo de procesos comunitarios, organizados en asambleas, con sus propias instituciones de justicia y proyectos educativos y económicos, para que tiendan a convertirse no sólo en milicias obreras, campesinas, indígenas y populares, capaces de combatir a los grandes capos de la droga sino, sobre todo, se desarrollen como gérmenes de doble poder, erigiéndose en gobiernos del pueblo trabajador para disputarle el poder político al Estado capitalista. Pues, aunque conocemos las limitaciones y contradicciones que tienen los procesos de autogobierno existentes en nuestro país, en momentos de crisis política y ascenso popular pueden superar su localismo, articularse y expandir su proceso a nivel nacional, constituyendo fenómenos profundamente progresivos destinados a jugar un papel de gran relevancia en el proceso revolucionario en México.

*Por un programa revolucionario de seguridad desde y para el pueblo trabajador*
En la cuestión de cómo enfrentar al crimen organizado, proponemos desde una perspectiva socialista una política diferenciada con respecto a la derecha, del reformismo y del autonomismo. En primera, todo el peso de la fuerza revolucionaria sobre los grandes capos; cual burguesía, se les debe expropiar tanto sus bienes como sus tierras y todas sus empresas, así como la incautación de sus cuentas bancarias, mientras que a los sectores oprimidos que por una u otra razón se han visto involucrados en el narcotráfico, brindarles amnistía, oportunidades de trabajo y de reinserción social. A los grupos armados al servicio de los capos se les debe combatir a muerte, pues son el sector contrarrevolucionario más peligroso (de la misma forma que se le combatiría a las fuerzas fascistas). Para esto se deben retirar los militares de las calles y regresarlos a sus cuarteles, y se deben sustituir por milicias obreras y populares en cada barrio, colonia, pueblo y lugar de trabajo, sujetas a asambleas populares permanentes convocadas desde las bases de la clase trabajadora y pueblos rurales, no desde los mandos de la burocracia estatal. Se deberá someter a investigación y juicio a militares, y castigar a todos aquellos que resulten culpables de estar involucrados con el crimen organizado.
En cuanto a la política de combate a las drogas, se debe dejar de verla sólo como un problema de criminalidad y violencia, y abordarla sobre todo como un problema de salud, como siempre debió ser. Proponemos la despenalización del consumo de las drogas, para evitar que quienes tienen un problema de adicción sean tratados como delincuentes, y se les brinde un tratamiento de rehabilitación con enfoque a las adicciones provisto como parte del sistema de salud pública. Consideramos que, bajo las condiciones sociales actuales, el uso de estupefacientes debe estar regulado por el Estado, el cual debe asumir su cultivo, producción y distribución, con el fin de evitar que se siga popularizando su consumo de manera desmedida, y que las sustancias que así lo requieran, se restrinjan únicamente a su uso médico, mientras que las que se definan para uso recreativo se permitan bajo condiciones controladas (como es el caso del consumo de alcohol y tabaco, por poner un ejemplo) (40). Todo el dinero que el Estado obtenga del monopolio de los estupefacientes deberá destinarse a impulsar campañas de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, como parte del establecimiento de un sistema de salubridad público, universal y gratuito, bajo control de los trabajadores de la salud.
Desde la Agrupación de Lucha Socialista sostenemos que la inseguridad, la violencia y el crimen no se acabarán con base de una estrategia de militarización y programas asistenciales, sino solamente con base en la organización y movilización popular; por ello, hacemos el llamado a formar, bajo una perspectiva de independencia respecto al Estado y sus instituciones, asambleas y comités de autodefensa en todo el país, articulados en torno a un movimiento nacional encabezado por familiares de víctimas de asesinato y desaparición, que retome las experiencias de autoorganización armada del pueblo y rompa con los grupos oportunistas de derecha que piden más vigilancia y represión del Estado, los cuales solo pretenden darle más fuerza política a la derecha, y que rompa también con los líderes oportunistas que traten de desviar la lucha obrera, campesina y popular hacia la vía institucional, pretendiendo desarmar a los pueblos y negarles su legítimo derecho a la autodefensa.

¡Disolución de las fuerzas policiales y retorno inmediato de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles!
¡Cancelación de los tratados imperialistas en materia de seguridad como la ASPAN e Iniciativa Mérida!
¡Por la generalización y articulación nacional de las experiencias de autodefensa popular y los sistemas de seguridad y justicia comunitarios!
¡Por la conformación de un movimiento nacional de desplazados y familiares de víctimas de desaparición y asesinato debido a la violencia del crimen organizado y del Estado!
¡Ante los feminicidios y demás formas de violencia hacia las mujeres, conformemos brigadas mixtas de autodefensa emanadas de asambleas en cada barrio, escuela y centro de trabajo!

https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2019/12/27/la-crisis-de-seguridad-y-violencia-de-la-4t-como-la-enfrentamos/