La tierra es de quien la trabaja, reza la frase atribuida a Emiliano Zapata, cuyo aniversario luctuoso próximo nos hace reflexionar acerca de la situación actual en el campo. La batalla por convertir en realidad este principio de justicia universal se da diariamente en las luchas campesinas organizadas. El gran capital personificado principalmente, pero no sólo, en la agroindustria y la minería, busca apoderarse de la tierra y sus recursos, pisoteando en el camino derechos populares históricos conquistados con no poco sacrificio. No es un contrincante cualquiera el que enfrentan los trabajadores del campo.

Ahora con la instauración del TLCAN «Plus» a través de la reciente reforma al Artículo 27 de la Constitución, la defensa de la tierra y del territorio se hace más necesaria.

En el marco de una economía neoliberal, dependiente de la inversión continua de compañías trasnacionales en términos desventajosos para el país, el régimen de Peña Nieto busca profundizar y extender las relaciones comerciales con corporaciones agroindustriales, pecuarias y mineras quedevastan la tierra, los ecosistemas y la economía -de por sí precaria- de los productores del campo. Al favorecer las cadenas productivas de las corporaciones transnacionales, como Tyson, Cargill, Monsanto, que exportan a EEUU y Asia y absorben buena parte del consumo interno, se margina aún más a la población rural. De paso, la explotación intensiva de la tierra a raíz de los procesos productivos mineros y pecuarios bastante nocivos, ya es causa de suma preocupación entre los campesinos y la sociedad en general.

Para abordar la problemática de la crisis en el campo y en la periferia urbana, el régimen opera la muy cuestionada Cruzada Nacional Contra el Hambre. Esta política de tinte caritativo y comercial que llevan a cabo la Sedesol y las multinacionales -como por ejemplo Pepsico y Nestlé- no resuelve sino empeora la situación en el campo: se promociona una dieta deficiente (no obstante el alto número de calorías) basada en azúcares y grasas mientras se amplían los tentáculos de dichas grandes empresas, de modo que la cadena de abastecimiento alimenticio favorece a aquellas en detrimento de los productores locales. Y es que la manera en que funciona el neoliberalismo sólo permite las empresas «resuelvan» los problemas; ni siquiera se toma en cuenta las opiniones de la población.

Contra este cuadro crítico de hambre y explotación irracional de recursos naturales, es necesario y oportuno ampliar la defensa de la tierra y la defensa del territorio, desde un enfoque que fortalezca política y económicamente a los productores locales. La cuestión está en que hay muchos ejemplos de organización que defienden la tierra y el territorio, pero también existe una dispersión de objetivos. Quizás algunos promuevan una producción local a través de sociedades cooperativas que son partidarios del comercio justo, mientras otros bregan por defender un sistema de justicia y seguridad comunitaria dentro de su territorio, y otras organizaciones -entre ellas algunas ecologistas- se oponen a los megaproyectos mineros o hidroeléctricos.

Las circunstancias actuales de un régimen autoritario que sólo ve por los intereses de los ricos, en cierta manera análoga a las condiciones que confrontaban los campesinos de Anenecuilco, exigen un enfoque integral cuando se habla de defensa de la tierra. Con esto de la lluvia de reformas constitucionales aprobadas, el régimen se siente envalentonado y no va a cambiar su agenda económica, menos sin una presión popular organizada. El régimen peñista busca por dónde puede debilitar a los movimientos; si no puede corromper o cooptar, intenta golpear o encarcela, si no puede dividir, siembra organizaciones paralelas.

Entonces la defensa de la tierra y el territorio tiene que ser integral para los movimientos campesinos. Esto es, la defensa de la tierra significa resistir los embates de la agroindustria y la minería; hay que exponer los objetivos de las grandes empresas de acumular ganancias al máximo (en este sentido no hay que irse con la finta de que «nos están echando la mano»); promover proyectos productivos autogestivos administrados por el pueblo desde la siembre hasta la comercialización, estableciendo así cadenas productivas funcionales para el campesinado nacional; defender los recursos naturales contra la explotación intensiva y la depredación.

La defensa del territorio quiere decir la afirmación de los espacios y bienes comunes, el ejercicio pleno de la democracia comunitaria. También en la construcción de territorio se contemplan proyectos colectivos de seguridad y desarrollo económico racional. Es, además, la resistencia a los intentos continuos de la dupla régimen neoliberal-gran empresa de cooptar a territorios organizados que presenten proyectos alternativos verdaderamente democráticos y sustentables.

Una cosa es verdad: las políticas neoliberales han marginado cada vez más a los trabajadores de la tierra. Las mismas políticas han herido a nuestra soberanía y han perjudicado progresivamente la economía popular. Sólo a través de una estrategia que incluya como elemento fundamental la defensa del territorio podamos avanzar hacia un sistema realmente soberano y justo.