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Los hechos recientes confirman la doble función de las agresiones llevadas a cabo con la participación activa y el visto bueno de la Secretaría Patronal y Represión Social, otrora conocida como Trabajo y Previsión Social. El objetivo principal es debilitar el poder político y económico de los obreros en su conjunto, empezando por la represión a los sindicatos, pero también pasando por la precarización en general de la fuerza laboral. De la mano, patrones y gobernantes han promovido la proliferación de sindicatos blancos. Además, se subcontratan empleos potencialmente sindicales y duraderos a empresas constructoras.
Otro fin de los golpes recientes al sindicalismo es el avance de megaproyectos empresariales de bloques económicos afines al PAN. Aunque el conflicto interburgués entra en un plano secundario y es mucho menos intenso que la guerra de clases librada por Calderón, vale la pena mencionar el fortalecimiento de Televisa y Grupo Telefónica Movistar (frente a Telmex) con el regalito de la fibra óptica. El Grupo Minera México de Larrea, dueño tanto en Cananea como en Pasta de Conchos, también sale favorecido tiene el camino abierto por el momento para seguir extrayendo las jugosas ganancias de los minerales. Lo que se evidencia es que el corte ideológico de los bloques económicos privilegiados por el régimen es de extrema derecha, mayormente pro estadounidense y priorizan la represión ante el diálogo.
Las manifestaciones multitudinarias recientes de los electricistas, los mineros y los deudos y las viudas de Pasta de Conchos demuestran la resistencia y capacidad de convocatoria que tienen estos gremios. También reflejan el sentir de la gran mayoría de trabajadores.
Las bases organizadas de los sindicatos han tomado nota del cinismo de Javier Lozano y los demás agentes de los multimillonarios. Ante las continuas afrentas a los trabajadores y productores del país, se hace necesario fortalecer la organización desde abajo y la auténtica democratización de los sindicatos, para hacer valer sus derechos.
En otro plano, ya muchos cuadros sindicales empiezan a cuestionar el doble discurso de dirigentes/mediadores y clientelistas como Napoleón Gómez Urrutia o Francisco Hernández Juárez y llaman a reconstruir el sindicalismo y a solidarizarse con otros sectores populares. Actualmente es doble la lucha de los trabajadores: 1. Por hacer respetar y defender sus derechos laborales históricos conquistados que son atacados constantemente por el Estado y 2. Organizar las bases de trabajadores -sindicalizados y no-, construir y fortalecer un sindicalismo democrático exento de buitres oportunistas que luego traicionan. Los trabajadores pueden ser autónomos, autovalorándose como productores y como luchadores sociales por otro modo de producir y de vivir.
Las luchas por las tierras en la región empezaron desde 1937, 1938 y 1941. Hubo una resolución presidencial en favor de los campesinos. Debió haber una diligencia para llevar a cabo la ejecución y entregarlas a los campesinos, pero no todas las tierras les fueron dotadas. «No se llevó a cabo la ejecución total, fue parcial. Quedaron pendientes 480 hectáreas. Buscamos retomar esas tierras que quedaron inconclusas».
Son, aseguran los campesinos, «tierras de primera calidad, pura tierra fértil. Aproximadamente 480 hectáreas. Las tiene la familia Faisal, una familia que en los tiempos de guerra en Arabia se vinieron a refugiar a México. Fue como en los años sesenta. Empezaron a trabajar y acaparar esas tierras por medio del dinero. Empezaron a pagar peones para trabajarlas. Así se fueron apropiando ilegalmente. Ahorita tienen como ocho peones. Las tierras están «a orillas de manantiales y ríos. Hay agua en abundancia, son zonas muy fértiles para el campo, porque en tiempos de sequías se pueden regar. Con esas tierras se pueden beneficiar unos ciento veinte campesinos». Tenemos la resolución presidencial, argumentan los campesinos: «Los caciques impidieron que se llevara a cabo la ejecución, que les quitaran esas tierras para pasárselas a los campesinos.»
Los Dorados de Villa metieron solicitudes de ampliación del ejido, pero el gobierno «nunca nos dio una resolución favorable, pues ya se había modificado el artículo 27 constitucional y ya no hay tierras dotación de tierras». No obstante siguen «solicitando la ampliación de las tierras, porque no se ha llevado a cabo la ejecución». Entregaron un primer documento en 2005 ante el Tribunal Agrario Unitario y el Registro Agrario, para la dotación de tierras, pero «nos dijeron lo mismo: que no hay tierras. Siendo que estamos viendo que en la comunidad hay tierras en abundancia.»
Cuando ya habían agotado los recursos y trámites, y cansados de que les dijeran: «no se puede, ya no hay tierras, por eso fue la decisión de los campesinos de tomar las tierras y ponerse a trabajar. El gobierno mandó al delegado Roberto Álvarez Salgado para supuestamente negociar. Estábamos en diálogo y ellos traicionaron el diálogo que habían propuesto, se vino la represión.»
En asamblea decidieron tomar las tierras «para ponernos a trabajar y mantener las familias. Sesenta y cinco gentes, aproximadamente. Las recuperamos el 10 de junio de 2007.» Decidieron hacerlo en ese día porque «en esa fecha el gobierno federal llevó a cabo una fuerte represión contra organizaciones que andaban en plan de protesta».
Se refieren al Jueves de Corpus, del 10 de junio de 1971, cuando el gobierno de Echeverría usó a los paramilitares «Halcones» contra la primera marcha estudiantil posterior a la masacre cometida por el ejército el 2 de octubre de 1968.
(…) En la región hay una tradición de lucha. Por un accidente entre los autobuses «Álamos», el 5 de septiembre del 2000, tragedia donde murió una familia completa: cinco muertos, dos hombres mayores y tres menores, los campesinos se movilizaron. Difundieron los hechos y casos anteriores. Formaron un movimiento masivo que «no tenía estructura, no tenía nada, fue un movimiento espontáneo». El 19 de octubre, retuvieron las grúas del empresario Nabor Mejía Viniegra, y dos camionetas oficiales de tránsito del estado. Bloquearon la carretera en el tramo Tzocohuite- Iztapalote». El gobierno estatal respondió con la represión: «estaban apenas 19 campesinos y entró la policía estatal y pistoleros, queriendo recuperar la unidad, que se había impactado con un camión volteo que transportaba arena.»
Se movilizaron inmediatamente campesinos de varias comunidades. Salieron a las carreteras para bloquear los caminos para que la policía no saliera. Se presentó al lugar el entonces secretario de Gobernación, Jorge Uscanga Escobar, y el director de seguridad pública, Alejandro Montano, porque ya habían retenido a 97 policías y 35 pistoleros. «Habíamos más de 40 mil campesinos tapando todas las carreteras.»
Se redactó una minuta de trabajo: «Venimos varias veces a Xalapa, a Gobernación, a exigirle que cumpliera el gobierno (de Miguel Alemán) su palabra y que indemnizara a las familias afectadas. Y que, como campesinos, nos diera una concesión para formar una cooperativa de transporte». El gobierno «traicionó su propia letra y no respetó lo que había firmado. Hubo encarcelados, un muerto, un herido de bala. Fueron presos políticos Hilario de la Cruz y Lauro Cruz. Luego, «Fue bajando el movimiento por la represión que se mantenía en aquella zona.»
Pero el 10 de junio de 2007, siete años después del Movimiento Tzocohuite, amanecimos con la noticia de que los Dorados de Villa habían tomado tierras: En sus mantas daban la bienvenida a quienes los visitara, y pedían la libertad del los presos por la represión en Atenco del mayo de 2006.
http://zapateando.wordpress.com/2010/06/14/tercer-aniversario-de-la-represion-en-ixhuatlan-de-madero-veracruz/