En este período electoral en México, uno de los partidos de la contienda, MORENA, vuelve a sacar su propuesta del 2012  de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional que se construye en Texcoco y analizar si en verdad es necesario gastar esos 300 mil millones de pesos para resolver la saturación del aeropuerto capitalino o si procede su idea de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, y ahorrar más de 200 mil millones de pesos. Según Andrés Manuel López Obrador: a) se ahorrarían 200 mil millones de dólares; b)  si no se cancelara el proyecto,  sí se daría transparencia a los contratos, y las obras y sus administradores ganarían legitimidad; y c) se buscarían respuestas técnicas a los problemas sociales y de degradación ambiental que ocasiona el nuevo aeropuerto internacional en la región de Texcoco y en la Cuenca del Valle de México.


La respuesta del gobierno, de los empresarios y de los otros partidos de Estado, ha ido de la ridiculización del candidato de Morena hasta la advertencia de que no se puede alterar lo que la ley ya determinó y que da base a contratos. Advierte que cancelar el nuevo aeropuerto o no cumplir con los contratos traerá daños económicos y políticos, como el costo por el supuesto avance de 45  % de la obra; no llegaría la inversión extranjera y se crearían conflictos legales por el incumplimiento de contratos y convenios con empresas y financiadoras. Solo el Consejo Coordinador Empresarial ve la posibilidad de instalar una "mesa técnica" entre las empresas, funcionarios de gobierno y técnicos propuestos por los partidos.

La reacción gubernamental está el documento de "advertencia a los inversionistas" que aportaron el fin de la tercera semana de marzo 1, 500 millones de dólares para financiar el Nuevo Aeropuerto sobre riesgos como: "la volatilidad por la elección presidencial, el cambio de gobierno y la oposición de las comunidades donde se construye la terminal".

En las discusiones priva el marco político electoral y se centran en los efectos financieros y técnicos del megaproyecto aeroportuario. A pesar de que visibilizan el susto y la cerrazón de una parte de los empresarios afines al gobierno y a las coaliciones partidistas encabezadas por el PRI y por el PAN,  el "debate" redunda en la evaluación técnica de los contratos y la de una alternativa en otra región,  donde también hay grupos político empresariales que disputan este jugoso negocio.

La pelea entre los de arriba aún es tibia y son los medios quienes calientan el debate "técnico financiero" con las investigaciones periodísticas o de especialistas y organizaciones opositoras al megaproyecto sobre el uso y abuso de recursos de los de abajo: fondos de retiro-pensiones y conflictos en defensa de la tierra y el agua comunitarias.

Pedro Miguel de la Jornada escribe: "López Obrador no propuso anular un solo contrato en forma discrecional, sino impugnar los que resulten irregulares ante las autoridades judiciales correspondientes". Lorenzo Meyer, otro colaborador de AMLO, afirma que lo que se pide no necesariamente es cancelar sino transparentar el camino seguido para el nuevo aeropuerto: "Lo que éste (AMLO) cuestiona es su localización, su costo, el cómo y el por qué se asignaron a empresas concretas cada parte de la obra".

Estas elecciones rehacen el pacto de los de arriba y buscan un gerente para esta neocolonia: sea el desarrollista-"progresista" o algún neoliberal.

¿Y la lucha de comunidades y pueblos?

La lucha de las comunidades, su historia de defensa de la tierra y del agua no partidistas rompe con los planes de quienes quieren el nuevo aeropuerto en tierras de Texcoco. En varios documentos se observa que esa resistencia ha detenido las obras y que, según la Auditoría Superior de la Federación es uno de los pretextos para elevar los costos; por ejemplo ese 80 por ciento arriba de lo presupuestado para la construcción de la barda perimetral de los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto. Por  cierto, se otorgó esa obra a la Secretaría de Defensa, la que junto a policías y marinos vigilan el área, amenazan o son llamados a reprimir a los pobladores que rechazan el megaproyecto, o a quienes piden les cumplan los pagos o promesas al vender sus tierras.

Al inicio de este siglo, el gobierno de Vicente Fox pretendió construir una terminal aérea en la misma región. La fuerte oposición de ejidatarios y comuneros, destacando la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hizo al gobierno recular en la obra, aunque reprimió a los opositores y envió a algunos  dirigentes a prisiones de alta seguridad.

Tras la represión del 2006, la resistencia sufrió derrotas políticas en los municipios y ejidos, así como divisiones y algunos de sus componentes pasaron a aliarse con los partidos, en particular con Morena. No obstante, se integraron otros grupos con comunidades y militantes con una posición de abierto rechazo al nuevo aeropuerto como lo es la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, CPOOEM.

La Coordinadora involucra en una ruta técnica, jurídica y de movilización y comunicación organizada a nivel regional, nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena del que forma parte y a organizaciones y colectivos en un Frente Amplio No Partidista que va a la raíz en la defensa ante los daños a la vida de varias generaciones de esa zona y la de muchos más afectados por el despojo de tierra, agua, agricultura, inseguridad y destrucción de biodiversidad y culturas, enorme endeudamiento y abuso de los fondos de pensionados y contribuyentes. Plantea la resistencia y la construcción de alternativas de vida comunitaria y popular hasta vencer.

El uso y abuso de los recursos del pueblo

Este nuevo crimen reúne al capital financiero internacional, a monopolios de la construcción, de las líneas internacionales del aerotransporte, de los dueños de grandes tiendas, los súper-mall o suntuosa plaza de comercios y servicios, los fraccionadores urbanos, los hoteleros y empresarios del entretenimiento de "calidad mundial" y hasta a los cuerpos de defensa y de vigilancia que pagarán a la cúpula militar y a paramilitares, coludidos en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Los beneficiados son las empresas controladas por los 16 multimillonarios mexicanos en la lista de la revista Forbes de 2018 (06/03/18), cuyo capital conjunto asciende a 296 mil millones de dólares, es decir, a $5, 446, 400, 000,000. Esos multimillonarios, y centenas más de privilegiados por el gobierno, son socios y aliados de transnacionales y siguen la misma lógica de ganar - ganar por medio de la explotación, el despojo, el fraude y el crimen organizado.

Ellos dirigen empresas constructoras, de comunicación y transporte, bancos, afores y sociedades de inversión de los fondos de retiro, esas que sin consulta manipulan las leyes que desde el gobierno de Zedillo jinetean los fondos de retiro de los trabajadores en activo, los pensionados y jubilados y los arriesgan a favor de los bancos.

Gozan de una gran masa de dinero que aumenta con las altas comisiones pagadas por las cuentas individuales a las que saquean de mil formas.

Ahora fondean el 14% de los 30 mil millones de pesos de la emisión Fibra E para la construcción del nuevo aeropuerto este año. Del total de emisiones para financiar el nuevo Aeropuerto (7 mil 500 millones de dólares de bursatilizaciones y la Fibra E), las Afore alcanzan casi el 10 por ciento. El 90 por ciento restante se distribuye entre inversionistas nacionales e internacionales.

Así se extrae de los fondos de retiro, como el Pensioniste, financiamiento "legal" para empresas público-privadas, hasta en las corruptas como ICA, también contratada en el nuevo aeropuerto y en más obras. A pesar de los riesgos para los ahorradores, las Afore han invertido 35 mil 14 millones de pesos en Fibra E, instrumentos para atraer financiamiento para proyectos de energía e infraestructura.

Falta lo que falta

El derecho burgués no da iguales oportunidades como mienten los poderosos, sino que fija jerarquías y beneficios para el capital.

Se necesita la organización del pueblo trabajador para tener la fuerza que desmonte cada megaproyecto en el Valle de México.

Para informar, organizar la rebeldía, interponer amparos y desequilibrar con acciones los pactos de los arriba sin venderse  a las campañas electoreras, se necesita del pensamiento crítico y la decisión para luchar por el bien común contra quienes matan la vida en los territorios de los pueblos.