Ruptura Colectiva/ (Extracto)

 

En el municipio de Hopelchén en Campeche, la comunidad de San Franciso Suc-Tuc ha decidido regirse por usos y costumbres. El despertar por la autogestión y un nuevo panorama de vida en Suc-Tuc tiene su primer cauce en el hecho de que el gobierno concesionara a Monsanto Company el 6 de junio de 2012, 253,000 hectáreas para la producción de soya genéticamente modificada y otros productos. El pasado 4 de diciembre, la población comprobó que la comisaria municipal Olivia Esther Ucán Chan, se constreñía en corrupción; desvió recursos y falsificó firmas en distintos documentos lícitos que corresponden a un programa de becas para jóvenes en la comunidad, padres de familia denunciaron la falsificación de identidades en esos documentos y, por obviedad, que el apoyo nunca llegó a sus manos. La gente enarboló protestas en la cabecera de Hopelchén y, el 14 de diciembre, la asamblea acudió al Ayuntamiento del municipio para ingresar la denuncia donde se acusa de fraude a la comisaria. De esa movilización, el poder municipal y el secretario del Ayuntamiento, Javier Soberanis Acosta se comprometieron a convocar a una reunión resolutiva, sin embargo, sólo dieron largas. 

El 17 de diciembre, los mítines afuera del Congreso del Estado radicalizan su tonalidad. Bajo las consignas “no somos pandilleros, somos una comunidad indígena que exige justicia” y “el gobierno reprime al pueblo de Suc-Tuc” más gente asiste a las movilizaciones con el ánima de colaborar por la liberación de los 3 presos. Actualmente, Sergio, Diego y José Alfredo se encuentran en calidad de ‘prisión preventiva’ en el Penal de San Francisco Kobén. La comunidad expresó: “ya no vamos a seguir yendo al Ayuntamiento a manifestarnos, vamos a organizarnos localmente para elegir a nuestros representantes y cambiar de rumbo”. Así, se gestionó el proceso comunitario:

La convocatoria para elegir a sus autoridades por usos y costumbres se difundió de voz en voz para realizarse el 9 de enero, pero la asamblea fue disuelta por la provocación de un agente infiltrado del PRI, ocasionando a su vez que la asamblea se pospusiera para el siguiente día. El 10 de enero por la noche, Suc-Tuc eligió a los integrantes de un Consejo de Gobierno autónomo y a tres representantes que fungirán como tesorero, secretario y un nuevo comisario, respectivamente. Los abogados y defensores de derechos humanos que integran la organización Caracol ODDH difundieron que “(…) a pesar de que en todo momento el secretario del Ayuntamiento trató de decirle a los pobladores que no era correcto elegir por usos y costumbres, ‘ya que en Campeche no existe ninguna comunidad que se gobierne así’ y que esperaran los tiempos y procesos electorales del municipio, los pobladores eligieron a sus representantes y levantaron un acta de acuerdo, reconociendo así la nueva administración popular”. Como arma jurídica –que dejó sin argumentos a Soberanis- dieron lectura a los Artículos 2° y 39° constitucionales, pautas vigentes para la elección popular en cualquier momento. La votación fue un acto de democracia directa con base en la confiabilidad y el apoyo mutuo que muestran los pobladores y los representantes electos. Es un nuevo esquema sin la participación directa/ indirecta de los partidos políticos y que descansa en una total horizontalidad.

El 11 de enero por la mañana, el pueblo llevó el acta del nuevo Consejo de Gobierno a la cabecera de Hopelchén. No resultó agradable el encuentro, se les señaló que “se tienen que esperar a 2018 porque ustedes eligieron a la comisaria (…) está bien que se organicen, pero su representante sólo puede ser civil, no comisarial”.

Construir un autogobierno comunal no simboliza una salida temporal, es un germen que se trabaja día con día, es una tarea político-organizativa que conlleva demasiado esfuerzo y vulnerabilidad para quienes lo integren y respalden. El Estado es hostil y buscará todas las maneras existentes para contrarrestar la fuerza de la gente de Suc-Tuc, la intimidación policial y hasta decisiones extremas de represión violenta como se observó en la madrugada del 17 de diciembre. La solidaridad debe ser urgente y definitiva por parte de México y el mundo, tanto por la liberación de los presos como para evitar el desmantelamiento del proceso.