A Meztli Sarabia, asesinada por luchar por la libertad y la justicia

El mal gobierno en todos sus niveles de poder oficial y paramilitar arremete contra el pueblo con un terror que agrega a los cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra inventada por el narco poder imperialista, a los presos y perseguidos políticos, la ola de ejecuciones extrajudiciales y los despojos de bienes y derechos sobre quienes luchan por defender territorios y espacios de trabajo popular contra el lucro, el racismo, clientelismo y la colaboración con un sistema criminal e impune.

En junio se acumularon casos que es imposible desglosar en este espacio, pero que al numerarlos expresan una tendencia represora contra las organizaciones, comunidades, pueblos y medios independientes, honestos y autónomos. Se reprime a quienes luchan por la libertad y la justicia y quienes han decidido autogobernarse y defenderse frente al poder de los que se enriquecen con la explotación, el despojo, la depredación y la misma estrategia de militarización de México.

El hecho más reciente el del asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija mayor de Simitrio ,el fundador y dirigente de la Unidad Popular de vendedores ambulantes “28 de Octubre” de Puebla, preso junto a dos de sus hijos y otros dos compañeros de la misma organización. La ejecución de Meztli es un punto alto del acoso a una organización de lucha independiente, combativa, solidaria y con un proyecto de comercio popular que es una de las principales fuentes de trabajo de población sin alternativa al precario mercado laboral.

Ella ya había sido levantada y amenazada como se amenazó a otras compañeras como Rita Amador, luchadora social y esposa de Simitrio .

Los factores hallados en este ajuste de cuentas del poder político y la UPVA, muestran que los 4 sicarios que la asesinaron tienen alguna liga con la Secretaría de Defensa (una credencial hallada en el lugar del crimen, dos militares detenidos, uno armado cuando grababa la marcha de la 28). Además los asesinos dejaron verbal y escrita la amenaza a Simitrio como el próximo que sigue y señalaron que “le bajara de huevos”. Las autoridades de la fiscalía, de la subsecretaría de gobierno (el exsecretario de gobernación, exgobernador de Oaxaca y repetidor en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali) se negaron a enviar oportunamente ambulancias para atender a Meztli, y negaron la atención hospitalaria publica a los otros heridos en el atentado, aunque uno es de gravedad. Finalmente este crimen señala al Estado pues la UPVA había anunciado ir el 4 de julio a la ciudad de México en una caravana para entrevistarse con organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y a la Secretaría de Gobernación a exigir resolución a la demostrada ilegalidad contra los presos de la UPVA.

En lo inmediato, todo señala como autor intelectual de este crimen a Moreno Valle quien durante su gubernatura, extendida como sombra atrás del gobernador en turno, escondiendo sus fechorías de corrupción, vinculación con criminales como los huachicoleros y la represión que han denunciado todas las organizaciones indígenas, campesinas, populares y sindicales poblanas y que documentan valientemente organismos como el Comité por la Libertad de Todos los Presos Políticos, así como un medio honesto como La Jornada de Oriente.

Sin embargo cabe mencionar que las grandes empresas y el nivel federal de gobierno han están coludidos con Moreno Valle en las agresiones a la UPVA y las amenazas a Simitrio y su familia, dado que la organización es un bastión solidario en la lucha contra la privatización del comercio, popular, de la educación, el agua, frente al despojo de territorios por mineras, hidroeléctricas, empresas turísticas, fraccionadoras y automotrices como Audi a la que regaló terrenos, agua y el control sobre una “Ciudad Modelo”. Es un Estado al servicio de esos oligarcas, quien se beneficiaría de controlar o aniquilar a una organización como la UPVA.

 

En el país, la ola de terror antipopular crece

Igual que en Puebla, el Congreso Nacional Indígena ha señalado que sus miembros, comunidades y pueblos han sido reprimidos o amenazados desde que se anunció la formación del Consejo Indígena de Gobierno y su plan para que la vocera indígena, Marichuy Patricio, recorra el páis llamando al pueblo a organizarse y a crear autogobiernos para desmontar el poder de los de arriba, aplicando desde las comunidades otra política que que hile las resistencias y rebeldías para construir la paz y la justicia.

Denuncian que en Tila, Chiapas, las y los ejidatari@s luchan para construir su autonomía ejidal y sufren las intimidaciones del grupo paramilitar Paz y Justicia, el cual bloquea los accesos a este territorio. En Chiapas Rodrigo Guadalupe Huet Gómez de la comunidad de Cruztón, Chiapas, integrante de Semilla Digna y del CNI, fue asesinado por una bala proveniente de un arma de grueso calibre perteneciente a un grupo paramilitar de Guadalupe Victoria. A la vez que se destruyeron violentamente las trancas y el alambre de la comunidad de San Francisco Teopisca, perteneciente al CNI y hay órdenes de aprehensión en contra de seis comuneros.

Al equipo de apoyo del CIDECI-Unitierra se le amenaza, vigila, persigue, y le roban informaciones en la casa de una de sus integrantes. Los grupos partidistas de la comunidad de Los Chorros cortaron la luz y el agua a las familias de la Sociedad Civil de Las Abejas e impiden a cualquiera persona de la comunidad solidarizarse dándoles una botella de agua. Igual denuncian la violencia de los paramilitares en Chenalhó.

En otras regiones abundan esos hechos como pasa en Oaxaca a maestros y comunidades en resistencia. Pero destaca Caltzontzin, Michoacán, donde continuan operativos policiacos en contra de los indígenas Purépechas con la policía Federal y elementos vestidos de civil. Y siguen presos quienes defienden su territorio.

También del CNI, dentro del movimiento magisterial y popular vivieron en Querétaro la detención de Gerónimo Sánchez, liberado con una confluencia magisterial, indígena,sindical y popular, pero se siguen procesos contra Anselmo Robles, ambos delegados del Congreso Nacional Indígena, y a Pablo González y Luis Alberto Reyes falsamente acusados de motín agravado. Todo por denunciar al gobierno de reprimir los movimientos sindicales y por luchar contra las reformas neoliberales.

En Tepoztlán, el Estado destruye las fuentes de vida; los árboles, la tierra, el agua y el aire para imponer el megaproyecto carretero La Pera. Intentaron deshacer su resistencia con la suma de policías estatales y grupos de choque antorchistas y de centrales charras, pero el pueblo mantiene el plantón en la presidencia municipal.

El EZLN y el CNI denunciaron también la muerte de los lideres Wixárika, Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres de la comunidad Waut’a San Sebastián Teponahauxtlán, asesinados por sicarios del narco estado.

Ademá s s igue l a d e v a s t a c i ó n d e l bosque otomí, con la construcción de la autopista Toluca – Naucalpan, y se aprehendió un dirigente de Ayotoxco acusado falsamente de vinculación con la delincuencia. En la zona de Texcoco, los antorchistas priístas agreden a los defensores de tierra y vida afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto.

En Guerrero sigue la masacre cotidiana contra la población y ataques paramilitares contra las comunidades (ahora utilizan a la UPOEG además del narco).

Asimismo, se bloquearon y desalojaron marchas de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y los 3 asesinados lo mismo en la Ciudad de México que en Cancún. Lo mismo se ha hecho con normalistas rurales de Tiripetío en Aguascalientes y en su propia normal, dejando heridos graves como el estudiante Gael Cruz Solorio quien se mantiene en coma con una bala policiaca que le entró por la boca y se alojó en su columna vertebral. En Amilcingo se acosa y amenaza a las normalistas, e igual en Tuxtla a los estudiantes de Mactumatzá.

Los sicarios, los paramilitares, los grupos falsamente de izquierda, pagados para controlar las luchas son los operadores de esta guerra sucia contra el pueblo organizado.

Los gobernadores son responsables inmediatos de ordenar a quién dirigen esta ola de terror, pero como les ha ocurrido a los maestros democráticos y a las trabajadoras de salud, la represión incluye despidos o sanciones sindicales organizadas desde el gobierno federal. Y si se trata de desalojar bloqueos las policías federal y el ejercito y la marina siguen un plan represor que niega el derecho de manifestación y de protesta

Ya son menos quienes esperan que el Estado se castigue de sus crímenes. El sistema de dominación capitalista no se suicida ni se humaniza.

La unidad del pueblo -preparado para resistir y contraatacar este terror de estado- es la única vía para sobrevivir y construir una sociedad libre y justa.