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Sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada por militares en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, señalaron ante la prensa y en foros recientes que a casi 20 años de las agresiones, el gobierno mexicano ha permanecido indiferente ante las graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura contra algunos de los aprehendidos. No es así lo que ocurre del lado de los pueblos del municipio Ayutla de Los Libres y del propio poblado de El Charco, ahí se participa actualmente en tres procesos que muestran su valor indoblegable: primero, la lucha por la verdad y la justicia para las víctimas de la masacre, sus familiares y sus solidarios; segundo la participación en la consolidación de la CRAC-

Policía Comunitaria y su casa de justicia en ese Municipio en El Paraíso; y tercero la participación junto con decenas de comunidades originarias Mephá y Na Savi (mal nombradas tlapanecas y mixtecas) en la construcción de un gobierno municipal basado en sus usos y costumbres, donde las normas comunitarias y no las del sistema de partidos sean la base de su gobierno. Estas acciones provienen en el caso de El Charco de una persistente resistencia a los agravios que siguieron a la masacre del 7 de junio de 1998. En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.

Durante la Jornada del Estudiante Detenido- Desaparecido en La Universidad Autónoma de Guerrero, UAG, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR). A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Según el también ex preso político y ahora defensor de derechos humanos, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Coxcatlán y Ocote Amarillo.
Dijo también que no se ha confirmado pero que en esos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, lugar en el cual ya no hubo un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
Dijo que escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento. De acuerdo a testigos, en el operativo en El Charco participaron dos tipos de fuerzas: militares de infantería y caballería (vestidos de verde olivo) y militares con uniforme gris oscuro (gafes).
En paralelo, la Red Solidaria Década contra la Impunidad y otras organizaciones recordaron que los hechos del 7 de junio de 1998 dejaron un saldo de once civiles muertos (diez indígenas nasavis y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México), 22 detenidos y otros cinco civiles heridos. Demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita ya el caso.
Recordaron que los entonces estudiantes universitarios Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez denunciaron haber sido detenidos en instalaciones militares y sometidos a torturas ( e n p a r t i c u l a r d e s c a rg a s eléctricas y amenazas), además que se les internó por varios años en cárceles de alta seguridad.
A 20 años de la masacre de El Charco, no existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables de estas violaciones a los derechos humanos como lo son las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presentación de civiles a tribunales militares. Las víctimas directas e indirectas han sido totalmente ignoradas por el gobierno mexicano, por eso exigimos justicia, que el Estado mexicano investigue, sancione y repare los daños causados. Además que la CIDH otorgue ya el informe de admisibilidad, señalaron en conferencia de prensa. Y demandaron verdad y justicia para todas las víctimas de El Charco, así como la no repetición de hechos como éste.
Efrén Cortés en su participación en la UAG explicó que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada que avanzaba en todo el país, y si no hubo desapariciones en El Charco fue porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Para el sobreviviente de esa masacre, los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil gafes que operaron en ese municipio antes y después de la masacre (de acuerdo a algunas investigaciones, los gafes estuvieron reunidos en Ayutla desde una semana antes de los hechos), y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.
El 7 de junio en El Charco la comunidad organizada, su policía comunitaria y los pueblos en lucha de Ayutla en la Montaña baja de Guerrero demostrarán que mantienen en alto la fuerza moral, resistiendo y construyendo su proyecto comunitario.

Categoría: Contraportada
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