análisis de la COORDINADORA ANTI PRIVATIZACION DE LA SANIDAD de España

Print

Comisión de Reconstrucción de la Sanidad: aún ahora, la privatización avanza

 

Ángeles Maestro y Juan Antonio Gómez Liébana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @_infolibre

Publicada el 20/07/2020 a las 06:00

 

 

En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las políticas de los gobiernos al servicio del capital.

En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó Working for patients, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público —la financiación pública y la gratuidad del servicio— se constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.

En 1991, el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión Abril, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.

En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.

De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.

No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.

Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo.

De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.

En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del covid–19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública.

El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el chantaje de la deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia: el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.

Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha explicado que:

Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.

Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas conclusiones de la Comisión son abrumadores:

Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando “internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?

Se dedica a Salud Mental escuetamente un punto, el último, que dice así: “Incrementar significativamente la inversión en salud mental, construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que tenga un enfoque de género y de derechos humanos”. Sobran los comentarios.

Se podría argüir que existen promesas esperanzadoras, a la espera de que realmente se concreten en algo real. En este grupo estaría el refuerzo de la atención primaria; el desarrollo de una red de hospitales de media y larga estancia (déficit histórico en el Estado español); la posible vinculación de la atención sanitaria a las residencias de mayores desde atención primaria; la eliminación progresiva” del copago de medicamentos; ”el aumento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura”; y el “incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final de la legislatura, la mayoría de ellas de larga y media estancia”. En los próximos meses veremos si se concretan o no dichas propuestas, y si todos los servicios de salud las aplican.

De cualquier forma, después de no dedicar ni una sola palabra a la privatización de la sanidad pública —cuando sus tentáculos atraviesan de diferentes formas todo el sistema sanitario— decir que se va a incrementar la financiación sirve para engañar a incautos y es, desde luego, una estupenda noticia para el negocio privado: ese aumento del gasto irá a parar a sus cuentas de resultados. La privatización de la sanidad, la que no es citada ni una vez en las Conclusiones de esta Comisión, insistimos, goza de buena salud. Como muestra, en el periodo 2014-2018, el crecimiento de la facturación de los hospitales privados no benéficos fue de casi 1.000 millones de euros, un crecimiento del 16,71%. Al mismo tiempo, los seguros privados han aumentado el número de pólizas en casi un 15% entre 2015 y 2019, llegando a superar ya los 10 millones, mientras el volumen de las primas de las compañías ha crecido un 20%.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lleva desde 2004 luchando por la incompatibilidad absoluta entre sanidad pública y negocio privado y exigiendo un sistema público planificado en función de objetivos de salud con participación de la población.

Ante las desastrosas consecuencias de la pandemia por covid-19 ha promovido la reivindicación de los siguientes puntos que 160 organizaciones del Estado respaldan: “Nunca más muertos evitables. Nunca más negocio con la sanidad”.

1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Por un sistema público, universal, y con gestión democrática.

 

Ángeles Maestro, licenciada en Medicina y Cirugía, fue fundadora de Izquierda Unida y diputada en el Congreso.

Juan Antonio Gómez Liébana es enfermero y miembro de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad.

 

 

 

 

 

 

Details
Category: Análisis
Hits: 1595

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries